Argentinos democratizan sus medios
Después de cuatro años, la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación
Esta semana fue de fiesta en la Argentina. Finalmente se hizo justicia y la democracia ganó otra de las batallas fundamentales: después de cuatro años de procesos judiciales, la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Ésta es una historia larga, de avances y retrocesos, de visibilizar reivindicaciones, de mentiras, de fraudes, de operaciones absurdas, pero sobre todo, es una historia de organización social, de lucha del pueblo, de búsqueda mancomunada para alcanzar la democratización de la palabra.
En Argentina contábamos con una ley de radiodifusión que había sido impuesta en la época de la más sangrienta dictadura de nuestro país. Y sus modificaciones se realizaron durante el gobierno neoliberal de los 90, promoviendo la concentración de capitales y el fomento de los monopolios. Es así, que las grandes corporaciones mediáticas siempre mantuvieron vínculos estrechos con los gobiernos de turno, beneficiándose con privilegios que derrotaban cualquier tipo de intento democratizador.
Como señalé, la ley de medios es el resultado de una historia de organización social; se basó en la propuesta de los 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación, presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que era un conjunto de organizaciones sociales que se aunaron para discutir cómo debería ser una legislación de medios democrática para nuestro país. Esta coalición, entonces, sumaba voluntades de un amplio universo de organizaciones y espacios participativos de la más diversa índole: sindicatos, radios comunitarias, organismos de derechos humanos, universidades, centros de estudiantes, intelectuales, asociaciones de artistas y de prensa, movimientos de piqueteros, legisladores, en fin, la sociedad.
Sin lugar a dudas, éste fue el proyecto más discutido, revisado y modificado de nuestra historia. No sólo fue planteado de manera conjunta por estos movimientos sociales, sino que una vez presentado el primer proyecto de ley, los legisladores que teníamos que votarlo en el Congreso salimos a las calles a discutirlo, realizamos decenas de audiencias públicas, lo debatimos en medios de comunicación, tanto públicos como privados. La discusión amplió sus fronteras, y se discutió en cada casa, en cada mesa de familia, en reuniones de amigos. Eso debemos agradecérselo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quién no sólo escuchó estas reivindicaciones, sino que lo tomó como bandera, convirtiéndose así en el primer gobierno que no temía enfrentarse a las corporaciones mediáticas, y a las implicancias que esto podía tener en el terreno de la opinión pública.
Por todo ello, es absolutamente errado entender a esta norma como una ley mordaza que censura la libertad de expresión. Por el contrario, es democrática y justa. Es de las primeras de la región en plantear la distribución del espacio radioeléctrico en partes iguales, un 33% para medios públicos, un 33% para medios privados y un 33% para las empresas sin fines de lucro.
Hoy la comunicación en mi país ya no es entendida como un bien económico, sino como un derecho humano básico. Y como tal, será el Estado, con el apoyo de organizaciones sociales y otros actores sociales, quien deberá garantizar la pluralidad de contenidos y la desconcentración en función de universalizar el acceso. Hecho que molesta a aquellos que siempre detentaron la monopolización mediática.
El multimedia más grande y concentrado de nuestro país, el Grupo Clarín, actualmente tiene en su poder 25 licencias de radio AM, FM y Televisión abierta, cuando la normativa indica que sólo pueden tener hasta diez. Posee alrededor de 240 servicios de televisión por suscripción (cable) cuando debería tener solamente 24. Y finalmente, supera ampliamente el 35% del territorio con su alcance, prestando servicios de radio a un 41,88% de la población, de televisión abierta a un 38,78% y servicios de TV por suscripción a un 58,61%.
Esta ley se votó en 2009 por amplia mayoría en el Parlamento argentino. Y no se pudo implementar completamente hasta hoy. En sintonía con la legislación, la mayoría de las empresas mediáticas presentaron un plan de adecuación para respetar la cantidad de licencias que permite la normativa. Excepto Clarín, que con medidas cautelares fue transitando todas las etapas judiciales buscando su inconstitucionalidad. Sin embargo, llegó a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de Argentina, y seis de los jueces de este tribunal (sólo un juez estuvo en contra) declararon la legislación como constitucional, mediante un fallo de 400 páginas que define muy claramente los motivos por los cuales esta legislación no cercena la libertad de expresión, sino que por el contrario la promueve y lucha contra la concentración.
En función de clarificar las acciones del Grupo Clarín en detrimento de la democratización de la palabra, es importante tener en cuenta que fueron cuatro los artículos (41, 45, 48 y 161) de la ley cuestionados por la empresa y judicializados; justamente aquellos que regulan la estructura de propiedad de los medios. Los mismos hacen referencia a la titularidad de las licencias, o sea, quiénes pueden usufructuar determinada frecuencia del espectro radiofónico; la cantidad de licencias que puede tener un grupo o una persona física, tanto a nivel nacional como local; la concentración indebida y a la desinversión en algunas de sus señales o medios. La Corte Suprema declaró constitucional la totalidad de la ley, incluidos fundamentalmente los cuatro artículos mencionados. Su fallo expresa que “el Grupo Clarín deberá adecuarse a la nueva estructura planteada por la norma”, “la ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias”; “la sustentabilidad no puede ser equiparada a rentabilidad, y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria”. Esto significa que ahora sí el mapa de medios de Argentina finalmente será más democrático e incluirá muchas más voces.
La legislación no sólo regula la cantidad de licencias, sino también transforma las opciones mediáticas de la Argentina. Se establecen porcentajes de programación con contenido nacional, local, artístico y educativo, en función de promover que nuestras radios y televisiones presenten opciones diferentes al mero show y entretenimiento. Abre la posibilidad para que miles de comunicadores accedan al trabajo; respeta los derechos de las mujeres y también incluye ítems específicos en pos de generar una programación adecuada para niños, niñas y adolescentes. Es por todo esto que muchos de nosotros, que creemos en una transformación de nuestra sociedad, consideramos que ésta es una de las mejores leyes de la democracia, y mediante su implementación permitirá alcanzar la real democratización de la palabra y dará fin a los monopolios que concentran la información, desinformando y manipulando los hechos de nuestra realidad.
