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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 09:31 AM

Contra la violencia sexual como arma de guerra

La violación se comete porque puede ocultarse fácilmente, y castiga a las personas más vulnerables

/ 22 de septiembre de 2013 / 04:00

Cada día llegan al resto del mundo noticias sobre horrendos crímenes perpetrados en Siria. Ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que se está recurriendo a la violación para aterrorizar y castigar a mujeres, hombres y niños durante los interrogatorios y registros a las viviendas, en los puestos de control y en centros de detención y cárceles de todo el país.

El más reciente y desgarrador informe de la Comisión de Investigación de la ONU da cuenta de una madre que fue violada y obligada a cocinar y limpiar para sus captores bajo amenaza de que, en caso de rehusarse, sus hijos serían asesinados. También cita el caso de una estudiante universitaria que fue violada porque su hermano era buscado por el Gobierno sirio. Estos dos casos son apenas la punta del iceberg. El temor, la vergüenza y la simple lucha por sobrevivir hacen que muchas de las víctimas no se atrevan a denunciar estos hechos.

La violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra en casi todos los conflictos principales de nuestro tiempo, desde Bosnia hasta Ruanda. Nos referimos a la violación utilizada intencionalmente como táctica militar, con el propósito de alcanzar objetivos políticos: humillar al adversario político, expulsar o sojuzgar a otro grupo étnico, o aterrorizar a una comunidad para lograr su sometimiento. En algunos conflictos se usa incluso para infectar a mujeres con el VIH, o para lesionarlas de tal manera que queden imposibilitadas de tener hijos. 

La violación se comete porque puede ocultarse fácilmente, y castiga a las personas más vulnerables. Cuando visitamos la República Democrática del Congo, conocimos a una mujer cuya hija de cinco años había sido violada. La niña es demasiado pequeña para hacer oír su voz, pero su padecimiento y el de millones de otras víctimas en todo el mundo deberían obrar para nosotros como un llamado a la acción.

El mundo ha ideado tratados para proscribir a escala global el uso de municiones en racimo y minas terrestres y para reducir el comercio de armas ilícitas. Todos estos acuerdos fueron considerados imposibles de lograr en algún momento. Todos ellos nacieron de una fuerte indignación moral y provocaron la acción global. Es hora de que adoptemos la misma postura con respecto a la violación y la violencia sexual en zonas de conflicto armado.

El nudo del problema es una arraigada cultura de impunidad que hace que en un país determinado haya decenas de miles de violaciones pero sólo un puñado de casos sea llevado a la justicia. Los hombres que violan a prisioneros en un centro de detención sirio creen que quedarán impunes porque así lo indica la historia. Otro factor de peso es la falta de apoyo a largo plazo para los sobrevivientes, quienes deben hacer frente a toda una vida de rechazo, enfermedades y traumas que se suman al sufrimiento padecido a manos de su abusador. 

Nos hemos unido para hacer campaña en este tema, porque ambos hemos visto la forma en que la violencia sexual destruye la vida de los sobrevivientes y sus familiares. Queremos generar una mayor conciencia de la urgente necesidad de actuar. Y hacemos un llamado a los gobiernos del mundo para que se unan y se fijen como prioridad fundamental el objetivo de erradicar la violación en zonas de conflicto armado. 

Comenzamos con esta iniciativa el año pasado, y estamos agradecidos a muchos países por la forma en que respondieron. En la ciudad de Londres el pasado abril, el G8, del cual nuestros dos países son miembros (el Reino Unido y Estados Unidos), asumieron el histórico compromiso de abordar el problema. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó de manera unánime una resolución que reforzaba las capacidades de las Naciones Unidas para combatir este flagelo. 45 miembros de la ONU demostraron su apoyo copatrocinando la resolución, hecho que marca un récord en la historia reciente.

La próxima semana se reúne en Nueva York la Asamblea General en lo que representa la más numerosa congregación anual de líderes mundiales.

Durante su transcurso, el 24 de septiembre se presentará una nueva “Declaración de compromisos para poner fin a la violencia sexual en conflictos armados”, la cual ha sido acordada con la Representante Especial del Secretario General para Asuntos de Violencia Sexual y una docena de países de Oriente Medio, Europa, África y Asia,  cuyos líderes se ofrecieron valientemente a promover esta causa junto a nosotros. La declaración brindará a todos los países del mundo la oportunidad de demostrar cuál es su postura frente a este tema. Los países que la respalden acordarán, por primera vez, que los hechos graves de violencia sexual en conflictos armados son claramente violatorios de las Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I. Esto significa que todos los sospechosos podrán ser detenidos en cualquier parte del mundo en que se encuentren.

La declaración incluye el compromiso de no permitir que los responsables de violencia sexual sean amnistiados en acuerdos de paz, a fin de que estos delitos no puedan seguir ocultándose bajo la alfombra, y los líderes militares entiendan que los culpables deberán responder ante la justicia.  

La declaración promete la firma de un nuevo protocolo internacional para mediados de 2014, dirigido a lograr que las pruebas recogidas sean admisibles ante los tribunales y más sobrevivientes vean realizado su deseo de justicia, y que la seguridad y dignidad de las víctimas sean parte fundamental de las investigaciones de violaciones y demás delitos sexuales en zonas de conflicto armado.

La declaración también incluye disposiciones sobre participación de la mujer, la protección de refugiados, el entrenamiento de fuerzas armadas y policía nacionales.  Y sus signatarios se comprometerán a otorgar máxima prioridad a la protección contra la violencia sexual en el marco de su labor humanitaria, y a contribuir a fortalecer las capacidades de los países que mayores riesgos enfrenten de padecerla. 

Creemos que éstas son medidas que todos los miembros de la comunidad internacional deberían estar en condiciones de apoyar. Por eso esperamos que la mayoría de los gobiernos del mundo firmen este convenio, y que juntos podamos trabajar con el objetivo de llevar nuestros compromisos a la práctica. Si lo logramos, podría generarse un cambio decisivo en la actitud internacional frente a la violación y la violencia sexual y en definitiva, podría significar el principio del fin de la impunidad. 

Existen muchas otras injusticias que el mundo debe combatir. Pero la violación y el abuso de cientos de miles de mujeres, hombres y niños ya no pueden ser tolerados. Esperamos que personas de todo el mundo nos acompañen en esta causa.

Es ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido;

Es enviada Especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

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De boicotear el Censo a lamentar resultados

Salvada la situación, el boicot tendrá sus consecuencias: los números no cuadran

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de marzo de 2024 / 09:38

El que acaba debe ser uno de los censos de Población y Vivienda más accidentados de la historia del país. Su periplo comenzó con su postergación, del 16 de noviembre de 2022 al 23 de marzo de 2024. Y, en medio de esos vaivenes, el paro violento de 36 días en Santa Cruz.

Si bien el Consejo Nacional de Autonomías —a convocatoria del presidente Luis Arce y la presencia de gobernadores y alcaldes, menos Luis Fernando Camacho— aprobó en julio de 2022 la postergación del empadronamiento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) develó deficiencias, que causaron luego las protestas políticas en Santa Cruz con el saldo de muertos, un par de sindicales quemadas y millones de pérdidas económicas en la región.

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Entonces, el llamado Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz —conformado por la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)— propició las protestas creyendo que era posible un censo en junio de 2023, “o por la razón o por la fuerza”.

Finalmente, una mesa técnica celebrada en Cobija sugirió la nueva fecha, y la Ley 1492 estableció 23 de marzo de 2024. La fecha se adelantó un poco y Camacho terminó diciendo que aquella era una “concho” (sobra).

Y también, el gran ausente de las discusiones fue Camacho. Cuando tuvo la oportunidad de redimirse, terminó abandonando la cita.

El intento por salvar su responsabilidad fue su instrucción de levantar un “conteo poblacional” al Instituto Cruceño de Estadística (ICE), que en mayo de 2023 estableció que en Santa Cruz hay 4.000.143 habitantes, un número casi exacto.

No fue casual la cifra. Ahora es arma de contención ante los resultados oficiales del Censo del 23 de marzo. Cualquier número menor a aquel servirá para desahuciar el empadronamiento. Lo sabe Camacho, por eso repite “somos más de 4 MILLONES de habitantes en Santa Cruz”, como su último post.

Sin embargo, más sensato, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, acaba de lanzar la alerta: “Me voy a jugar con ésta: que, por tanta migración, (es posible que) no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es que Santa Cruz sufrió en los últimos meses varios fenómenos; el último de ellos, el retorno de los migrantes a sus tierras en los valles y el altiplano, que dejaron la ciudad y el departamento con menos población que lo habitual. Si bien nadie pudo contener el éxodo, la institucionalidad cruceña no hizo nada por contener la irregular situación.

Desde que el Censo de Población y Vivienda resultó inminente, esa institucionalidad que promovió el paro de octubre y noviembre de 2022 se mantuvo susceptible del proceso censal, actitud que generó desconfianza en la población y hasta augurios de fracaso de parte de algunos legisladores de oposición.

El empadronamiento nunca terminó de convencer a la dirigencia predominante, que no hizo nada, por ejemplo, por impulsar al registro de voluntarios censistas. De manera recurrente, el INE reclamó ausencia de inscritos en zonas residenciales de Santa Cruz, especialmente en Equipetrol y la zona Norte. El alcalde Jhonny Fernández se puso en campaña por cencistas voluntarios, pero no pudo lograr totalmente su cometido.

El día del Censo, muchos condominios cerraron las puertas a los censistas, extremo nocivo para la cobertura censal.

Salvada la situación, el boicot tendrá sus consecuencias: los números no cuadran y no alcanzarán para mejorar ingresos de coparticipación tributaria y, eventualmente, redistribución de escaños legislativos. Solo hace falta esperar los datos que no quisieran saber.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

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La pesca y la acuicultura

Se calcula que Bolivia tiene un nivel de consumo de pescado de apenas 2,1 kg per cápita por año

Rodrigo Roubach

/ 27 de marzo de 2024 / 09:35

Cuando se gestionan y desarrollan de manera sostenible, los sistemas alimentarios acuáticos de la pesca y la acuicultura tienen la capacidad de producir alimentos como fuente sostenible y resiliente e impulsan el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo social y la recuperación medioambiental. Este es uno de los principales enfoques discutidos en la mesa redonda “Promoción de la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura con arreglo al enfoque de la Transformación Azul”, en el marco de la 38va. Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, que se celebró en Guyana.

Y esto es precisamente lo que se está impulsando en el Estado Plurinacional de Bolivia a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la FAO, mediante el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sostenible en Bolivia, que se inscribe en el marco de las políticas de reconstrucción productiva y seguridad con soberanía.

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Estamos invirtiendo más de 1 millón 800 mil dólares para enfrentar grandes desafíos, como la falta de infraestructura adecuada, material biológico de calidad y disponibilidad de insumos para dietas balanceadas en los cultivos desarrollados. Este monto está destinado, también, a la implementación de tecnologías para cultivos acuícolas, emprendimientos acuícolas y planes de manejo de pesca capaces de aportar productos con alta calidad sanitaria.

Un primer desafío es promover la implementación de medidas de gestión pesquera que apoyen la biodiversidad, faciliten la restauración de los ecosistemas, fortalezcan la adaptación al cambio climático y generen resiliencia ante los factores estresantes.

Otro gran desafío es aumentar el consumo interno de pescado para mejorar la nutrición de la población. Bolivia forma parte de las tres cuencas hidrográficas más importantes de Sudamérica, con una amplia variedad de ictiofauna, debido a su diversidad geográfica y condiciones climáticas. Este conjunto de particularidades posiciona a Bolivia dentro de los países con mayor riqueza en ecosistemas acuáticos. Dentro de la actividad de la pesca, la cuenca con mayor aporte es la del Amazonas por su diversidad y extensión, seguida por la cuenca del Plata que se ha visto disminuida por considerables problemas de contaminación debido a la actividad minera; y finalmente la cuenca del Altiplano, que se encuentra en descenso paulatino e incluso en riesgo de desaparecer. Sin embargo, de este enorme potencial nacional, se calcula que Bolivia tiene un nivel de consumo de pescado de apenas 2,1 kg per cápita por año.

Por todo esto, es prioritario apoyar la integración de políticas relacionadas con la pesca en las agendas de desarrollo nacionales, globales y regionales; pero hay que hacerlo valorando la herencia milenaria de los pueblos indígena originarios campesinos que, con su sabiduría ancestral, han mostrado a las sociedades contemporáneas una manera eficiente de gestionar sus sistemas alimentarios ofreciendo soluciones a problemas ambientales, climáticos, de salud y bienestar.

En Bolivia creemos en el empoderamiento de los pequeños productores a través de un mejor acceso a los recursos y el desarrollo de la resiliencia. Y aquí es muy importante enfatizar el papel protagónico de las mujeres en la pesca artesanal y su contribución a la soberanía alimentaria. En ese mismo sentido, consideramos de primera importancia trabajar en el fortalecimiento de las competencias de las instituciones pesqueras y apoyar la extensión de la acuicultura. Nuestro compromiso es avanzar en esta ruta para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicación del hambre y la pobreza, para que nadie quede atrás.

(*) Rodrigo Roubach es representante de la FAO en Bolivia

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Amargura boliviana ante el fallo de La Haya

Filiberto Montecinos

/ 27 de marzo de 2024 / 08:08

La controversia entre Chile y Bolivia se remonta a 1842, cuando el gobernante chileno Manuel Bulnes reconoció como propio el territorio nortino, creando el departamento de Atacama por ley de 31 de octubre de 1842, y lo declaró propiedad chilena al constatar la importancia de la región e incentivar su ocupación. Ante ello, Bolivia no hizo nada concreto, ni siquiera poblar la región. Bolivia nació con 400 Kms2 de costa y 120.000 kms2 de territorio. Por el tratado del 10 de agosto de 1866, el gobierno de Melgarejo fija la línea fronteriza en el paralelo 24’S y se dispone que entre los paralelos 23’S y 25’S, Chile y Bolivia se repartirían las utilidades guaneras y mineras en partes iguales, zona ocupada por empresas chilenas que ejercían la “uti posiditis jures”. Bolivia desde el inicio no hizo nada por conservar la soberanía territorial, de lo que se colige que Eduardo Abaroa en la guerra del Pacifico y Nicolás Suárez en la Guerra del Acre, junto a pocos compatriotas cuidaban sus intereses defendiendo el territorio boliviano.

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La demanda incoada el 24 de abril de 2013 contra Chile por Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya, ha sido inconsulta, sin asidero en el plano legal ni real, por lo menos debería llamarse a un referéndum, pues había suficiente prueba que respaldaba a Bolivia para demostrar que Chile NO CUMPLÍA CON LA LIBRE TRANSITABILIDAD comercial estipulado en el Art.6 del tratado de 1904. Las pruebas eran los bloqueos DE CARRETERAS en Chile, las huelgas de los empleados portuarios, la privatización de los puertos que facilitasen o no la libre transitabilidad que disponía el tratado.

 El Tribunal de la Haya, en el plano legal cerro la aspiración de exigir una salida al océano pacífico, en conclusión, con Melgarejo perdimos una parte física de nuestro litoral, con el gobierno de Morales legalmente se desahucia en definitiva una remota salida al mar.

La resolución del 1 de octubre de 2018 es taxativa: Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico, sugiere que su fallo no impide a futuro continuar los escenarios de acercamiento bilateral.

El tratado firmado entre Chile y Bolivia el 20 de octubre de 1904, establece que Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el derecho más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y a los puertos del Pacifico, que no siempre fue así, por ello se hizo la demanda. Ese tratado dice que si hay diferencias se recurriría al arbitraje de Alemania, la que se rechazó y por el protocolo de 1907 se sustituye por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya.

Como ex Juez, sostengo que una acción judicial debe estar probada y sustentada en hechos, actos e infracciones a disposiciones legales vigentes y en el caso presente a lo estatuido en el tratado del 20 de octubre de 1904 firmado entre Chile y Bolivia.

Para aliviar la larga frustración de la población boliviana hay que fortificar su moral, soslayar el individualismo, el sectarismo, y el racismo subyacente. El Estado debe crear poblaciones fronterizas con respaldo del sector privado, procurar la inclusión, integración y unión de todos los bolivianos, evitar peleas y migraciones que debilitan a la familia y la sociedad.

(*) Filiberto Montecinos Avendaño es periodista y exmagistrado con reconocimiento de la Corte Superior de Distrito de La Paz

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Un alto de fuego no permanente

A pesar de todo lo que ha sucedido, el gobierno fascista de Netanyahu está orgulloso de lo que está haciendo

Mahmoud Elalwani

/ 27 de marzo de 2024 / 07:53

El lunes 25 de marzo de 2024, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por décima vez consecutiva, votó la Resolución 2728 (con 14 países a favor y la abstención de los Estados Unidos); dicha resolución exige un alto al fuego inmediato y duradero durante el mes de Ramadán, solicitando la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, el aumento de la ayuda humanitaria y la eliminación de todas las barreras que evitan su llegada.

Estados Unidos no aceptó el texto de un alto al fuego permanente modificándolo a un alto al fuego duradero, convirtiéndola en la primera resolución de alto al fuego adoptada por el Consejo en seis meses, después de cuatro fracasos anteriores. El texto deja la puerta abierta a Israel para reanudar la guerra después del fin del mes de Ramadán, el próximo 10 de abril.

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El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que la resolución del Consejo de Seguridad sobre el cese de la guerra en Gaza no es vinculante y que su implementación puede tener lugar mediante negociaciones, señalando que “esta resolución no tiene ninguna importancia práctica para nosotros y se hará siempre lo que sea en interés de nuestra seguridad”.

El pasado viernes 22 de marzo, el Consejo de Seguridad se reunió para votar un proyecto de resolución presentado por EEUU que fue vetado por Rusia, China y Argelia; dicho veto llegó como un “rescate político y jurídico” a la causa palestina. Los Estados Unidos querían vender una ilusión a la comunidad internacional manipulando las palabras y encubriendo los crímenes de la ocupación para protegerlo de cualquier proceso legal en el futuro. El Consejo adoptó dos resoluciones sobre la situación, la Resolución No. 2712 y la Resolución No. 2720. Washington utilizó su poder de veto contra tres proyectos de resoluciones, dos de los cuales pedían un alto el fuego inmediato y permanente. 

Washington trabajó para magnificar la “catástrofe humanitaria” en su proyecto de resolución del Consejo de Seguridad y utilizó las palabras “tragedia” y “ayuda” muchas veces, mientras ignoraba por completo mencionar los crímenes de guerra y el “genocidio”, en una maniobra política para explotar la situación del pueblo de Gaza que se debate entre la muerte por hambre y la muerte por asesinato, con el fin de acabar con su gran sueño nacional y aprovechándose de la catástrofe humanitaria resultante de la guerra de agresión llevada a cabo por el Estado fascista israelí desde el 7 de octubre.

El proyecto estadounidense se refiere a la cuestión del Estado palestino y lo sitúa en el contexto del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas sin especificación directa vinculada a ellos. La resolución de la Asamblea General sobre el Estado de Palestina exige colocar la Resolución 19/67 de 2012 sobre la composición del Estado de Palestina y su plena membresía en las Naciones Unidas, incluidas sus fronteras, su capital y su soberanía, pero Washington evitó aprobarla porque dicha resolución puede utilizarse posteriormente y romper la esencia del contenido de un futuro proyecto alternativo.

El proyecto estadounidense situó el ataque del 7 de octubre y a los rehenes en igualdad con la agresión que lanzó Israel, ignorando por completo los crímenes de guerra y el genocidio perpetrados por el ejército israelí contra la población gazatí, utilizando la misma narrativa israelí, una omisión que ninguna persona ingenua puede pasar por alto.

El proyecto estadounidense se refirió a lo que llamó el “terrorismo” de Hamás, pero ignoró por completo el “terrorismo” de Estado que practica Israel, como si lo que está ocurriendo no fuese matanza, destrucción y sabotaje contra la humanidad. A pesar de todo lo que ha sucedido, el gobierno fascista de Netanyahu está orgulloso de lo que está haciendo.

El proyecto estadounidense es un claro intento para romper el rumbo de la “Corte Internacional de Justicia”, cuyas sesiones fueron un “tribunal vivo” para juzgar los crímenes de guerra del Estado fascista contemporáneo y cuya decisión final podría poner a un estado, líderes y ejército en el banquillo.

Es necesario que la administración estadounidense demuestre su compromiso con la legitimidad internacional y el derecho internacional y que obligue al Estado ocupante a detener la guerra de aniquilación que está librando contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental; deben poner fin a sus crímenes y asentamientos, de lo contrario, la alternativa será más violencia y una expansión de ésta por toda la zona.

(*) Mahmoud Elalwani es Embajador del Estado de Palestina en Bolivia

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Bonos verdes o inversión privada

Lo evidente es que el Gobierno boliviano necesita recursos externos para seguir con su proyecto del litio

Rolando Kempff Bacigalupo

/ 26 de marzo de 2024 / 06:52

Los bonos verdes son instrumentos financieros emitidos por empresas, gobiernos o instituciones para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales o climáticos positivos. Su objetivo principal es atraer inversiones hacia proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Algunos ejemplos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes incluyen energías renovables, eficiencia energética entre otros.

Los bonos verdes han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a medida que crece la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático. Además, la emisión de bonos verdes puede ser una estrategia de las empresas o gobiernos para mejorar su imagen y reputación, demostrando su compromiso con el medio ambiente.

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El Gobierno boliviano mantiene la confianza e incluso está considerando la venta de hasta $us 1.000 millones en bonos verdes este año para impulsar su industria del litio, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a Bloomberg la semana pasada.

El Gobierno busca aprovechar la demanda del mercado de inversiones en energías limpias y reducir los costos de endeudamiento al 10% o menos, pese a que su deuda actual cotiza a niveles muy altos.

El vicepresidente David Choquehuanca se reunió con los representantes de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA), para analizar las posibilidades de acompañamiento para una posible emisión de bonos verdes, bonos sociales, bonos ambientales o una mezcla entre ellos, cumpliendo los principios fundamentales exigidos para esta emisión.

El país tiene aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de litio, pero tiene considerable demora en la producción industrial de este metal, pues necesita de más recursos para desarrollar sus recursos evaporíticos.

A principios de este mes Karla Calderón, presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), informó que el país recibió “el interés por desarrollar la industria de litio de 38 empresas, de muchas partes de mundo, como francesas, chinas, alemanas, rusas, brasileñas y consorcios multinacionales”. También informó que el mes pasado, firmó un memorando de entendimiento con el instituto estatal francés Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) para el estudio de los recursos hidrogeológicos en los salares de Bolivia, para viabilizar futuras plantas industriales.

La demora en la ejecución del proyecto del litio preocupa al Gobierno, que tiene puestas sus esperanzas en que los ingresos provenientes de la exportación de litio y sus derivados, permitirán llenar el vacío provocado por la caída de las ventas de gas.

Lo evidente es que el Gobierno boliviano necesita recursos externos para seguir con su proyecto del litio. Éstos provendrán de la inversión privada externa o del endeudamiento externo, que en este caso se trata de los “bonos verdes”.

En un entorno en el que las empresas tienen cada vez más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, los bonos verdes se han consolidado como una alternativa de financiación.

Antes de seguir con el proyecto, es necesario tomar en cuenta la observación del especialista Jaime Dunn, quien recuerda que estas operaciones son normales en los mercados internacionales, pero que en el caso de que Bolivia decida emitir estos bonos, se tendría que evaluar de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

El gobierno debe considerar la participación de inversión privada extranjera, como la fuente de financiamiento de las plantas de litio y el desarrollo de este sector para nuestro país.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

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