El presidente Evo Morales ha desafiado al jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, a demostrar ante la Justicia que existen proyectos gubernamentales con sobreprecio, tal como hace una semana denunció al país en una conferencia de prensa en la que los asistentes recibieron, además, un impreso de 24 páginas con el provocativo titular “La verdad sobre la corrupción en el gobierno de Evo”.
“Por fin el candidato Morales dio la cara, pero no para responder a la denuncia de sobreprecios que hicimos a proyectos, sino para insultar”, fue la respuesta del empresario en su cuenta de Twitter. Luego agregó: “Candidato Morales nos hace enemigo de todo, no tolera ser fiscalizado, si de algo somos enemigos es de los sobreprecios y la corrupción”.
Pues bien, lo que corresponde, por la seriedad del asunto y por respeto a la población, es dejar el show de las conferencias de prensa y los mensajes en las redes sociales para acudir ante la Justicia, aunque se tenga la legítima sospecha de que ésta no sea más que una sucursal de la hegemonía masista. Al menos quedarían registrados para el juicio de la historia los argumentos de la acusación y los contraargumentos de la defensa.
No hacerlo abriría la también legítima sospecha de que la denuncia de UN es una acusación política sin sustento o, peor, que —como ha dicho Morales— pretenda perjudicar a los paceños.
Lo último es en verdad un exceso del oficialismo, pero la debilidad argumental del “documento de denuncia” presentado por los opositores no sustenta el provocador título que lleva.
La acusación, basada en conjeturas políticas antes que respaldo legal (no incluye ni un solo documento), llega a una conclusión explosiva que bien podría desatar otro octubre negro: “En el Teleférico La Paz-El Alto, la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo y el Ingenio de San Buenaventura se gastará 382 millones de dólares por encima de los costos de otros proyectos comparables”. Un sobreprecio equivalente aproximadamente al 75% de los ingresos anuales que el país recibía por venta de gas en 2003.
En el caso de San Buenaventura, por ejemplo, se dedica un párrafo y un cuadro para comparar este proyecto con el ingenio Aguai y llegar a la conclusión de que existe un sobreprecio de 80,5 millones de dólares. El Vicepresidente hizo notar que a los fiscalizadores se les olvidó tomar en cuenta en su investigación asuntos básicos, como el hecho de que, a diferencia de Aguai, el ingenio San Buenaventura será construido con equipos nuevos e incluirá tecnología para mitigar daños al medio ambiente.
La denuncia publicada por UN no ofrece detalles técnicos de fondo para sustentar la afirmación de que exista un sobreprecio de 382 millones de dólares y hasta hoy tampoco se ha presentado documentación que refute los argumentos con los que Álvaro García Linera respondió a la acusación. Eso, al margen de que no es responsable sacar conclusiones en base a una “investigación parcial”, como se lee en el propio documento.
Por eso sería conveniente que Doria Medina y su partido acudan a los tribunales para demostrar sus denuncias y, si fueran ciertas, librar al país de una pérdida millonaria. Reitero que si bien no confían en la Justicia (como debe ocurrir con la mayoría de los bolivianos) la exposición pública de documentación que sustente semejante acusación quedaría en la memoria histórica e incluso podría hacer tambalear la posible tercera reelección del jefe del MAS.