Una reciente clasificación mundial de 20.000 universidades coloca a San Simón y San Andrés en los puestos 1.146 y 1.711, respectivamente, y a las tres mejores universidades privadas en los puestos 4.420, 7.786 y 10.084. Estas universidades cobran a sus alumnos entre 300 y 500 dólares mensuales y pagan a los docentes 150 dólares por cátedra al mes.
Un espacio donde no funciona la lógica del libre mercado es en el universitario, pues teniendo 56 universidades que se debaten en un marco con muy poca regulación se podría esperar que compitan por calidad o precios. Cuando empezaron a proliferar los centros universitarios privados, se suponía que las que ya existían se esmerarían para no perder estudiantes, mejorando la calidad o disminuyendo los precios, pero ocurrió lo contrario, pues desmejoraron la calidad y aumentaron la matrículas. Luego, corresponde indagar sobre la posible existencia de distorsiones de mercado.
Uno de los problemas es la asimetría de la información. Muchas familias por desinterés o imposibilidad asociada a su nivel educativo tienen dificultad para hacer un análisis costo/beneficio de la educación que reciben sus hijos. Se contentan con el prestigio local que muchas de ellas tienen y por los bonitos e inútiles nombres que ponen a algunas de sus carreras. En otras palabras, no saben si el precio del producto que están comprando es el correcto.
Un segundo problema se refiere al “mercado” de docentes. El sueldo que ofrecen las universidades privadas, 150 dólares al mes por cátedra (5 dólares por hora), es muy bajo, pero hay profesionales dispuestos a trabajar por ese salario por dos razones: el desempleo a nivel profesional y la necesidad de los jóvenes profesionales de enriquecer sus hojas de vida. Hay también docentes a quienes les gusta tanto enseñar que incluso lo harían gratis. Con excepción de este último tipo de docente, es muy difícil esperar que sobre la base de ese nivel de remuneración las universidades privadas logren contratar profesores de buen nivel académico.
El sueldo de un docente se cubre en el peor de los casos con el 50% de la matrícula de un solo estudiante. El resto del aporte estudiantil financia gastos de administración, infraestructura, impuestos y ganancias para los propietarios. La mayor parte de las universidades privadas iniciaron sus actividades con aportes de capital mínimos, pero, poco a poco, gracias a los estudiantes y a los bajos salarios pagados a los profesores, compran terrenos y construyen edificios que enriquecen el capital de la institución. Es decir, los estudiantes financian la infraestructura en lugar de tener que pagar sólo por su uso.
Los propietarios de estas universidades deberían tomar la iniciativa de corregir los problemas anteriores, pero también sería bueno que las autoridades nacionales emitan algunas normas y asuman un papel fiscalizador.
Entre las normas corresponde sugerir las siguientes: a) establecimiento de un capital mínimo para abrir una universidad. b) Fijación de la masa salarial docente en términos de un porcentaje (a determinar) de la recaudación de matrículas (esto alentaría la competencia académica por la calidad). c) Autorización de carreras sólo cuando sean similares a las que existen en el resto del mundo. d) Obligación de inscribirse como sociedades comerciales en el registro de comercio.
La fiscalización debe tener dos vertientes: la comercial, a cargo de la autoridad de fiscalización de empresas; y la académica a cargo del Ministerio de Educación.