La transparencia constituye uno de los pilares fundamentales de la buena gobernanza. En Bolivia, ha sido consagrada como uno de los valores que sustentan al Estado (Art. 8, CPE) y que contribuye al vivir bien (Art. 4 del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). De hecho, la transparencia y la apertura de la gestión municipal son determinantes para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a la participación y el control social y se haga realidad la visión del Estado descentralizado y con autonomías.    

Hasta ahora, sin embargo, no se han medido los niveles de transparencia en los municipios de Bolivia. Evaluar los grados de transparencia y apertura de la gestión municipal no sólo permite descubrir falencias, las cuales son conocidas y debatidas de forma casi rutinaria cuando se destapa un nuevo escándalo. Una mirada comparativa a los municipios y su gestión también permite identificar buenas prácticas e innovaciones locales que, como se vio en el sistema de participación popular, son claves para hacer realidad el derecho constitucional a la participación y el control social. Algunas instituciones como la Fundación Bertelsmann o Transparencia Internacional presentan índices acerca del funcionamiento del sistema democrático o los niveles de transparencia y corrupción en el país, pero ellos lo hacen desde la perspectiva de “expertos”, alejados del ejercicio ciudadano de búsqueda de transparencia y participación.   

A partir de esta carencia, la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS), junto a la Asociación de los Comités de Vigilancia Acovicruz, propuso en años anteriores un índice que permitía medir y mostrar el grado de apertura de los gobiernos municipales a la incidencia de la participación ciudadana en el departamento de Santa Cruz. Para ello fueron consultados en una encuesta los actores del sistema de participación popular.

Hoy, dos años después y con la experiencia del mencionado proceso, la Red PCCS propone un nuevo índice que analiza la transparencia de los municipios con la doble lupa de las autoridades y la sociedad civil. El principio es que cuatro ojos ven más que dos. Mediante la encuesta tanto al ejecutivo municipal como a representantes de la sociedad civil, no sólo se verifica el respeto de normas existentes, también se busca saber si, más allá del cumplimiento formal, el ejecutivo municipal buscó, con buenas prácticas, una participación de facto, y cuál es la percepción de la sociedad civil de la gestión. Las dos perspectivas son fundamentales: en las experiencias del índice en Santa Cruz se evidenció que las organizaciones territoriales de base (OTB) tenían una mirada mucho más crítica sobre la gestión municipal que los comités de vigilancia.

Medir y comparar la transparencia y apertura municipal no es un ejercicio meramente académico. Con el Índice de Apertura y Transparencia Municipal (IATM) 2013, se espera informar a toda la ciudadanía y contribuir a una cultura de transparencia en Bolivia, justo cuando el país se encuentra en medio de procesos de cambio profundo. Los resultados, que serán presentados en la semana que viene, no sólo son importantes para la sociedad civil, también permitirán a las autoridades compararse e identificar buenas prácticas, es decir, aprender de sus pares.