Todos tenemos falsas memorias, recordamos cosas de una manera distinta a la que ocurrieron, e incluso llegamos a convencernos de que sucedieron tal como las recordamos. La psicología sabe por qué nos pasa eso, pero el caso de Rogelio Mayta es diferente. Él fabrica falsas memorias.

En 2006, Mayta relató su visita al frontis del domicilio de Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, describió una casa con altos muros (inexistentes), un barrio con seguridad privada que no permite el ingreso a extraños (falso), que un periodista tocó el timbre y fue arrestado (nunca sucedió). Para rematar, contó que muy cerca viven ejecutivos de Chanel, Christian Dior y Ralph Lauren (Mayta anotó el nombre de tres tiendas cercanas).

Este es Mayta, un importante abogado en el juicio de responsabilidades por los sucesos de octubre de 2003 que falsea la memoria de una terrible tragedia porque vive de las víctimas. No es el caso de Boris Miranda, quien escribe inocentadas tales como que en octubre Goni pidió un arma para suicidarse al ser informado que su esposa “había sido atrapada por la muchedumbre”.

El juicio de responsabilidades no fue seguido ni leído en forma seria. De lo contrario se sabría que la cifra sobre el número de las trágicas muertes durante septiembre y octubre de 2003 es diferente a la que repite Mayta. Para todos una muerte era demasiado, excepto para Evo Morales y Felipe Quispe, quienes buscaban provocar muertes para movilizar apoyo. Así lo vuelve a repetir Quispe en su último libro, donde dice que el aymara es sensible a las muertes y que las necesitaban porque “la sangre llama a la sangre”. El confeso Felipe Quispe no sólo fue amnistiado por Carlos Mesa, sino que nunca fue citado a declarar en el juicio.

No obstante, la falsa memoria más grave, fabricada sin escrúpulos, es la misma que Evo Morales presentó a la Corte Suprema en 2003, y es que el Decreto Supremo 27209 firmado por Sánchez de Lozada y su gabinete para transportar gasolina a la ciudad sitiada causó el “convoy de la muerte”. Ese decreto, que fue la base jurídica para la sentencia, se basó en la caravana que un día como hoy hace diez años salió de Senkata, pasó por la Ceja y siguió por la autopista hasta la ciudad de La Paz. Fue un domingo trágico, con muchos enfrentamientos, pero las muertes no ocurrieron durante el trayecto de dicho convoy. ¿Cómo puede entonces el principal abogado de la acusación decir que el convoy dejó decenas de muertos y heridos? Muchos de los que lean el presente texto, sino todos, dirán que esto es una perturbación mía. La periodista Lucía Sauma en un artículo reciente sobre el convoy dice: “se escuchaban las balas disparadas por los militares. Luego cayó la granizada… para acabar con la humareda del gas y permitir hacer el recuento de muertos hasta sumar 67”. Esto se ha repetido tantas veces, que parece un agravio decir que el “convoy de la muerte” no existió.

El juicio que condenó a cinco generales de la República, quienes cumplieron su deber constitucional, se basó en una falsa memoria fabricada por un personaje de dudosa trayectoria política como Mayta. Él bien sabe que en el juicio de responsabilidades se documentó que esas muertes ocurrieron en otras zonas.  Como dicen los abogados, a la prueba me remito: los reportes forenses oficiales de cada muerte, al ser ubicados en un mapa, muestran que ese domingo fatídico la violencia fue en lugares alejados de la ruta del convoy, como ser en Río Seco. Octubre de 2003 fue una tragedia nacional, mas los hechos son los hechos.

Una falsa memoria ofende cuando viene de un abogado, porque es una grave falta ética que viola la confianza de toda la sociedad. Hoy la historia se repite y los creadores de estas falsas memorias intentan fabricar lo que sucedió en La Calancha, Porvenir y Chaparina. Ellos las repetirán hasta creerlas. Los bolivianos no tenemos por qué hacerlo.