En declaraciones recientes, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, señaló que los errores cometidos durante el operativo censal de 2012 se han dado a nivel nacional, pero sin embargo no aparecerán a escalas menores. ¿Qué se puede esperar? Obviamente, desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo, una apología de este cuestionado operativo, cuando lo que los bolivianos requerimos no es la defensa intransigente del censo, sino una respuesta de lo que debemos hacer ante un empadronamiento cuyos cuestionables resultados determinarán la magnitud de la distribución de los recursos para la planificación y ejecución de programas para el desarrollo nacional en los próximos diez años.
Cuando examinemos los datos a escalas menores, los errores y sorpresas que se encontrarán serán mayores. Pongamos por el ejemplo el municipio de La Paz. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 muestra que, en once años, la población paceña habría disminuido en 28. 676 habitantes. No obstante, este dato no concuerda con las estadísticas proporcionadas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ya que desde 2001, la municipalidad registró un mayor número de barrios y aumentó la cantidad de viviendas y edificios construidos sobre una superficie aproximada de 3.242 hectáreas, para lo cual se aprobaron 11.845 planos y se registraron 5.283 nuevos tributantes.
Como puede observarse, la ciudad de La Paz es una clara prueba de que el empadronamiento de noviembre de 2012 constituye un censo fallido; toda vez que las construcciones, edificaciones, viviendas y barrios aumentaron y se expandieron en la urbe paceña, pero no su población. Ciertamente la principal razón de la desaparición de los más de 28.000 paceños en comparación al censo de 2001 radica en la cartografía incompleta que se utilizó para el Censo de 2012, la misma que el Instituto Nacional de Estadística usó once años atrás.
La desaparición de los paceños, la tasa demográfica negativa decreciente, cuyo efecto principal es el tamaño poblacional del municipio de La Paz, (764.617 habitantes) —factor que se utiliza para determinar la distribución de los recursos por coparticipación tributaria—, afectará negativamente la asignación de dinero para las prioridades de la planificación del desarrollo local.
Así, la obstinación gubernamental de cerrar los ojos ante las deficiencias de este cuestionado empadronamiento, porque estuvo mal ejecutado, complotará contra la calidad de vida de los paceños, y a la vez los programas de lucha contra la pobreza se retrasarán por mucho tiempo.
¿Estamos los paceños dispuestos a la pasividad y esperaremos que nuevos resultados censales, que no serán estimados hasta antes de 2022, desmientan los actuales resultados del censo fallido?