Pronto concluirá el ciclo económico alto para Bolivia: los países del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) están llegando a acuerdos con el cuarto productor de hidrocarburos del mundo, Irán, ahora bajo bloqueo económico. De prosperar éstos, dicho país podrá producir más y los precios tenderán a bajar. Adicionalmente, dentro de unos años ya se habrá desarrollado la tecnología adecuada para aprovechar el abundante gas de esquisto descubierto en distintos lugares del planeta, lo que consolidará la tendencia de los precios de los hidrocarburos a la baja.

Tuvimos la suerte de que el ciclo económico alto nos acompañara cuando encaramos la superación definitiva de los dos grandes obstáculos fundamentales para nuestro desarrollo que sobrevivían desde que éramos colonia: el racismo y el regionalismo. Como en los tiempos de la Colonia, hasta hace poco tiempo los bolivianos nos seguíamos diferenciando mentalmente como blancos (minoritarios), cholos (o cambas) e indios (ampliamente mayoritarios en el país). Y sabíamos que los poderes político, ideológico y económico estaban reservados para los primeros, la informalidad para los segundos y la invisibilización de sus asombrosas culturas, “el voto campesino” y la pobreza, para los terceros. En cuanto al regionalismo, en el siglo XIX un diplomático chileno afirmaba: “aquí no hay bolivianos, sólo hay chuquisaqueños, cochabambinos, potosinos, paceños…” Separados por inmensas distancias, hasta hace poco tiempo nos pensábamos así: el otro departamento era otro mundo. Hasta que hoy hacemos hallazgos tales como “Santa Cruz es Bolivia”, entre otras razones porque sus habitantes y sus trabajadores provienen en su gran mayoría de otros lugares del país (27 de noviembre de 2013, en Todo a Pulmón).

Al fin se ha impuesto la evidencia de que todos somos iguales, constituyéndonos en una verdadera democracia y ello se ha plasmado en la primera Constitución endógena de Bolivia.

Se inicia así un proceso de revisión total de las instituciones que nos ha dejado el pasado —entendiendo “instituciones” como normas y mecanismos de cumplimiento— y es urgente aprovechar lo que aún queda de bonanza para sentar las bases de una institucionalidad incluyente que sustituya a la extractiva que aún nos domina.

Lo típico de una institucionalidad extractiva es el privilegio y el freno a la innovación, lo característico de una incluyente es situar a todos en igualdad de oportunidades para progresar sobre la base de su propio esfuerzo. Está demostrado que todos los países cuya gente hoy “vive bien” partieron de adoptar instituciones incluyentes. Pero en Bolivia ciertamente aún impera el extractivismo, no la igualdad: unos luchan por mantener antiguos privilegios y otros por lograr nuevos.

¿Cómo liberarnos del extractivismo y lograr una economía sustentable a fin de que todos podamos vivir bien sin depender de los recursos naturales? Para empezar, en la economía mundial se han dado al menos dos cambios sustantivos: a) lo decisivo para el desarrollo ya no es la industrialización sino la capacidad de innovar (las empresas más innovadoras y productivas han deslocalizado sus actividades industriales al Tercer Mundo), y b) los mayores avances en innovación y productividad se dan en ámbitos locales y solo posteriormente se irradian hacia el respectivo país y al mundo.

Entonces, las claves para lograr el desarrollo económico actualmente serían: a) las instituciones incluyentes, b) el conocimiento, y c) la descentralización hasta lo local. En lo primero y lo tercero hemos avanzado sustantivamente gracias a las innovaciones de la Constitución, pero están pendientes reglas del juego inclusivas en materia de derechos fundamentales y de funcionamiento de la economía, y una efectiva autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. En cambio en lo que se refiere a conocimiento se requiere una transformación total del sistema educativo que aún no se vislumbra.

En lo referido a instituciones incluyentes es necesario que: a) el Estado en su conjunto garantice a cada boliviano un mínimo similar en seguridad, sanidad y educación, y b) existan reglas generales para el funcionamiento de las actividades económicas, que comprendan tanto a las unidades privadas (incluso las unipersonales) como a las públicas y a las cooperativas. Las normas heredadas del pasado obstaculizan en vez de favorecer el emprendimiento, e incentivan a la mayoría a tratar de mantenerse lo más posible en la informalidad.

En educación, la gran transformación debe darse ante todo en la pública, con un doble objetivo: lograr excelencia en todos sus niveles y reducir las extremas desigualdades sociales que nos ha dejado el ayer. Esta transformación debería consistir primordialmente en: a) ofrecer a quienes decidan ser profesores una formación universitaria de máxima calidad (culminando incluso en los mejores establecimientos del mundo), salarios y estabilidad acordes con la formación lograda, y todo lo necesario para mantenerse actualizados, y b) llevar la descentralización hasta el nivel de establecimiento, a fin de que cada proceso productivo de este servicio estratégico cuente con unidad de mando y de responsabilidad. Los deberes primordiales del Estado deben ser, en lo fundamental, garantizar a todos mínimos iguales de gasto equivalente por estudiante y definir programas oficiales mínimos, dejando el resto de las decisiones a la iniciativa de los profesores y los padres de familia de cada establecimiento.

En cuanto a las universidades públicas, parecen estar lejos del objetivo primordial de generar conocimiento y que lo que prevalece es el reparto de rentas entre quienes lograron ser admitidos en sus círculos de poder. Es indispensable una reforma. En cuanto a las privadas, su objetivo primordial debe ser generar conocimiento, no ganancias. Su funcionamiento debería estar condicionado a que no tengan fines de lucro.

En lo que se refiere a desarrollo local, las autonomías ya cuentan con las competencias necesarias pero aún falta a) que cuenten con financiamiento autónomo, y b) inducir la conformación de mancomunidades públicas en territorios con características similares. Sobre lo primero, el nivel central debe: i) transferir a las autonomías departamentales una base impositiva importante, y ii) garantizar a todas en general igualdad de oportunidades a través de transferencias de libre disponibilidad, tomando en cuenta carencias y diferencias locales en costos, sí, pero directamente proporcionales a cada esfuerzo fiscal (medido éste en relación con el correspondiente nivel de ingreso de sus habitantes).

En síntesis, lograr un desarrollo sustentable y liberarnos de “la maldición de los recursos naturales” depende de que ahora se sienten las bases para poder desplegar al máximo nuestras capacidades humanas. Lo estratégico sería un pacto fiscal por la seguridad y el desarrollo humano (incluido el desarrollo local), transformar la educación pública y reglas claras y estables para que el ahorro privado se multiplique en inversión innovadora.

Estos días se recuerdan diez años de laheroica lucha de los alteños porla nacionalización del gas (2003). Como primer fruto de ello, en 2005 se estableció el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota de 32% sobre el valor de la producción. Pero, al mismo tiempo, se dispuso una distribución muy desigual del nuevo impuesto: el 4% del valor de la producción para los departamentos donde se encuentren los yacimientos y el 2% del total del impuesto para cada “no productor”, con la condición de que ningún “productor” recibirá menos que los “no productores”. En 2006 se aumentó la participación de los gobiernos municipales de cada departamento de 34,5% a 67% y se redujo la de los departamentales de 50% a 24,5%, pero la desigualdad interdepartamental se mantuvo.

Como resultado, en 2006, el total de transferencias que en promedio percibía cada habitante de Pando alcanzó a Bs 3.689, mientras que para los residentes en el departamento de Cochabamba este promedio fue de Bs 582 y para los de Santa Cruz —regalías incluidas— era ¡Bs 498! En el nivel municipal se distorsionó el principio establecido por la Ley de Participación Popular, de distribuir las transferencias según número de habitantes. Aquel año, Porvenir (Pando), por ejemplo, ya percibía Bs 2.273 por habitante, mientras que Exaltación (Beni) sólo Bs 317, Tiquipaya (Cochabamba) Bs 305 y Tito Yupanqui (La Paz) Bs 290. Y en cuanto a ciudades principales, mientras Cobija recibió Bs 1.714 por habitante, los residentes de La Paz percibieron ese mismo año Bs 476, los de El Alto Bs 345 y los de Santa Cruz de la Sierra, ¡sólo Bs 326!

Seis años más tarde (2012), las desigualdades han aumentado. En transferencias de libre disponibilidad —incluidas regalías— el Gobierno Departamental Autónomo de Tarija percibe Bs 1.066 por habitante, mientras que este mismo indicador arroja Bs 84 para Santa Cruz, Bs 69 para Cochabamba y ¡Bs 35 para La Paz! En síntesis: el nuevo sistema de transferencias introducido con el IDH, en vez de reducir las diferencias por habitante —objetivo de todo sistema de transferencias— las aumentó. Ante la crisis terminal del sistema político hasta entonces vigente, en el Congreso Nacional que aprobó la Ley de Hidrocarburos se hizo un reparto entre departamentos y no entre ciudadanos.

Un nuevo “pacto fiscal” entre bolivianos debe orientarse a garantizar a todos por igual el derecho a la vida y la integridad, y al desarrollo humano: mínimos similares de atención de salud y de educación e igualdad de oportunidades para mejorar sostenidamente el ingreso familiar a través del desarrollo económico local (en estos tiempos en que prima lo global-local).

Los respectivos sistemas de financiamiento deben ser diferentes según se trate de competencias exclusivas o concurrentes. Para que el de-sarrollo económico local pueda hacerse realidad es imprescindible que, en referencia al financiamiento de las competencias exclusivas de las autonomías, sean los ciudadanos quienes decidan, a través del voto y la participación, cuánto de su ingreso destinarán a este fin, definiendo alícuotas —montos de los impuestos como porcentaje de su respectiva base impositiva— y contribuciones especiales para quienes más se favorecerán con cada obra.

Con la Ley de Participación Popular (1994), el nivel central cedió a las municipalidades impuestos adecuados, a los que ahora se podrá añadir contribuciones especiales, empezando por aquellas en trabajo y especie que tradicionalmente hacen los ciudadanos a sus comunidades y barrios. Las autonomías indígena originario campesinas que provengan de municipios también podrán definir estos ingresos. En cambio, el nivel central hasta ahora sólo ha transferido a las autonomías departamentales un débil impuesto sobre sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles. Es imprescindible que además les traspase un impuesto importante, que también grave a los residentes en cada departamento, y el impuesto sobre ingresos de las personas parece el más apropiado.

En general, a fin de compensar las normales desigualdades en términos de valor de las propiedades e ingresos promedio de los habitantes de cada circunscripción, lo más conveniente sería establecer que las transferencias de libre disponibilidad sean proporcionales a los respectivos esfuerzos fiscales, medidos por el monto total de impuestos y contribuciones en relación con el ingreso de los respectivos habitantes. El objetivo sería que, por cada punto de esfuerzo fiscal, el “gasto equivalente”por habitante (mayor según carencias, diferenciales en costos y dispersión de la respectiva población) de cada autonomía indígena, municipal y departamental fuera similar en todos los casos con tan sólo una ligera ventaja en favor de quienes perciben regalías (sistema que tiene otra lógica). Y en esto partiríamos de una situación muy desigual. En 2006, en Cobija, a cada punto de esfuerzo fiscal (0,1% medido sobre el consumo de los habitantes) correspondieron Bs 17.295 de gasto municipal (restando sólo salud y educación), mientras, por el mismo esfuerzo, este gasto en Santa Cruz de la Sierra sólo pudo alcanzar a Bs 4.693; en El Alto, a Bs 4.203; en La Paz, a Bs 3.779, y en Oruro, a Bs 3.525.

En cuanto a las competencias concurrentes, las autonomías deberían destinar obligatoriamente determinados porcentajes de su total de recursos propios (ingresos generados localmente, más transferencias de libre disponibilidad, más regalías) a seguridad, salud y educación. Así se hace en Brasil en lo referido a estas dos últimas. Y, por supuesto, todo lo que las autono-mías desearan gastar para estos fines por encima de esos mínimos, debería ser bienvenido.

Una vez establecidos los aportes obligatorios de las autonomías, el nivel central tendría a su cargo igualar mínimos de “gasto equivalente” en todas partes. En materia de educación y salud se cuenta con las experiencias de Colombia y Chile. Bolivia partiría de una gran desigualdad en ambos casos: en 2006 el gasto equivalente por estudiante en Santa Cruz de la Sierra —sumando el gasto del Gobierno central y el de las respectivas autonomías— era Bs 528, el puesto 30 más bajo del país entre 320 municipios, y el de El Alto se situaba en el puesto 46, con Bs 597. En cambio, en Cobija este indicador alcanzaba a Bs 1.011. En salud, de los 320 municipios seleccionados 109 rurales se encontraban por debajo de Cochabamba, donde se gastaba en total Bs 119 por paciente potencial al año. Al municipio de El Alto le correspondían Bs 127, al de La Paz Bs 144, al de Santa Cruz Bs 183 y Cobija se encontraba en la cúspide, con Bs 603, casi cinco veces más que El Alto. Ahora bien, en todo caso no se trataría de bajar niveles relativamente altos (en realidad, bajos respecto a lo deseable), sino de aumentar prioritariamente los niveles de los que se encuentren por debajo de mínimos.

Hagamos un pacto fiscal por la vida y la integridad, la salud y la educación, las autonomías y el desarrollo local, en beneficio de todos los bolivianos. Éste sería un mejor destino para el IDH.

Según el Censo de 2012, recientemente el 5,6% de la población ha tenido que dejar el país para encontrar empleo. Ahora que todos somos jurídicamente iguales, es imprescindible ponernos de acuerdo en las reglas generales que gobernarán nuestro interrelacionamiento económico, y en la estrategia a seguir para que toda persona tenga un trabajo “con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” (art. 46 de la CPE).

Se plantea casi como panacea la industrialización, pero actualmente, después de la revolución tecnológica que implicó la producción flexible, en el mundo el mayor valor ya no se genera en la industria, sino en los servicios (hasta el 80%) y entre éstos, en los servicios avanzados. La industria se está deslocalizando hacia economías menos desarrolladas: hacia China, donde todavía representa el 47%; Rusia, 37%; México, 34%; Indonesia, 47% (CIA Word Fact Book).

Se pone énfasis en la industrialización de recursos naturales no renovables, y para ello se otorga un papel estratégico al Estado; pero al prohibir repatriar utilidades a las empresas extranjeras que llegaran a asociarse con las nacionales, prácticamente se está eliminando toda posibilidad de desarrollar las tecnologías necesarias.

Para poder generar empleo o remuneración dignos es indispensable que se multipliquen las empresas formales, tanto industriales como de servicios avanzados que, interrelacionadas con las universidades, desarrollen tecnologías. Sin embargo todos los gravámenes pesan sobre estas firmas, mientras se libera enteramente de impuestos a actividades que no crean empleo sostenible y deterioran el medio ambiente, tales como las cooperativas mineras. Y en la industria manufacturera y el comercio aún prevalece la informalidad: se permite una masiva evasión de impuestos y el incumplimiento de obligaciones con los trabajadores. Predomina el trabajo temporal y a destajo (se asegura que en las cooperativas mineras también). El trabajo asalariado se va deteriorando, incluso en el caso de los empleados públicos, como lo muestra el trabajo No hay derecho, de Silvia Escobar.

Los incentivos entonces se están dando en contra del emprendedurismo formal, precisamente el que debe crear la mayor parte del empleo o la remuneración digna y estable, y se está favoreciendo un semicapitalismo que, por sus características de explotación (humana, de los recursos naturales y del medio ambiente), asume la forma de capitalismo salvaje.

Pareciera que desfavoreciendo a las empresas privadas se tratara de eliminar el capitalismo para avanzar hacia el socialismo. Pero ya Marx señalaba que el cambio de un modo de producción sólo se da cuando éste obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas ¡y el desarrollo de dichas fuerzas bajo el capitalismo está en auge! Todos los países que van saliendo del subdesarrollo así lo han comprendido: favorecen el emprendedurismo privado, pero a la vez evitan que el poder económico privado llegue a controlar el poder político.

Los precios de los minerales ya bajaron; y si la actual negociación entre Palestina e Israel avanza, los precios del petróleo y del gas también bajarán. Habrá una desaceleración económica en la economía boliviana y el Estado será objeto de demandas a las que ya no podrá responder. Aún estamos a tiempo: todavía persiste un exceso de depósitos bancarios. El desarrollo de nuevas fuerzas productivas debe darse también a través de la inversión privada en empresas formales industriales y de servicios debidamente reguladas, y de una profunda reforma en la educación, todo bajo un Estado democrático participativo. Esas serían las claves para crear una nueva economía que permita a todos vivir bien en Bolivia y no tener que irse del país.

Después de intentar eliminar durante siglos a civilizaciones distintas a la eurocéntrica, cuando la física cuántica muestra la superioridad de la filosofía andina frente a la lógica formal, cuando no se logra solucionar la crisis del capitalismo con las herramientas de su paradigma, cuando la democracia representativa entra en crisis porque los pueblos quieren más participación, más que nunca resulta evidente que no existe un sólo conocimiento verdadero.

Más aún cuando creer en la supremacía de la razón (a partir de convertirla en diosa) estar convencidos de que con ella se podía conocer “la” verdad (que, además, sería una sola), de que sólo tenía validez el conocimiento basado en verdades establecidas científicamente (es decir, bajo la lógica formal), condujo al exterminio de millones de humanos falsamente basados en los hallazgos de Darwin en materia de biología o en la pretensión de Marx de haber descubierto las leyes “científicas” que regirían la historia como en el mundo material lo harían las de la física. La conclusión de todo ello es que la pretensión europea, y de sus colonos, de ser poseedores de las verdades únicas en última instancia no fue más que una ideología para aprovecharse económicamente del resto del mundo, a través del dominio militar y político.

En estas circunstancias surge el Estado Plurinacional de Bolivia, tal vez el único de los países de América donde la mayoría indígena ha sobrevivido, y con ella sus civilizaciones: no las mismas de hace 500 años, sino las que siguieron desarrollándose sobre sus mismos principios filosóficos y gozan de gran vitalidad.

En cuanto al Estado, históricamente la Colonia tuvo la habilidad de aprovechar las instituciones existentes para explotar a los originarios. La República, en cambio, trató de copiar formalmente las europeas, aunque sin dejar de sostenerse informalmente en las instauradas por los españoles para continuar e incluso aumentar la explotación de los originarios. Esta explotación sólo comenzó a ser extirpada después de la Guerra del Chaco (según se ha comentado en otra oportunidad) y el Estado empezó a incluir efectivamente a los originarios sólo con la ampliación de la jurisdicción municipal al ámbito rural (1994). Finalmente, con la supremacía política de los actores rurales, también han sido instaurados los principios de funcionamiento de un nuevo Estado Plurinacional (2009).

Pero el aparato del Estado y el relacionamiento entre los bolivianos poco han cambiado. Por ello es oportuno el análisis de Boaventura Santos, quien concluye que la manera de construir el nuevo Estado (y el inter-relacionamiento entre los bolivianos) es a través del diálogo intercultural, del que surjan sólidas instituciones, pero donde no se dé nada por acabado, que todo se vaya perfeccionando a través de una democracia sin fin.

Sin duda el colonialismo ha sido impuesto por el capitalismo, y se podría concluir que erradicar el primero pasa por la eliminación del segundo. Pero aquí es necesario hacer una precisión: erradicar el dominio político del capital, sí, a través del Estado democrático, pero tratar de eliminar el instinto a través del cual los humanos (e incluso todos los seres vivientes) tratamos de encontrar el camino más fácil para satisfacer nuestras necesidades, sería absolutamente irreal.

Lo imprescindible es ir creando instituciones a través de las cuales, respetando lo particular y sobre todo los derechos individuales, se logre que predomine el interés general.

El instinto del homo economicus seguirá siendo lograr la mayor satisfacción con el mínimo esfuerzo pero el Estado democrático debe desarrollar permanentemente una regulación para que tanto las empresas públicas como las privadas y las cooperativas funcionen bajo las mismas reglas básicas, reglas que garanticen la supremacía del bien común.