La transición de la forma de organización de sindicato a una estructura empresarial probablemente conlleve muchas complicaciones. A pesar de ello, uno de los más antiguos sindicatos de transportes de la ciudad de La Paz anunció que dará este importante paso en un futuro próximo; y es que una transformación en tal sentido también puede tener grandes beneficios.
En efecto, más allá del cambio de nombre, que de suyo es simbólico en cuanto a modernización del servicio, esta nueva forma de organización tiene el potencial de generar una serie de ventajas para los usuarios —en el futuro clientes—, pero también para todos los demás involucrados.
En primer lugar se espera que los usuarios/clientes contarán —contaremos— con un servicio que, al ser proporcionado por una empresa, tendrá una modalidad muy precisa de regulación en cuanto a la asignación de rutas, calidad del servicio, horarios, etcétera.
En segundo lugar, se espera que se beneficien los así llamados trabajadores del volante. Por su naturaleza jurídica, una empresa debe cumplir una serie de normas en relación con las condiciones laborales que otorga a sus trabajadores; por lo tanto, se espera que las condiciones de salarios, horas de trabajo y beneficios sociales se transformen para bien.
En tercer lugar se espera que se beneficien los propios empresarios del transporte. Al definir rutas, condiciones y horarios entre una persona jurídica y el Gobierno Municipal, se supone que las pugnas, pleitos, pedradas y enfrentamientos físicos que en su momento han marcado la relación entre los transportistas, las juntas vecinales y las autoridades queden en el pasado.
Las consideraciones anteriores se basan en un análisis muy simple: el transporte público es, hoy por hoy, un negocio privado. Pero hasta el momento se mantiene una lógica dual, pues los prestadores del servicio aparecen como miembros de sindicatos que rememoran las organizaciones sindicales de artesanos cuentapropistas de principios del siglo pasado.
La realidad es que el cuentapropismo en el transporte ya no es la forma predominante de organización, y que el “asalariamiento” de choferes está bastante extendido, vía acuerdos de remuneración similares al destajo.
Entonces, bajo esa lógica dual, tenemos la paradoja de que, cuando se trata de modificar las condiciones de prestación del servicio, especialmente las tarifas, son las masas de choferes asalariados las que salen y ejercen medidas de presión —tan eficaces como perjudiciales— para defender los intereses de los patrones. Esta extraña distorsión debería desaparecer con la creación de la empresa de transporte y, en general, se esperaría una mejora en las condiciones de vida de quienes habitamos esta ciudad. Enhorabuena por la iniciativa.