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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 12:25 PM

Síndrome de Aguinaldo

Algunos de estos trabajadores han asumido una relación afectiva hacia sus ‘secuestradores’

/ 5 de diciembre de 2013 / 07:07

A partir de la promulgación del DS 1802, referente al pago del aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” a favor de servidores públicos y trabajadores privados, se ha generado una avalancha de reacciones y opiniones favorables y desfavorables por parte de los diferentes sectores, tanto de los beneficiados como de los que se han sentido afectados por la medida.

De lo anterior se observó de manera predecible que la fracción de los empleadores privados, y propiamente el empresariado en sus diversos niveles, inició una intensa campaña en contra de este beneficio para los trabajadores, a través de una ola de amenazas y de amedrentamiento a la población, presagiando oscuros escenarios para Bolivia.

Lo primero que sacaron a relucir fue su arma más tradicional: “la amenaza del despido”. Continuaron con una tarea de intimidación psicológica hacia todos, anunciando de manera agorera una inminente inflación que ocasionaría la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; y asimismo apelaron a la sensibilidad de la gente a través de una lógica autocompasiva, en la que este sector se autocalificó como víctima de esta medida, que fue tildada como “enemiga del empleo”.

Paralelamente promovieron divisionismos al interior de la sociedad, al oponer a los grupos no beneficiados, como los jubilados, en contra de los trabajadores, resaltando enfáticamente que habría sentimientos de rencor de quienes no reciben el beneficio en contra de quienes sí lo reciben, minimizando el impacto de bienestar del sector trabajador, exacerbando los sentimientos de la población a través de opiniones permanentes en los medios de comunicación; asumiendo posiciones contradictorias con su línea como la de señalar, por un lado, que el doble aguinaldo es un abuso y, por el otro, alentar a los jubilados a exigir el cobro de este beneficio, pretendiendo generar un ambiente de conflicto.

A raíz de lo anterior, queda a la vista que las acciones del empresariado pretendieron generar una especie de “secuestro” del sentimiento de bienestar de los beneficiados con la medida, y sustituirlo por sentimientos de miedo y duda. No obstante, lo que más sorprende es que algunos de estos “secuestrados”, de manera sorpresiva, se han dejado arrastrar por la lógica de “sólo si los empresarios están bien, nosotros podemos estar bien”, operando un fenómeno similar al Síndrome de Estocolmo, pues siendo estos trabajadores evidentes “víctimas del secuestro”, asumieron una relación afectiva hacia sus “secuestradores”, haciendo eco en escalas menores de aquella ola de amenazas y amedrentamientos en contra de sus propios compañeros y en contra del común de la población.

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El pacto de Fausto

Un pacto fiscal no puede reducirse a un simple ajuste en la distribución de recursos

/ 2 de julio de 2014 / 05:13

Durante la presente gestión son varios los actores sociales que han hablado acerca de un nuevo pacto fiscal y su pertinencia, un “pacto” que jurídicamente se encuentra previsto por nuestra economía normativa y que tiene por finalidad generar un diálogo de concertación en referencia a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, para poder alcanzar un acuerdo entre los actores socioculturales, económicos y políticos de Bolivia, a fin de definir las bases del crecimiento de nuestro Estado a mediano y largo plazo, permitiendo promover el desarrollo, superar la pobreza y también la posible falta de equidad en la generación, administración y distribución de la riqueza.

Consecuentemente, un pacto fiscal no puede reducirse a un simple ajuste en la distribución de recursos, sino que previamente debe superar los paradigmas de una gestión pública burocrática y cortoplacista, por una gestión oportuna, transparente y con calidad, que tenga proyecciones a mediano y largo plazo.

En este sentido, preocupa que algún partido político que pretende participar en las elecciones nacionales, en una lógica electoralista, proponga a la población su propia versión de pacto fiscal, con una visión reducida a un simple pacto rentista que se centra principalmente en proponer una antojadiza distribución de los ingresos, sin profundizar siquiera un poco en cómo se generarán estos recursos que se pretende distribuir. Por otra parte, también es clara la intencionalidad de querer con este pacto echar mano de las recaudaciones tributarias. Finalmente, es alarmante la fuerte carga electoralista aparejada al discurso demagógico con que promueve su propuesta de pacto fiscal, sin tomar en cuenta que este es un tema pendiente del proceso constituyente, fundamental para el desarrollo de nuestro país, y por tal motivo debería ser abordado con absoluta imparcialidad y mucha responsabilidad.

Por todo lo señalado, llevar adelante un acuerdo fiscal según la propuesta de este partido político sería como hacer un pacto con Mefistófeles (El Diablo) al igual que Fausto, el personaje de la obra trágica de Goethe que intercambia su alma a cambio de conocimiento y placeres mundanos.

No olvidemos que en la obra literaria Mefistófeles le ofrece a Fausto hacer todo lo que quiera mientras viva en la tierra, a cambio de que éste le sirva en la otra vida, induciéndole a creer que podía manipular y dominar al Diablo; pero al final Mefistófeles es quien conduce a Fausto según su deseo, para que éste se entregue a sus diabólicos juegos. De la misma manera hoy en día estos grupos políticos ofrecen un pacto fiscal seductor y engañoso a cambio de la confianza de la gente, induciéndola a vender su alma por nada, pues al final de todo esto, ese acuerdo propuesto seguramente es un “pacto con el Diablo”.
 

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¿Capitalidad para qué?

Resulta absurdo reavivar una discusión estéril que difícilmente va a llegar a un consenso

/ 13 de noviembre de 2013 / 04:02

Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que ser conscientes de que nuestro país debe continuar llevando adelante una serie de cambios y transformaciones trascendentales para poder estar en concordancia con su propia realidad y también con los tiempos actuales que estamos viviendo. Uno de los grandes desafíos que debemos encarar como país es el superar definitivamente las viejas lógicas y las viejas estructuras históricas, políticas y sociales heredadas de un modelo anacrónico que muchas veces ha rezagado en el tiempo a nuestro Estado.

En razón de lo anterior, resulta incongruente que en pleno siglo XXI, cuando se deben afrontar cambios para el futuro, el líder de un movimiento político que está queriendo ingresar a la carrera electoral plantee, como parte de su agenda, restaurar a través de un proceso constituyente un conflicto histórico, político y regional entre dos departamentos de Bolivia, que data de finales del siglo XIX (Guerra Federal Boliviana, 1898-1899), como es la “Capitalidad de Bolivia”, problema que se superó tras largas y dolorosas jornadas de debate y confrontación y que concluyeron con la incorporación de un texto en el Art. 6 de la norma constitucional, que señala: “Sucre es la Capital de Bolivia”.

Sin embargo, más allá de lo que se señala, también sorprende que en una especie de réplica sísmica sea el líder de un movimiento político regional ajeno a los departamentos involucrados, y que también se encuentra transitando en las lides electorales, quien haga eco de esta peligrosa propuesta de discutir nuevamente los pormenores de este necrosado conflicto.

Es entendible que en una lógica histórica y política se deba mirar hacia atrás para no repetir los errores del pasado, pero no por aquello se debe pretender reavivar, a través de un proceso constituyente, una discusión estéril que difícilmente va a llegar a un consenso, y que sólo va a reabrir viejas heridas del pasado, avivando pasiones regionales y despertando rencores históricos sin solución.

Por todo lo señalado, los liderazgos políticos que pretendan dirigir nuestro país en el futuro deberán pensar seriamente cómo llevar adelante diálogos en consenso, que permitan desarrollar políticas acordes con un Estado en proceso de transformación, que amplíen la base de legitimidad del Estado incorporando definitivamente a los sectores excluidos, pero principalmente que hagan una realidad las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere la Bolivia del siglo XXI, dejando de lado definitivamente esa vieja discusión que nació de una guerra intestina de nuestro país en el siglo XIX, y que sólo ha generado confrontación, resentimiento y penas para nuestro pueblo.

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El seísmo de los 8.309

Un incremento salarial de esta magnitud supondría un verdadero terremoto económico-social

/ 28 de marzo de 2013 / 04:09

Para la presente gestión, la Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno un pliego petitorio que incluía el pago de un salario mínimo nacional (SMN) de Bs 8.309,50; es decir, un incremento de más del 700% respecto a la gestión anterior. Una petición de tales características se presenta como una propuesta reivindicativa bastante tentadora, más aún cuando muchos nos vemos obligados a realizar verdaderos malabarismos con nuestros ingresos para llenar los platos de comida de nuestras familias.

Sin embargo, dar curso a un incremento de esta magnitud supondría un verdadero terremoto político, económico y social; puesto que el Estado no tiene posibilidades para hacerlo efectivo; y en caso de llevarlo adelante, le generaría graves problemas, como un mayor déficit fiscal y un costo adicional al TGN, que reduciría dramáticamente la inversión en programas y proyectos de beneficio común.

Este sombrío escenario, que contempla sólo el pago de salarios a los trabajadores asalariados del sector público, se complejiza cuando el Estado debe ver la sostenibilidad del referido incremento. Es decir, que el aumento no será para una sola gestión, será inflexible a futuro, y en ese sentido, el impacto negativo que se describe anteriormente adquirirá un carácter perenne y progresivo. De esta manera, tal incremento del SMN no sólo afectaría al Estado, sino también a numerosos sectores de la sociedad que desarrollan micro, pequeñas y medianas actividades comerciales, de producción, o servicios y que contratan trabajadores para cubrir sus requerimientos. Estos pequeños empleadores, al tener sobre sus espaldas una responsabilidad económica tan grande, cerrarán sus negocios o retirarán parte de su personal, pues demandarían obligaciones superiores a las ganancias.

Consecuentemente, con carácter inmediato tendríamos un despido masivo de trabajadores, juntamente con la quiebra o el endeudamiento de los pequeños empleadores que cesarían en sus actividades y tendrían que pagar elevados beneficios sociales e indemnizaciones. Por otra parte, los negocios y empresas que soporten el incremento salarial elevarían el precio de los bienes o servicios que ofertan, a fin de cubrir sus costos sin afectar sus ganancias. Así, el precio de los productos de la canasta familiar se incrementaría de manera considerable, ocasionando la consecuente insostenibilidad y el colapso de la economía del país.

Finalmente, al incrementar el SMN en la cuantía señalada, también se ampliaría la brecha entre la población trabajadora y las personas desempleadas, quienes serían desplazadas a la marginalidad, por lo que el incremento, lejos de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, los sumiría más en una inestabilidad.

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