La semana pasada hemos tenido que lamentar el deceso de dos obreros debido a la caída de un talud en una construcción entre las avenidas Arce y Del Poeta. Además de riesgos individuales y colectivos, este incidente pone en relieve la pericia en el diseño y ejecución de la obra, responsabilidad de ingenieros que a final de cuentas no son los que ponen en riesgo su vida.
Esta tragedia promueve al menos dos reflexiones. Una referida a la seguridad en el trabajo y la otra, a la seguridad en la ciudad. La cantidad de obreros que han muerto en accidentes que no fueron causados por fenómenos naturales se suman por decenas en lo que va del año. Esto revela que en el ámbito laboral, y más precisamente en el rubro de la construcción, aún no hemos logrado un nivel suficiente de conciencia como para entender el valor de la vida y, por lo tanto, el valor de la seguridad en el trabajo.
Aquí no estamos refiriéndonos a un tema circunstancial. El derecho que tenemos todos bolivianos de regresar sanos y salvos a nuestros hogares luego de una jornada de trabajo es –debería ser– inviolable. Este derecho está vinculado con la calidad de vida y del trabajo. Ahora que las negociaciones sobre los temas del doble aguinaldo han finalizado, es de esperar que las autoridades del Ministerio de Trabajo puedan ocuparse nuevamente de los asuntos propios de la regulación de las relaciones laborales, asuntos como el que se comenta en esta nota.
En relación a la seguridad de los pobladores de La Paz, comprendemos que es una ciudad de riesgo. Si algo hay que reconocer a la actual gestión municipal es el hecho de que al menos se ha empezado a evaluar la magnitud del problema. Nuestra ciudad tiene un mapa de riesgos que identifica 36 zonas vulnerables. A grandes rasgos se puede decir que más del 30% de la superficie del municipio presenta algún riesgo geológico.
Asimismo, es evidente que se ha realizado un esfuerzo interesante, en términos de infraestructura y educación ciudadana, para tratar de prevenir los impactos negativos que ocurren en la época de lluvias. Sin embargo, los esfuerzos que el gobierno municipal está haciendo para mejorar nuestra situación de seguridad son, a todas luces, insuficientes.
Los casos de inseguridad para la población se reproducen desde el lamentable caso del edificio Alcázar, hasta las decenas de denuncias de vecinos, propietarios de departamentos y de viviendas unifamiliares que se ven afectados por construcciones que no cumplen normas mínimas de seguridad al momento de efectuar excavaciones para cimientos, ocasionados por la irresponsabilidad de propietarios y constructores, pero también debido a una respuesta de poca contundencia de parte de las autoridades, que no corresponde con los daños potenciales y reales que estas acciones generan.