El 19 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Bolivia, Denis Racicot, afirmó que la justicia boliviana se encuentra en una profunda crisis. “Los problemas son estructurales, de larga duración…”, sostuvo. Asimismo, el representante de UE en el país aconsejó adoptar medidas urgentes para detener la “decadencia del Órgano Judicial”, para que la administración de justicia pueda recuperar su credibilidad. “La justicia boliviana padece de cinco enfermedades que la tienen en terapia intensiva”, agregó.
A su vez, el Vicepresidente del Estado afirmó que la “justicia está muy mal; estuvo muy mal antes y hoy está igual de mal que antes”. De igual manera, Jorge Von Borries, decano del Tribunal Supremo de Justicia, dijo a los medios de comunicación que “la justicia está igual o peor que antes”. Las anteriores expresiones revelan el nivel de deterioro en que se encuentra la justicia de nuestro país.
En materia penal, la situación es más dramática, porque lo que allí se juega es la libertad de las personas. Según datos oficiales, la detención preventiva ha llegado a extremos con el porcentaje más alto que se tenga memoria: el 84% de la población penal. Es decir, personas que están encerradas pese a que, según la CPE, son inocentes por no pesar sobre ellos ninguna sentencia ejecutoriada que los declare culpables de algún delito.
Según el Código de Procedimiento Penal, así como convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, la detención preventiva solo se debe aplicar en casos excepcionales. No obstante, en Bolivia esta medida extrema se la aplica como si fuera la regla y no la excepción. En materia civil, la situación no es menos dramática. Los juicios civiles duran una eternidad; la corrupción, la ineficiencia y la falta de acceso a la protección judicial caracterizan al Órgano Judicial.
Que la justicia está peor que antes y que no hay señales de que pueda mejorar es una realidad que ni los magistrados discuten; no obstante, tampoco es que se haga mucho para mejorarla. La crisis judicial ha tocado fondo y es necesario y urgente renovar a todos los administradores de justicia. El país necesita jueces capaces y probos que no accedan al cargo solo para ganar un sueldo reproduciendo viejas prácticas procesales. Se necesitan magistrados comprometidos con la justicia, que erradiquen los viejos y obsoletos paradigmas de la justicia colonial, elitista y discriminadora; que comprendan que la función de un juez es un servicio público fundamental, y que por tanto, no es suficiente contar con un título de abogado para ser juez, sino que además es esencial tener la aptitud para serlo. Para alcanzar este objetivo, los jueces deberían ser seleccionados por méritos profesionales y éticos, y no por afectos o desafectos políticos o personales.
Gobernantes y gobernados saben que la justicia está mal y que hacen falta remedios radicales y urgentes si se quiere mejorarla. Ahora que se están aprobando nuevos códigos, sería oportuno sustituir a todos los jueces y magistrados por otros profesionales que sean seleccionados y designados bajo nuevos criterios. Nuevos códigos con nuevos jueces es el desafío. De lo contrario, la justicia seguirá siendo lo que es: la mayor expresión de injusticia.