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viernes 23 jul 2021 | Actualizado a 20:46

Aniversarios y reflexiones

La celebración de aniversarios puede ser útil para abrir reflexiones, diálogos y producir publicaciones

/ 3 de noviembre de 2013 / 04:03

La celebración de aniversarios puede ser útil para abrir reflexiones, diálogos y producir publicaciones que, en muchos casos, transforman la aproximación tradicional al mero recuento histórico de los hechos o al rigor dogmático de ciertas disciplinas. Tomar distancia a partir de  temporalidades “aniversario” suele contribuir a tomar más de un lente para contrastar los hechos y ponerlos en perspectivas distintas, por y para otros actores y en contextos cambiantes.

Este es el caso, por ejemplo, del de-  sarrollo del Derecho Internacional Público y el papel de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otros espacios jurisdiccionales. Estos son cada vez más globales, conformados de manera más universal y, sobre todo, más abiertos a reconocer y plantear que tienen relación con los contextos políticos. La caída del muro de Berlín derribó también vallas mentales en muchos de los líderes mundiales y juristas, y las secuelas del nuevo orden internacional abrieron un mayor número de casos estrechamente vinculados a contextos políticos más democráticos, más críticos al origen y eficacia de los instrumentos y acuerdos forjados sólo por las potencias imperantes o vencedoras.

Con motivo del centenario del Palacio de la Paz, sede la de CIJ en La Haya, se de- sarrollan conferencias sobre la construcción de la Paz y las lecciones aprendidas en la aplicación de algunos acuerdos. Entre ellos fue analizado el casi también centenario Tratado de Versalles, calificado como un “desastre”, ajeno a factores históricos, geográficos y políticos de la época, lo que abre la reflexión crítica sobre la imprescindible y cualificada participación de todas las partes de un conflicto y no sólo la de los vencedores.

En el ámbito local, y como sucede también en otros países de la región,  acabamos de celebrar un aniversario más de la democracia, el sistema político recuperado, adoptado y adaptado; la forma de gobierno que sostuvimos con dificultades, aciertos y desafíos por ya tres décadas y que todavía nos compromete, más aun si su transformación por la nueva Constitución de 2009 todavía abre interrogantes sobre la voluntad del constituyente, su eficacia y su proyección regional y global.

En este aniversario es encomiable la realización de Julio Peñaloza, Susana Rivero y Andrés Guzmán, quienes bajo el auspicio del Ministerio de Culturas y Turismo presentaron el libro Bolivia en democracia, 1982-2012, una mirada a las constituciones políticas del Estado en la historia; el azaroso presidencialismo boliviano y el tema marítimo en democracia, bilateralismo y multilateralismo.

Se trata de un aporte crítico de protagonistas contemporáneos, quienes reflexionan sobre estos tres temas bajo  perspectivas distintas y con las que su lector puede o no estar de acuerdo, pero que en su conjunto aportan a fortalecer los valores democráticos y las perspectivas de justicia.

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Crisis y momento constituyente

Todos estos acontecimientos abren un momento constituyente para transformar al Estado y procurar un nuevo pacto social

/ 25 de mayo de 2020 / 05:44

Tres sucesivas crisis sacudieron Bolivia recientemente, en cada una se constató que el Estado, sus instituciones y sus líderes no estuvieron preparados para prevenirlas y enfrentarlas; lo cual generó inquietud en una sociedad que espera un Estado más eficaz y confiable.

La primera comenzó a mediados de 2019 con los incendios de la Chiquitanía, que consumieron millones  de hectáreas afectando la biodiversidad. El siniestro abrió un debate sobre políticas públicas fundamentales; la expansión de la frontera agrícola y ganadera, en desmedro del manejo integral y sustentable de las tierras y los bosques, la promoción de biocombustibles, el uso de semillas transgénicas y la transparencia en la dotación de tierras agrícolas, entre otros. A menos de un año de esta catástrofe ambiental se han encendido las  alarmas sobre nuevos incendios de magnitud, y no existe un debate sobre las mejores políticas a adoptar; al contrario, subsiste el manejo discrecional centralizado en esta materia.

La segunda crisis se produjo con las elecciones de octubre del mismo año, cuando las denuncias de fraude electoral y el descontento por la repostulación del binomio presidencial oficialista produjeron protestas y una confrontación violenta, con muertos, heridos y destrozos de bienes públicos. Las instituciones, particularmente el Tribunal Supremo Electoral, y los actores políticos no tuvieron la capacidad para resolver la crisis por las vías legales, en paz. La postura de las  Fuerzas Armadas y el escalamiento de la confrontación precipitaron la renuncia de las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo; y la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como presidenta del Estado, a cargo de un Gobierno de transición que convocó a elecciones en las que pronto decidió habilitar a la misma mandataria como candidata. La crisis no fue solo electoral, se alimentó también de la polarización, corrupción institucional y los cambios políticos en el contexto regional. Abrió la necesidad de evaluar los alcances y el futuro de la Constitución que había superado una década desde su promulgación en febrero de 2009.

La tercera crisis es la pandemia del COVID-19, que está impulsando contagios con víctimas mortales por toda Bolivia. Esta crisis sanitaria ha desvelado las falencias estructurales del sistema de salud en sus diferentes niveles. Para contenerla, el Gobierno transitorio varias medidas de urgencia cerrando el país con una cuarentena generalizada, aprobó expandir la política asistencialista con bonos extraordinarios, y criminalizó las infracciones a las medidas sanitarias y la información no autorizada.

Desde el inicio de la cuarentena se hicieron evidentes las dificultades para los sectores más pobres y vulnerables; la inevitable ruina de muchos emprendimientos; así como las falencias logísticas para suplir alimentos, pruebas, material de bioseguridad y equipamiento hospitalario; en un ambiente opaco en el que no concurre la concertación entre las instituciones centrales con el resto de las desconcentradas, y mucho menos entre actores políticos. Las animosidades todavía frescas por el desenlace del cambio de gobierno y los cálculos electorales cancelan todas las iniciativas para generar un diálogo abierto e inclusivo sobre la crisis.

Si las dos primeras crisis sacudieron al país, la del coronavirus acabó por postrarlo frente a un escenario que transformará su futuro y el de toda la humanidad. Se han desplomado paradigmas y han surgido nuevos desafíos cuya atención es impostergable, para asegurar la subsistencia de las personas, la sostenibilidad de los recursos naturales y económicos, los Estados y sus instituciones. La inversión en salud, alimentación, educación e investigación científica  desplazará otros gastos como los militares o la burocracia improductiva. Será necesario lograr nuevos entendimientos globales sobre economía, energía, gobernanza y cooperación internacional, entre muchos otros asuntos.

En este escenario, los bolivianos tenemos que elegir autoridades nacionales de dos órganos de poder público y seguidamente a las autoridades subnacionales, pero nada conocemos sobre las propuestas de los partidos y candidatos frente a las causas, efectos y remedios para aliviar las consecuencias de las últimas crisis. No existe diálogo ni iniciativas de coordinación y cooperación entre los cuatro órganos de poder público, y menos entre los candidatos para facilitar un proceso electoral ordenado, informado y confiable.

Todos estos acontecimientos abren un momento constituyente para transformar al Estado y procurar un nuevo pacto social, con base en las experiencias positivas y las lecciones aprendidas en el último tiempo. Son muchos y muy importantes los temas que deben debatirse en el momento y por el poder constituyente, cuyos únicos titulares somos los ciudadanos. No hacerlo equivaldría a tener la obligación de votar por los conductores de un colectivo que no tiene destino ni hoja de ruta, ni las condiciones para lograr acuerdos y arrancar. Es tiempo de política seria, no de cálculo electoral coyuntural; de una política próxima a la gente, que ordene y armonice los grandes desafíos con grandes acuerdos.

Eduardo Rodríguez Veltzé, fue presidente de la República y de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.

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El mar y la buena vecindad

La noción de la buena vecindad y sus desarrollos son uno de los fundamentos del derecho internacional.

/ 2 de octubre de 2019 / 23:52

El párrafo 176 de la decisión emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la causa marítima entablada por Bolivia contra Chile dice: “(…) La conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad con el objeto de abordar asuntos relativos a la situación de mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambos Estados han reconocido como un asunto de interés mutuo”. La referencia que hace la CIJ al concepto de buena vecindad como el cimiento para acordar una solución al enclaustramiento de Bolivia tiene particular relevancia; no se puede reducir a retórica forense ni interpretar como consuelo a la conclusión del fallo que estableció que Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con Bolivia.

En efecto, la noción de la buena vecindad y sus desarrollos constituyen uno de los fundamentos del Derecho Internacional. Tanto la Carta de las Naciones Unidas (Art. 74) como la Carta de la OEA (Preámbulo) destacan su valor, y la CIJ lo invocó en algunas de sus decisiones (Canal Corfú, Asilo, Ensayos Nucleares, Gabcikovo-Nagymaros). Los organismos internacionales la asumen como condición esencial de convivencia para asegurar la paz, la seguridad y la justicia. Es una expresión práctica del multilateralismo incorporada en importantes resoluciones de la Asamblea General de las NNUU sobre descolonización (1960); relaciones amistosas y cooperación (1970); definición de agresión (1974); principios sobre buena vecindad (1988); o en la Cumbre Mundial (2005).

La Conferencia de Naciones Africanas y Asiáticas aprobó los Principios de Badung, Dasa Sila y Pancha Sila sobre la buena vecindad (Indonesia 1955, Argelia 1965), que comprenden los valores contenidos en la Carta de las NNUU y sirvieron de base para acuerdos regionales y bilaterales (China-India). Fue adoptado en el Derecho Internacional comunitario europeo, en el proceso de acceso de los estados y en la resolución de conflictos. Las expresiones de buena vecindad pueden comprender también manifestaciones de amistad como la que tuvo el Gobierno de Noruega con Finlandia en 2016 al ceder una pequeña fracción de su territorio con la montaña Halti, con motivo del centenario de su independencia.

Pero si hay un desarrollo normativo trascendental en el Derecho Internacional contemporáneo que contribuye a regular los mares, el mayor espacio común de vecindad entre los Estados, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), aprobada en 1982 y con vigencia desde noviembre de 1994. Bolivia la suscribió el 27 de noviembre de 1984 y la ratificó el 28 de abril de 1995. Este acuerdo establece el orden jurídico de los mares para facilitar la comunicación, su uso pacífico, la utilización equitativa de sus recursos y la protección del medio marino. Define que la zona de los fondos marinos y el subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son “Patrimonio Común de la Humanidad”; y que su explotación se realizará en beneficio de toda la humanidad.

Esta convención también presta especial atención a los intereses y necesidades de los países en desarrollo sin litoral en la realización de un orden económico internacional justo y equitativo. Acuerda para ellos un régimen especial en su relación de vecindad con los Estados costeros para garantizar la libertad de tránsito de personas, equipajes, mercancías, a través de medios de transporte que incluye tuberías, gasoductos y otros medios. Prevé la libertad de tránsito por todos los medios de transporte, sin cargos de aduana, impuestos u otros gravámenes, con excepción de las tasas por servicios específicos prestados en relación con dicho tráfico.

Dispone que cuando las instalaciones y equipos portuarios sean deficientes en cualquier aspecto, los Estados de tránsito y los Estados sin litoral podrán cooperar en su construcción o mejoramiento. Entretanto, los Estados de tránsito deben adoptar todas las medidas apropiadas a fin de evitar retrasos u otras dificultades de carácter técnico en el tráfico. Al efecto pueden obtener asistencia técnica o financiera de terceros Estados o de organizaciones internacionales, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en la convención.

Forjar un espíritu de buena vecindad que anime la aproximación entre Bolivia y Chile es un desafío abierto para la diplomacia y la política de ambos Estados. Con todas sus limitaciones, la justicia y el Derecho Internacional pueden contribuir a la convivencia pacífica y a recordar que todos somos siempre vecinos en un solo mundo.

* Embajador de Bolivia en el Reino de los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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Tanto corazón para tan poco mar

Así como el agua es esencial para la vida, el acceso al mar es también vital para la existencia de un Estado.

/ 22 de marzo de 2015 / 04:00

Un célebre presidente sostuvo que “todos llevamos en nuestra sangre el mismo porcentaje exacto de sal que existe en el océano. Tenemos sal en nuestra sangre, en nuestro sudor, en nuestras lágrimas. De esta manera estamos unidos al océano. Y cuando volvemos al mar, ya sea para navegar o simplemente para mirarlo, volvemos al lugar de donde venimos” (JFK, 1962).

El agua es el elemento más importante para la vida. Según muchos biólogos, la vida viene del mar, el hombre viene del mar. Algunos organismos vivos pueden estar compuestos hasta de un 95% de agua. El ser humano, por ejemplo, está compuesto de un 70% de agua, y sin ir muy lejos el cerebro humano está compuesto de un 80% de agua, y la sangre que bombea el corazón está compuesta de un 92% de agua. Si un ser humano pierde el 10% del agua de su cuerpo, su vida está en riesgo. Es posible que una persona pueda vivir sin alimento, pero es imposible que sobreviva sin agua.

El agua es esencial para el desarrollo de los pueblos, juega un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental. En un paralelo, nuestro planeta está compuesto, al igual que el ser humano, de un 70% de agua. El 97% se encuentra en el mar, del cual un 50% se localiza en el océano Pacífico. Es curioso que a nuestro planeta lo llamemos “Tierra”, cuando la tierra está completamente rodeada, atravesada y dependiente del agua. Vivimos en un planeta en el que el agua es responsable de la vida.

De los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, más del 70% tiene acceso soberano al mar, es decir, que al menos 40 Estados están privados de litoral. Así como para un ser humano el agua es un elemento fundamental para su vida, el acceso soberano al mar es también vital para la existencia de un Estado.

Bolivia es el corazón hidrográfico del continente. La nación bombea los cauces de agua hacia los océanos. Por el norte, a través del río Madera, y por el sur, a través del río Paraguay, se desplaza el agua que nutre al océano Atlántico; y por el oeste, a través de la Cordillera de los Andes el agua de los nevados llega al océano Pacífico, pero paradógicamente Bolivia ha sido privada del mar.

Bolivia enfrenta en los próximos meses una audiencia pública ante el mayor tribunal de Justicia del mundo, pues ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que este tribunal internacional declare y resuelva que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe, pronta y formalmente con Bolivia a fin de otorgarle un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. Bolivia va acompañada del Derecho, el corazón y la razón, por lo que tiene mucha esperanza de que su demanda sea atendida.

 No es casual que el 22 de marzo sea el Día Internacional del Agua y la jornada siguiente, el 23 de marzo, nuestro Día del Mar. El océano y el agua son consustanciales con los bolivianos, así, cuando Felipe Delgado, el personaje de la novela de Jaime Sáenz, conoció el Pacífico ,destacó que “solo el corazón podrá acoger una significación tan alta y verdadera, y podrá sobrepasar en hondura estos abismos que se ocultan a nuestra mirada por un mundo de agua… ¡Tanto corazón para tan poco mar!”.

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Tanto corazón para tan poco mar

Así como el agua es esencial para la vida, el acceso al mar es también vital para la existencia de un Estado.

/ 22 de marzo de 2015 / 04:00

Un célebre presidente sostuvo que “todos llevamos en nuestra sangre el mismo porcentaje exacto de sal que existe en el océano. Tenemos sal en nuestra sangre, en nuestro sudor, en nuestras lágrimas. De esta manera estamos unidos al océano. Y cuando volvemos al mar, ya sea para navegar o simplemente para mirarlo, volvemos al lugar de donde venimos” (JFK, 1962).

El agua es el elemento más importante para la vida. Según muchos biólogos, la vida viene del mar, el hombre viene del mar. Algunos organismos vivos pueden estar compuestos hasta de un 95% de agua. El ser humano, por ejemplo, está compuesto de un 70% de agua, y sin ir muy lejos el cerebro humano está compuesto de un 80% de agua, y la sangre que bombea el corazón está compuesta de un 92% de agua. Si un ser humano pierde el 10% del agua de su cuerpo, su vida está en riesgo. Es posible que una persona pueda vivir sin alimento, pero es imposible que sobreviva sin agua.

El agua es esencial para el desarrollo de los pueblos, juega un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental. En un paralelo, nuestro planeta está compuesto, al igual que el ser humano, de un 70% de agua. El 97% se encuentra en el mar, del cual un 50% se localiza en el océano Pacífico. Es curioso que a nuestro planeta lo llamemos “Tierra”, cuando la tierra está completamente rodeada, atravesada y dependiente del agua. Vivimos en un planeta en el que el agua es responsable de la vida.

De los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, más del 70% tiene acceso soberano al mar, es decir, que al menos 40 Estados están privados de litoral. Así como para un ser humano el agua es un elemento fundamental para su vida, el acceso soberano al mar es también vital para la existencia de un Estado.

Bolivia es el corazón hidrográfico del continente. La nación bombea los cauces de agua hacia los océanos. Por el norte, a través del río Madera, y por el sur, a través del río Paraguay, se desplaza el agua que nutre al océano Atlántico; y por el oeste, a través de la Cordillera de los Andes el agua de los nevados llega al océano Pacífico, pero paradógicamente Bolivia ha sido privada del mar.

Bolivia enfrenta en los próximos meses una audiencia pública ante el mayor tribunal de Justicia del mundo, pues ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que este tribunal internacional declare y resuelva que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe, pronta y formalmente con Bolivia a fin de otorgarle un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. Bolivia va acompañada del Derecho, el corazón y la razón, por lo que tiene mucha esperanza de que su demanda sea atendida.

 No es casual que el 22 de marzo sea el Día Internacional del Agua y la jornada siguiente, el 23 de marzo, nuestro Día del Mar. El océano y el agua son consustanciales con los bolivianos, así, cuando Felipe Delgado, el personaje de la novela de Jaime Sáenz, conoció el Pacífico ,destacó que “solo el corazón podrá acoger una significación tan alta y verdadera, y podrá sobrepasar en hondura estos abismos que se ocultan a nuestra mirada por un mundo de agua… ¡Tanto corazón para tan poco mar!”.

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Indulto, cárceles y el sentido de la justicia

Es indispensable modificar los términos de la legislación penal sobre la detención preventiva

/ 22 de septiembre de 2013 / 04:00

El indulto decretado por el Presidente del Estado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser objeto de encomio y estímulo, al margen de que esta medida pueda aun resultar insuficiente para atender la difícil situación de los centros penitenciarios.

Las cárceles siguen sobrepobladas mayoritariamente con detenidos preventivos, en condiciones deplorables, sin clasificación por la naturaleza o gravedad del delito; y en muchos casos compartiendo con familias, mujeres y niños, lo que resulta ajeno al respeto por la dignidad humana, en contravención a lo establecido por la Constitución Política de 2009. La decisión presidencial contribuye a aliviar ese estado de cosas y aporta a la reflexión sobre la necesidad de recuperar el sentido común en la persecución penal pública, la administración de justicia y el tratamiento a las personas privadas de libertad. 

Hace un año, y desde esta misma columna, me había referido al tema a tiempo de proponer una amnistía más comprensiva, que aporte a recuperar la fe en la justicia, en la convivencia pacífica y en orientar los cambios de un sistema judicial deteriorado e indolente. El Estado Plurinacional viene renovando la codificación judicial, en el proceso especial atención deberá merecer la legislación penal y la formulación de una política criminal sostenida que informe integralmente los alcances de los cambios. 

Sólo a manera de contraste y guardando las distancias, resulta interesante contrastar esta situación con una noticia recientemente publicada en Holanda,  que da cuenta que en este país se cierran o alquilan las cárceles por la disminución de presos. En efecto, se han introducido  modificaciones al sistema penal que facultan a los jueces a imponer sanciones consistentes en horas de trabajo  de servicio a la comunidad en lugar de la prisión. Su aplicación permitió reducir un alto porcentaje de presos, favorecer su reinserción social y evitar su estigmatización por la pérdida de libertad. También disminuyó el porcentaje de reincidentes y reveló ventajas económicas para el Estado y la propia comunidad.

Se trata de encontrar las mejores condiciones para que el Estado, a través de los órganos de poder público competentes, pueda conservar el orden, prevenir y sancionar el delito, sin que en el propósito se vulneren más derechos o se sostengan procedimientos ineficaces y onerosos que retroalimentan el fenómeno que se quiere combatir. Es indispensable, y también urgente, modificar los términos de la legislación penal sobre la detención preventiva; ésta fue y parece seguir siendo una de las causas que distorsionan el régimen penal y en último término el sentido de la justicia.

Es embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y agente ante la Corte Internacional de Justicia.

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