Según informe presentado días atrás por el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Erik Ariñez, la recaudación tributaria de este año creció un 23% respecto a la gestión 2012. Esta cifra se traduce en un ingreso fiscal de Bs 42.000 millones, equivalentes al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), esto que marca un récord en la gestión del SIN.
Más allá de las cifras y las comparaciones, el informe resalta que algo más de la mitad de los ingresos fiscales se concentra en el sector hidrocarburos, con los impuestos Directo y Específico a los Hidrocarburos (IDH e IEDH), lo que refleja el alto nivel de dependencia que las cuentas nacionales tienen de este sector extractivo.
Esta composición tributaria llama a la reflexión e induce a realizar dos preguntas a las autoridades fiscales. La primera: ¿todos los posibles contribuyentes están tributando de manera equitativa?, y la segunda: ¿en qué actividades o qué tipo de inversiones se están efectuando con los impuestos? La respuesta a estas dos interrogantes podrá impulsar una más equilibrada recaudación tributaria quitándole la presión sobre el sector de hidrocarburos.
El principio de equidad tributaria sugiere que quienes tienen más deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, pero todos deben aportar.Aspecto que no se aplica de manera efectiva en el país. Aún existen sectores en la economía informal que evaden sus obligaciones impositivas, y en muchos casos son los principales beneficiarios de los esfuerzos de inversión pública.
Es necesario que los mecanismos de mitigación de evasión fiscal sean más eficientes en estos sectores informales, puesto que en muchos casos, medianos y grandes contribuyentes disfrazan su verdadera condición en regímenes tributarios especiales, a los que por tamaño o naturaleza de su actividad económica ya no corresponden, causando obviamente perjuicios a la recaudación del SIN.
En un segundo plano, los gastos e inversiones estatales efectuados con estos recursos tributarios debieran responder a una racionalidad asociada a la obtención de la máxima rentabilidad social posible, en beneficio de los contribuyentes que pagaron efectivamente sus impuestos. Si bien es deseable que el Estado asigne los recursos tributarios en función a las desigualdades económicas a través de mecanismos compensatorios, también es relevante que exista algún criterio de prestación de servicios públicos de calidad para aquellos que cumplen “religiosamente” con el pago de sus impuestos.
Es cierto que de los impuestos no podremos librarnos, pero al menos debieran ser retribuidos en salud y educación de calidad, seguridad ciudadana, inversión pública con alta rentabilidad social y en un aparato público eficiente y humano, porque algún día los hidrocarburos se agotarán y los ingresos fiscales se mermarán.