Si se hace una encuesta entre los usuarios de la administración pública, se encontrarían casos similares a los que relato a continuación y que espero sirvan para pensar cómo desburocratizar la administración pública.
Comencemos con la inspección técnica vehicular, que se encuentra en proceso. Las colas son de hasta seis horas en La Paz, lo que es un abuso al ciudadano. Además, cómo no, se le suman requisitos, hay que presentar el original del Registro Único Automotor (Ruat) con su fotocopia (antes bastaba con la fotocopia). Pero si se continúa pagando el vehículo, los papeles originales los retiene el banco, por tanto, la solución es que entreguen una copia con un sello que diga que el original está en su custodia. El asunto es un fastidio, ya que cuando se conduce en la noche se cruzan decenas de vehículos “tuertos”, porque tienen un solo farol o cuando van por delante, se pueden ver sus luces de freno quemadas y, lo peor, es enterarse que varios carros terminaron incrustados en algún edificio porque les fallaron los frenos. ¿Cuándo les hicieron inspección técnica a esos vehículos? ¿El objetivo no es acaso verificar que todo funciona correctamente para evitar accidentes? El Ruat es computarizado, ¿para qué se necesitan documentos originales y fotocopias en papel, si se tiene todo digitalizado?
Otro trámite absurdo es el registro de importador que se debe realizar en la Aduana cuando envían cualquier cosa desde el extranjero; así se trate de unos lentes de aumento usados, que olvidó en algún viaje y que intentaron devolver vía courrier; o una computadora personal con la pantalla rota, que la hija de una amiga, becaria en Holanda, mandó de regreso a su madre. Ahora ella se ve en la obligación de registrarse como importadora en Bolivia para recuperar el inservible aparato. ¿Es que el contrabando en Bolivia ingresa por vía de las empresas de correo rápido? ¿Cuál es el sentido para que no podamos gozar de un servicio puerta a puerta, como en cualquier parte del mundo?
El último caso tiene que ver con una institución pública que respeto, porque me consta que hace grandes y sinceros esfuerzos por mejorar el comportamiento ético de sus servidores públicos y avanzar hacia la desburocratización, por ello no mencionó su nombre. Trabajé allí durante nueve meses como consultor de línea, y como es normal, cada mes debía presentar un informe de avance. Lo notable es que el informe tenía que ser entregado por triplicado, acompañado en cada oportunidad de copias de cinco o más documentos que no variaban nunca, entre ellos mi contrato y términos de referencia. Es decir, estos documentos presentados en nueve ocasiones a tres reparticiones distintas de la entidad pública estarán repetidos 27 veces y, seguramente, cada repartición mandará a empastar con tapa dura todos estos documentos con el rótulo dorado: Gestión 2013. En unos años esos empastados pasarán a engrosar el sobresaturado, húmedo y empolvado archivo institucional, para eternas memorias.
Preguntar dónde queda el principio de buena fe puede ayudar a mejorar los procesos. Es fundamental confiar en los ciudadanos, para ofrecer una administración pública que funcione mejor y sea menos corrupta. Está probado que entre más pasos burocráticos innecesarios existan, las probabilidades de corrupción son mayores. Los desesperados usuarios se corrompen, ofreciendo coimas para tratar de conseguir lo que deben obtener sin tanta ridiculez burocrática, y como sabemos, nuestros servidores públicos no ofrecen gran resistencia.