Los lunes son difíciles, pero aquel fue 126 veces peor de lo habitual. El lunes 9 de agosto de 1965 el parlamento Malasio votó la expulsión de Singapur; 126 votos a favor y ninguno en contra. Sin recursos naturales, el tamaño de un grano de arena en un mapa de bolsillo, la población de una ciudad promedio y un ingreso per cápita de 500 dólares anuales, el futuro del país asiático estaba en tinieblas.

En septiembre de 1963, Malasia y Singapur se fundieron en un país, después de que éste se había desprendido de la Corona británica en 1959. Por su condición diminuta y de escasez, la fusión para Singapur significaba un acto de sobrevivencia. Dos años después, la tolerancia étnica y política se fisuró y con ésta, el matrimonio. Lloroso y dolorido, el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, anunciaba por televisión la separación definitiva de Malasia.

50 años más tarde, Singapur, la Ciudad Estado, es un éxito planetario. Ocupa el puesto nueve en desarrollo humano, el cuarto en ingreso anual por habitante (76 mil $us y el doble de excolonizador). Una de cada seis familias tiene un millón de dólares en ahorros, es la ciudad más ecológica de Asia. Tiene  la mejor Universidad de Asia y una de las mejores 20 del mundo (National University of Singapore-NUS). Es el segundo mejor país para  la inversión extranjera y comercio exterior, el lugar más favorable del mundo para hacer negocios; el país más transparente de Asia y uno de los tres menos corruptos del mundo. Es el mejor país del Asia para trabajar y el segundo mejor para vivir. Es el más limpio del mundo y uno de los más seguros.

Esto y una lista larga que omití, forjado en aproximadamente 700 kilómetros cuadrados (Bolivia es 1.600 veces más grande), una población de poco más de 5 millones, y siendo parte del continente donde vive el 60% de la población mundial. ¿Cómo lo lograron? Meritocracia, honestidad y pragmatismo. El resumen es una propuesta de Kishore Mahbubani, rector de la escuela de gobierno “Lee Kuan Yew School of Public Policy” (LKYSPP).

Meritocracia. Los mejores entre los mejores son convocados para el servicio público. La militancia partidaria no es un muro de contención. La estrategia consiste en tener a una burocracia de élite formada en las mejores escuelas del mundo. Para Bolivia: ¿Que es élite y cuáles son las mejores escuelas del mundo? Depende; en el extremo, la élite podría consistir en que lo mejor se medirá por la demostración de lealtad ideológica y que la formación elitista será todo menos Ivy League (‘Liga de la Hiedra’, en inglés, conjunto de universidades estadounidenses consideradas de élite) y sus amigos. Felizmente, el Estado boliviano ha incorporado a Harvard, al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, siglas en inglés), entre otras universidades, a su jerga de escuelas de élite y espero que al menos donde los espacios deben ser inmunes al poder (Tribunal Constitucional, Contraloría, etcétera) se estimule la meritocracia por encima de otros criterios.

Sin embargo, no todo es bueno en el mérito. El “Estado Ranking” presiona a sus ciudadanos y los hace sedientos de éxito, los estratifica por perdedores, ganadores, los que intentan hasta conseguirlo, los que fallan en el intento, entre otros.

El éxito, asociado al dinero, además apuntala hacia una estratificación por ingreso, haciendo de Singapur un país desigual. Aunque aún con timidez, éste será un asunto de agenda pública en el corto plazo.
Honestidad. Después de recibir la donación de 100 millones de dólares para LKYSPP en 2007 por parte de la fundación Li Ka-shing y un bolígrafo de 500 dólares como regalo de cortesía, el rector de LKYSPP estaba en aprietos. Si rechazaba el regalo, el desaire hubiese sido evidente, pero de aceptarlo tendría que declararlo a su ingreso a Singapur y pagar el valor del mismo para evitar ir a la cárcel.

Un ministro o cualquier funcionario público está legalmente prohibido de recibir cualquier tipo de regalo de cualquier tipo de fuente. Ésta es la vara para evitar la corrupción y cultivar la honestidad. El indicador es muy sencillo: ningún ciudadano debe sentir, incluyendo al Presidente, que está por encima de la ley. Es conocida la historia de un ministro que aceptó un viaje pagado por un empresario y perdió el cargo y la libertad.

En semejante sana rigidez, los casos emblemáticos de firmeza pueden elegirse. En 1994, un ciudadano americano de 18 años fue encontrado pintarrajeando autos. Su condena: seis latigazos con palo de bambú. El asunto incluso llegó a entenderse como un roce diplomático después de que el pedido de clemencia por parte de George Bush solo redujera los “bambuzasos” de 6 a 4. El código penal de Singapur contempla desde los “bambuzasos” hasta la pena de muerte.

Por un sistema judicial incorruptible y algunas penas consideradas atípicas, el país es a veces juzgado de poco democrático. Las gomas de mascar, la pornografía, botar cosas en la calle, ser homosexual, cruzar la calle por cualquier lugar, vender y consumir alcohol entre las diez treinta de la noche y las siete de la mañana es ilegal y penado. De la lista previa, la homosexualidad y el consumo de alcohol son hechos cuestionados con creciente vitalidad, aunque aún con poca resonancia. Sin embargo, el resto de penas son asumidas con normalidad. Si al leer esto cree que sentirá el miedo en la nuca al caminar por las calles de Singapur, por miedo a violar alguna regulación, está equivocado (a). La sensación de libertad es tan o más potente que en cualquier otro país que se autodefina como más democrático.

La duda medular es si los ciudadanos se comportan correctamente por temor o porque creen que es lo correcto. Es todo ello, aunque la mayor parte, creo, simplemente ha naturalizado este tipo de comportamiento, es parte de su forma de vida.

Pragmatismo. La ideología se subordina a la necesidad. Singapur tiene una economía de mercado, pero al mismo tiempo tiene un gobierno regulador muy fuerte. En su condición de nacimiento, aprendieron a ser versátiles y jugar a lo práctico, que incluye copiar y adaptar las mejores prácticas del mundo, oficializar el inglés como idioma, pagar salarios a ministros que pueden llegar al millón de dólares anuales, conscientes de que podrían ser corruptibles y que su capacidad vale oro.

Se dice que las recetas no sirven en horno ajeno. Se dice desde gargantas que creen en que si en algo nos parecemos es en la diferencia. No creo en las copias con papel carbónico ni en el endogenismo radical. Creo que podemos aprender y adaptar, al menos escuchar. (Agradecimiento especial a Yoong Ren Yan por su valiosa información).

La presente nota comenta la columna escrita por Juan Carlos Urenda, en el suplemento Animal Político, número 57, bajo el título: ¿Hay Autonomías departamentales?
Urenda bosquejó cinco ideas: i) amputación de la autonomía a través de un elevado número de competencias constitucionales en el nivel central y la ausencia de competencias “importantes” para los gobiernos autónomos departamentales, ii) carácter centralista de leyes nacionales, iii) cuestionamiento de la existencia del Ministerio de Autonomías, iv) composición centralista del Presupuesto General del Estado 2012 y v) imposibilidad de adecuar los estatutos autonómicos departamentales a la Constitución Política del Estado (CPE). Todo como justificación de una reforma constitucional.

Para la  primera idea, Urenda sostiene que son 83 competencias las asignadas al nivel central y pocas e insuficientemente importantes las restantes para los gobiernos autónomos. Ello es falso y discutible por las siguientes razones: la CPE asigna, en cuatro categorías diferentes, 199 competencias para los niveles central, departamental, municipal e indígena originario campesino (IOC). Esta asignación no se limita a decir “esto es tuyo, esto de aquél”, sino que una importante porción tiene múltiples propietarios: “esto es de todos”.

Como ejemplo, la CPE dice algo así: “Usted, nivel departamental, ocúpese de asear la casa; municipal, de la alimentación; nacional, de la seguridad, e IOC del cuidado de los jardines”. Estas competencias, que sólo han sido otorgadas exclusivamente a unos, suman 81% de la propiedad de la casa. El nivel nacional tiene 60 competencias como propietario (o 30% del total) y no 83 como menciona Urenda. El error radica en que las restantes 23 son de todos, y no del nivel central. Llama la atención que estas competencias de todos no sean reconocidas por el que las propuso (Urenda, Autonomías departamentales. Santa Cruz, 2007) y fue parte de las negociaciones de septiembre de 2008 en Cochabamba (Viceministerio de Descentralización, 2008).

En síntesis, los números van así: nivel nacional 30%, gobiernos autónomos 58%, todos 11%.

Urenda también indica que no se puede tener autonomía de verdad porque las competencias de los gobiernos departamentales son nada o pocas en relación a: hidrocarburos, minería, policía, agricultura, ganadería, salud y educación. El concepto de autonomía de verdad es suyo, pero ¿por qué tendría que ser el del resto? Asimismo, las únicas competencias ausentes de participación de los gobiernos departamentales son minería y policía.

Ahora bien, que el número sea abultado o no, no me conmueve. La discusión debería girar sobre la calidad de la asignación. Si la propuesta competencial que trabajó Urenda la pensó como innegociable, entonces no radica en él la noción de perder para ganar: pactar. Su virtud, sin embargo, es el de todos los fieles a su idea, como diría Jorge Canelas, “la inmolación en el altar de su elección”.

¿El estatuto cruceño tuvo en su construcción el imaginario que sería pactado con la CPE? Si la respuesta es afirmativa, la noción de pacto decanta, sino la inmolación.

La segunda idea de Urenda gira en torno al espíritu centralista de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), Ley Avelino Siñani,  Ley de Clasificación de Impuestos, entre otras. A la fecha, la LMAD y la Ley de Lotería y Juegos de Azar tienen demandas de constitucionalidad. Sobre la primera, el rigor de la demanda es lamentable y le hace un flaco favor a aquellos que creen en cambiar la LMAD como medida autonomizadora. Lo invito a leer la demanda y compartir opiniones. Lo que sí es cierto es que las leyes nacionales que afectan a las autonomías deben contar con espacios de participación de éstas en las etapas de diseño y concertación.

En relación a la tercera idea, Urenda reniega por la existencia del Ministerio de Autonomías, porque —dice— no ha transferido ni delegado “ni una competencia, ni un solo peso” a favor de los gobiernos departamentales. Además del desconocimiento sobre los roles de quién transfiere, delega y asigna recursos, Urenda no reconoce un asunto de fondo. Por una parte —y esto no debe ser motivo de sonrojo— existen instituciones del nivel central aún con espíritu centralista. De 187 años de vida del Estado boliviano, 184 estuvimos bajo esa modalidad, y el cambio será progresivo; pensar lo contrario sería una ingenuidad. No obstante, la vocación autonómica de los gobiernos autónomos es relativa; entonces, ¿cómo modificar esta relación? El ministerio está trabajando en ello, sin cohetillo ni mixtura, en pos de nuevos equilibrios.

Pero ésta no es una tarea monopolizada por el ministerio. La crítica de Urenda es centralista.
Respecto a la composición del presupuesto como indicador de centralismo económico cabe decir lo siguiente.

Para este año, el porcentaje de participación de los gobiernos autónomos del total del presupuesto es del 13,2% (SIGMA, 2012). Esta reducción se debe, entre otras cosas, al incremento de los recursos provenientes de los recursos naturales, que son captados en mayor proporción por el nivel central del Estado. Empero, es importante discutir el grado de libertad de los porcentajes repartidos, ¿qué sentido tendría tener una gran parte si todo está definido? El nivel central, si bien tiene la mayor parte de los ingresos, soporta también la mayor inflexibilidad en el destino de los mismos (87%: maestros, fuerzas armadas, etc.), cuando a nivel territorial la inflexibilidad no supera el 30% (Valda, Montalvo, & Zapata Cusicanqui, Régimen de transferencias intergubernamentales paras las autonomías regionales. 2005).

En síntesis, el planteamiento de Urenda resulta provocador para discutir lo siguiente: i) distribución vertical del ingreso, ii) flexibilidad del gasto y iii) relación de descentralización fiscal versus desarrollo.

Finalmente, Urenda nos manifiesta que es imposible adecuar estatutos a la CPE por razones de legitimidad de voto y contraposición de ambos textos. Ante ello, mi respuesta es que es perfectamente posible desde la esfera técnica, pero el dilema de algunos sectores cruceños está en lo político, “el problema es quién cargará con el muerto de la adecuación” (asambleísta cruceño).

La fórmula inversa, adecuar la CPE a los estatutos, es imposible a nivel técnico y político. El equilibrio del país descansa en los acuerdos de 2008, en el que la apuesta unísona fue tener nueva Constitución.