Un barrio de El Alto, entre Achocalla y Viacha, se convirtió el martes en un campo de batalla. Como si se tratase de una mala película del salvaje oeste, a las 09.30, los vecinos del lugar sufrieron la embestida de más de 600 personas armadas con piedras y palos.
Además de daños materiales (300 viviendas fueron derribadas, destruyendo así en pocas horas lo que a muchos les costó años construir), el ataque dejó 50 heridos, 15 de ellos de gravedad. Debido a la hora en la que ocurrió el asalto, la mayoría de los afectados fueron mujeres, ancianos y niños.
Según señalan los testimonios recogidos por este diario, los atacantes vestían en sus brazos cintas naranjas para no golpearse entre ellos, lo que revela lo bien organizado que estuvo este cobarde ataque, ejecutado con bastante saña (por ejemplo, a una señora de 60 años le fracturaron los brazos con el mismo palo con el que intentó defenderse y a un hombre le destrozaron la pierna al dejarle caer una piedra de gran peso cuando se encontraba en el suelo).
Sencillamente el Gobierno no puede pasar por alto un incidente de estas características, que atenta contra el Estado de derecho y la vida de las personas. Los autores intelectuales y materiales de este brutal “operativo” deben ser identificados y sancionados cuanto antes.