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¿Y ahora? La década de la quinua

La producción de quinua es una de las pocas opciones económicas que hay en el altiplano sur del país

/ 2 de diciembre de 2013 / 04:00

Estamos muy próximos al cierre formal del Año Internacional de la Quinua, que ha permitido en 2013 ampliar y profundizar el conocimiento y análisis de la problemática de la quinua en Bolivia y en la región andina del continente a través de una gama diversa de actividades y estudios. Aunque hay datos e información que no siempre coinciden, la superficie cultivada se habría incrementado de  64.789 a 104.365 hectáreas entre 2010 y 2012. Igualmente, el volumen de producción ha aumentado de 38.257 a 50.666 toneladas entre 2011 y 2012, y se estima que este año se producirá algo más de 58.000 toneladas. Los departamentos de Oruro y Potosí producen el 80% de quinua a nivel nacional, y Bolivia representa el 45% de la producción mundial (FAO, 2011). No obstante, la productividad en los últimos diez años habría bajado de cerca de 700 a 570 kg/ha (Mdryt 2009); igualmente el consumo de 2,5 kg/persona en  2000 a cerca de 1,5 Kg/persona en 2011 (FAO, 2013).

Es evidente el desequilibrio en los territorios y ecosistemas en la región, por la reducción de las superficies de tierra destinadas a la crianza de camélidos y la expansión de la quinua, lo que provoca una baja en la producción de carne y disminución del guano, que redunda en la disminución de la fertilidad del suelo.

En el ámbito internacional, más de 70 países producen la quinua: en Sudamérica Perú (que disputa con Bolivia el primer lugar a nivel mundial), Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. En otros continentes: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca, España, Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, Suecia, India, China, Kenia, Marruecos y Mali (FAO 2011). Asimismo, Estados Unidos importa el 63% de la quinua boliviana, lo que hace al país altamente dependiente de un solo mercado.

Ahora que conocemos mejor la problemática de la quinua, no basta con maravillarnos de los avances logrados, ni quedarnos lamentando por los problemas y riesgos identificados. Debemos tener la capacidad de volcar ese mayor conocimiento de la problemática de la quinua, los desafíos y oportunidades identificadas, para lograr que la quinua se consolide como rubro alimentario y de la economía a largo plazo en el altiplano boliviano, especialmente en el altiplano sur, una de las pocas opciones económicas para esta región en mucho tiempo, además de la minería y el turismo, que dejan poco beneficio para la región.

Poner en marcha el Centro Internacional de la quinua puede ser un buen comienzo, y ampliar la superficie cultivada hasta unas 500.000 hectáreas, como parece ser el propósito gubernamental, requiere de políticas y buenas prácticas de gestión territorial para restaurar el equilibrio agrícola-ganadero en la región, con la participación de los diferentes actores implicados; fortalecimiento de las organizaciones económicas; aumento de la productividad de la quinua, de los camélidos y de otros rubros según zonas; apoyo a la certificación, transformación y comercialización; investigación e innovación de tecnologías apropiadas al medio y en una perspectiva de largo plazo, entre otros.

Para afrontar estos retos deberíamos plantearnos la década de la quinua en Bolivia.

Es director general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).

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Uno de los mayores retos que deben afrontar los jóvenes y sus organizaciones es precisamente la participación con autonomía, para no quedar atrapados en estructuras político partidarias, en organizaciones de adultos, en el Estado o en otras instituciones.

/ 24 de agosto de 2014 / 04:05

En la historia de Bolivia la juventud jugó un rol protagónico en los procesos sociales y políticos. Solo remontándonos a la década de los 70 y 80, la participación política de los jóvenes se caracterizó por un fuerte compromiso con el cambio social, la resistencia a las dictaduras militares y la recuperación de la democracia. En el periodo neoliberal, según se profundizó la crisis del sistema político y de los partidos políticos la juventud se alejó de lo político y el protagonismo se transformó en apatía.

Ahora, en el marco de las elecciones de octubre próximo, la participación de los jóvenes hombres y mujeres presenta nuevos rasgos: como nunca hay una preocupación por su inclusión en las listas de candidatos, por el tratamiento de su problemática en los planes de gobierno; estamos conociendo, además, gracias a los medios de comunicación, la calidad de los candidatos jóvenes. Asimismo, organizaciones de jóvenes han establecido acuerdos y alianzas con partidos políticos para su participación en dichas elecciones.

LEY. La Ley de la Juventud 342, que se aplica a las personas comprendidas entre los dieciséis y veintiocho años, establece los derechos políticos de los jóvenes como la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del Estado; concurrir como elector y ser elegible en instancias de representación y deliberación en órganos públicos; participar activamente como elector o ser elegible en la vida orgánica de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales.

Asimismo, el Estado fomentará la participación política de los jóvenes en las instancias de toma de decisión y representación. Igualmente, los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario campesinos, garantizarán mecanismos para la participación política de los jóvenes, en todos los procesos eleccionarios.

Así, la ley parece sentar bases de una participación de los jóvenes hombres y mujeres en la política formal y para formalizar su participación en la política.

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, con datos ajustados a junio de 2014, la población entre 15 y 29 años —rango más próximo al establecido para la juventud según Ley 342— asciende a 2.902.285 habitantes: 826.962 en el área rural y 2.075.323 en el área urbana, y representa el 28,85% del total nacional.

Según la lista de candidatos y candidatas habilitados —cifra provisional que deberá ser completada por los partidos políticos hasta el 28 de agosto próximo—, de los más de mil mujeres y hombres candidatos, el 11% son jóvenes de hasta 28 años, pese a que representan más del 28% de la población nacional y, se estima, alrededor del 33% del padrón electoral.

Del total de mujeres candidatas hasta 28 años de edad, el 44% son titulares; mientras que en el caso de los hombres alcanzan al 29%. Los planes de gobierno de los partidos políticos incluyen propuestas tradicionales sobre educación, salud, cultura, deporte, entre otros; pero también irrumpen elementos novedosos:

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) plantea la participación de los jóvenes en la promoción económica a través de la ampliación del Programa de Jóvenes Contra la Pobreza y la creación del Programa de Jóvenes Emprendedores; opciones que permitan a jóvenes estudiar y capacitarse accediendo a un ingreso económico, para convertir al país en la “capital mundial” de las baterías de litio.

Participación. Por su parte, el Partido Verde de Bolivia (PVB) se propone reforzar la participación de los jóvenes a partir de la creación del Instituto Nacional de la Juventud. Fortalecer la participación y liderazgo en centros educativos y espacios de interacción; asimismo, promover la institucionalización de foros juveniles sobre asuntos de Estado.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) plantea que los jóvenes sean protagonistas del cambio, profundizando y ampliando el programa de primer empleo; que los mejores profesionales jóvenes accedan a instituciones públicas; becas al exterior a fin de contribuir a la innovación e investigación científica; fortalecimiento de microemprendimientos de jóvenes; premiación a las mejores iniciativas empresariales, a través de capital semilla. Promover una mayor participación de los jóvenes en la vida política del país.

El Movimiento Sin Miedo (MSM) propone reforzar el programa “Mi Primer Empleo” y que el 30% de personal de las instituciones públicas y productivas sean jóvenes; que el crédito productivo para jóvenes emprendedores sea empresarial, profesional o agrario, y cuando los inversores sean menores de 28 años gocen de dos años de tributación preferencial.

También plantea para los jóvenes el acceso a la tierra para la producción agraria, con innovación y tecnificación de la agricultura; implementar un programa de alfabetización digital; democratizar las telecomunicaciones y mejorar su calidad. Establecer, además, la cuota electoral “Joven”, en la elección a instancias legislativas y deliberativas; crear el Ministerio de la Juventud.

El frente Unidad Demócrata (UD) establece la agenda de los jóvenes: crear por lo menos 50.000 empleos juveniles por año mediante concurso de ideas emprendedoras financiadas por el Estado; créditos y fondos de garantía; incubadora de negocios, y apoyo impositivo a empresas que contraten jóvenes. Apoyo a que los jóvenes accedan a candidaturas, dirigencias de los partidos y puestos públicos. Creación de una Coordinadora de la Juventud que agrupe a todas las organizaciones juveniles y sirva como un foro del sector.

Consideramos con lo indicado hasta aquí que se avizoran rasgos nuevos en la participación de jóvenes hombres y mujeres en la política. En ese marco, uno de los mayores retos que deben afrontar los jóvenes y sus organizaciones es precisamente la participación con autonomía para no quedar atrapados en estructuras político partidarias, en organizaciones de adultos, en el Estado o en otras instituciones. Mantener la rebeldía permanente y la capacidad de indignación, de propuesta y movilización, puede ser uno de los mayores aportes que los jóvenes y los liderazgos juveniles puedan brindarle al país en este tiempo de transformaciones estatales.

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