Hace un año exactamente se desarrolló el operativo censal de población y vivienda, y aún no se han entregado la base de datos ni tampoco los resultados desagregados urbanos-rurales y municipales del Censo 2012. Lo poco que se conoce de los resultados presentados en julio revela inconsistencias demográficas que obedecen mucho más a los errores censales que a los comportamientos y tendencias poblacionales.
A un año del censo, en un tono más bien reflexivo, me formulo las siguientes preguntas: ¿por qué el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dialogó con el colectivo técnico autodenominado la Ruta del Censo, conformado por importantes instituciones como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la Fundación Jubileo, el Instituto Prisma, Tierra y la Fundación Aru, entre otras? ¿Por qué el INE no respondió a innumerables invitaciones que hizo ese colectivo para debatir e intercambiar criterios sobre el modo cómo estaba encarando las fases del proceso censal? ¿Por qué la Ministra de Planificación del Desarrollo llevó hasta el fin el proyecto censal tal como ella lo concibió, en forma tan obstinada y nada transparente? ¿Por qué la titular de la cartera de Planificación sustituyó en los hechos al director del Instituto Nacional de Estadística, restando independencia y confiabilidad al operativo censal y a la institucionalidad del INE?
Como se sabe, la socialización de la boleta fue un simulacro participativo, no fue el resultado de un amplio debate entre los sectores de la población boliviana. Sólo cuando ya estaba aprobada oficialmente se la difundió en la página web del INE.
Por otra parte, la actualización cartográfica, que es la base sustantiva para lograr un operativo de calidad con resultados óptimos, no fue conocida en sus alcances metodológicos y procedimentales. Lo poco que se ha conocido de ella ha sido a través de las declaraciones públicas que hicieron personeros del INE y del Gobierno. Muy poco se ha sabido respecto a una explicación técnica para tener la certeza de que se ha recorrido vivienda por vivienda, a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo que nos hace suponer que la actualización cartográfica se hizo principalmente a través de fuentes secundarias y no mediante un riguroso trabajo de campo.
En suma, el proceso censal fue autoritario y técnicamente inconsistente con el proceso de cambio deseado por el Estado Plurinacional. El INE ha perdido una histórica oportunidad para robustecer su institucionalidad, así como para fortalecer el sistema nacional de información estadística.
Como se sabe, el operativo censal ha costado cerca de $us 20,6 millones, monto que todos los bolivianos tendremos que pagar. Ha sido el censo más caro de la historia y no guarda relación con la calidad de los resultados obtenidos. Y claro, lo peor que puede pasarle a un censo es que nadie use los resultados. Y así será, puesto que las dudas sobre su calidad y consistencia no serán despejadas, porque tercamente se decidió no efectuar una encuesta de cobertura como en los censos anteriores.