El indulto decretado por el Presidente del Estado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser objeto de encomio y estímulo, al margen de que esta medida pueda aun resultar insuficiente para atender la difícil situación de los centros penitenciarios.
Las cárceles siguen sobrepobladas mayoritariamente con detenidos preventivos, en condiciones deplorables, sin clasificación por la naturaleza o gravedad del delito; y en muchos casos compartiendo con familias, mujeres y niños, lo que resulta ajeno al respeto por la dignidad humana, en contravención a lo establecido por la Constitución Política de 2009. La decisión presidencial contribuye a aliviar ese estado de cosas y aporta a la reflexión sobre la necesidad de recuperar el sentido común en la persecución penal pública, la administración de justicia y el tratamiento a las personas privadas de libertad.
Hace un año, y desde esta misma columna, me había referido al tema a tiempo de proponer una amnistía más comprensiva, que aporte a recuperar la fe en la justicia, en la convivencia pacífica y en orientar los cambios de un sistema judicial deteriorado e indolente. El Estado Plurinacional viene renovando la codificación judicial, en el proceso especial atención deberá merecer la legislación penal y la formulación de una política criminal sostenida que informe integralmente los alcances de los cambios.
Sólo a manera de contraste y guardando las distancias, resulta interesante contrastar esta situación con una noticia recientemente publicada en Holanda, que da cuenta que en este país se cierran o alquilan las cárceles por la disminución de presos. En efecto, se han introducido modificaciones al sistema penal que facultan a los jueces a imponer sanciones consistentes en horas de trabajo de servicio a la comunidad en lugar de la prisión. Su aplicación permitió reducir un alto porcentaje de presos, favorecer su reinserción social y evitar su estigmatización por la pérdida de libertad. También disminuyó el porcentaje de reincidentes y reveló ventajas económicas para el Estado y la propia comunidad.
Se trata de encontrar las mejores condiciones para que el Estado, a través de los órganos de poder público competentes, pueda conservar el orden, prevenir y sancionar el delito, sin que en el propósito se vulneren más derechos o se sostengan procedimientos ineficaces y onerosos que retroalimentan el fenómeno que se quiere combatir. Es indispensable, y también urgente, modificar los términos de la legislación penal sobre la detención preventiva; ésta fue y parece seguir siendo una de las causas que distorsionan el régimen penal y en último término el sentido de la justicia.
Es embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia.