La semana pasada, con motivo de la celebración del Día Mundial del Dolor, se organizó en la ciudad de La Paz el II Congreso Internacional del Dolor. Entre otras recomendaciones, los especialistas que participaron en el evento resaltaron la necesidad de invertir recursos públicos para aliviar el sufrimiento tanto de los pacientes que padecen enfermedades terminales como de aquellos que deben lidiar durante años con dolores crónicos.
No se trata de un asunto menor, sobre todo si se toma en cuenta la escasez de unidades especializadas para este tipo de padecimientos en el país (la sede de gobierno cuenta tan sólo con tres centros de terapia contra el dolor en el sistema público), frente a la gran cantidad de hombres y mujeres que necesitan o van a necesitar tratamientos de esta índole (al menos el 25% de la sociedad, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud).
Una de las razones de esta carestía deviene por la falta de profesionales especializados en esta área de la medicina (en el país existen solamente tres), en parte debido a que las universidades no contemplan este tipo de formación entre sus especialidades. Urge, en este sentido, empezar a concebir el tratamiento contra el dolor no sólo como una necesidad, sino también como un derecho al que deberían tener acceso todos los bolivianos.