Como fotógrafo de prensa me tocó cubrir varias represiones de las fuerzas del Estado (policías, militares o la fuerza conjunta) contra ciudadanos de determinados sectores, que organizados buscaban reivindicar sus derechos o lograr ciertas demandas a través de marchas, bloqueos u otras formas de protesta. Sin embargo, nunca presencié el uso de agentes químicos o de golpes directamente contra niños. Algo que ocurrió días atrás en inmediaciones de la plaza Murillo, cuando un grupo de menores protestaba contra el Código del Niño, Niña, Adolecente, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, y que restringe el trabajo a los menores de 14 años. Un hecho indignante desde todo punto de vista, que muestra, una vez más, que los grupos minoritarios, como los indígenas de tierras bajas, discapacitados, o niños desfavorecidos no tienen derechos a la libre protesta. Además, negarles a los niños pobres la posibilidad de trabajar, sin darles ninguna alternativa, es prácticamente negar su existencia y negar una realidad concreta.
El debate acerca del trabajo infantil y fundamentalmente sobre el aborto es un falso debate. El cálculo político es lo que importa. El estar bien con Dios, con el poder de la Iglesia y con toda la comunidad de feligreses que representan la gran masa de votantes para 2014 es el meollo del asunto. El debate en la Cámara Baja solo es una puesta en escena, una fachada a los verdaderos intereses políticos.
El gran índice de madres solteras muestra que el matrimonio es una institución social en decadencia. La mejora de los derechos y las cualidades profesionales de la mujer, y por ende una independencia económica, ha construido un nuevo paradigma social sin la presencia del padre como jefe de la unidad familiar.
También es evidente que mujeres de toda condición social recurren al aborto por diferentes razones: abusos, inmadurez, ignorancia, abandono, soledad, angustia, miedo a la represión social o incluso familiar. Las de mejores condiciones económicas acceden a esta práctica en clínicas privadas; el resto, en consultorios clandestinos en condiciones de alto riesgo.
Como afirma José Mujica, presidente de Uruguay, “nadie puede estar a favor del aborto como principio, pero la realidad es otra”. Las mujeres en riesgo seguirán siendo una realidad y el Estado de debe hacerse cargo de la prevención, control y ayuda para evitar mayores pérdidas humanas. De lo contrario, la cantidad de bebés abandonados, de niños huérfanos, de trabajadores reclamando por su derecho a trabajar, a existir, será cada vez mayor, y la trata de personas aumentará al igual que la explotación y el abuso infantil.