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domingo 20 jun 2021 | Actualizado a 06:23

Congreso de los socialistas europeos

Cuando se den cuenta de su poder, los grupos informales exigirán reemplazar al MAS en el gobierno

/ 9 de enero de 2014 / 04:01

La prensa boliviana se ocupó muy poco de la intervención del Vicepresidente en el Congreso de los socialistas europeos. La importancia de esta participación radica en que ha terminado de situar a Bolivia en el mapa teórico-práctico mundial de las transformaciones revolucionarias. Y esto no es casual, sino el resultado de una realidad. Los rusos mostraron en su momento la capacidad del proletariado para conducir los cambios, los chinos, la importancia del campesinado, y los cubanos, la fuerza de la clase media. Lo nuevo del caso boliviano fue que demostró la capacidad de los movimientos sociales y especialmente de las organizaciones étnicas para conducir y empoderarse del “proceso de cambio”.

Y éste no es único mérito del fenómeno. Las políticas redistributivas del Gobierno central (como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad), que pasan también por los canales municipales a través de los contratos, y la legislación que favorece a los sectores informales, han permitido el surgimiento de una capa pueblerina acomodada. Esto le da sustento al Vicepresidente para dirigirse con autoridad ante una intelectualidad revolucionaria que evidentemente se ha estancado hace muchos lustros.

El reconocimiento de los méritos del presente proceso no quiere decir que no tenga sus limitaciones, deformaciones o desvaríos, y que su análisis equilibrado podría ayudar a pronosticar su destino. Por ello, hacerle notar al vicepresidente García Linera las limitaciones de este proceso y su posible remate final que, a mi juicio, no tiene nada que ver con el “socialismo del siglo XXI”, sería una buena contribución a la ciencia política que se construye desde Bolivia.

El verdadero poder económico del país se encuentra en los grupos detentadores de la economía informal, como son los gremiales, los transportistas, los contrabandistas organizados, los cocaleros, los cooperativistas mineros y los importadores informales que lavan el dinero procedente del narcotráfico. Todos ellos basan su accionar en el mercantilismo y son exitosos porque crecen a costa del Estado. El mercantilismo es, entonces, el que está produciendo una acelerada “acumulación primaria de capital”, lo que concluirá por transformar a una parte de los sectores informales “de clase en sí a una clase para sí”. Es decir que, cuando se den cuenta de su poder, exigirán reemplazar al MAS en el gobierno y lo harán no a nombre de un “socialismo del siglo XXI”, sino a nombre de una nueva burguesía, cuyas características de agresividad, ética construida en contra del Estado, y dudosa moralidad harán de este país algo muy diferente de lo que hemos conocido hasta ahora.

Esta evolución de las fuerzas fácticas de la economía irá imponiéndose poco a poco hasta llegar al nuevo Estado burgués, que se avizora en lontananza, ya que aún no existe en el ámbito mundial, y menos a nivel de un solo país, una salida hacia una verdadera reorganización de la sociedad que conduzca al equilibrio entre el planeta y la acción depredadora de ese cuerpo social que se llama Humanidad.

Por todo lo señalado, parece muy oportuno que el Vicepresidente se dirija a la intelectualidad y los activistas políticos de la izquierda europea para reclamarles la necesidad de construir, junto con nuestros pueblos, el nuevo macrodiscurso, a fin de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases y evitar así el caos futuro y que con tanta irresponsabilidad tolera la actual intelectualidad. Esto significa derrotar a los ideólogos posmodernistas que, aceptando la globalización como un hecho inobjetable, niegan la posibilidad de encontrar un sistema nuevo e integral que asimile, en función de los intereses del hombre, los fenómenos de la mundialización y su natural consecuencia: la necesidad de una propuesta global para la reorganización completa de la sociedad.

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El neoproteccionismo

¿Cuál es la realidad y cómo será la sociedad que prefiguramos para el inmediato futuro?

/ 9 de mayo de 2018 / 04:07

Existen numerosos ensayos sobre el tipo de sociedad en la que tendremos que vivir en el inmediato futuro. Los más optimistas, con formación humanista, piensan que lograremos construir un mundo nuevo más solidario y menos cruel, basándose en lo conseguido hasta hoy en materia de derechos humanos y democracia. Otros, apocalípticos y con muy escasa fe en los valores de la humanidad, pronostican un mundo con acentuación de las diferencias entre los individuos, y llegan incluso a referirse a la nueva sociedad con un “sálvese quien pueda”. Y entre estos dos extremos existe una amplia gama de interpretaciones. Los más objetivos perciben que los principios del egoísmo se están imponiendo en la sociedad, tal como lo expresa el principio de la competencia, calificado de ineluctable.

¿Cuál es la realidad y cómo será la sociedad que prefiguramos para el inmediato futuro? La primera constatación que podemos hacer en las sociedades desarrolladas es la tendencia a la disminución del empleo pleno, motivada por dos causas: la acción de robots cada vez más perfeccionados para la producción, y el exceso de mano de obra provocado por las oleadas de inmigrantes que se introducen legal e ilegalmente a los países industrializados.

Estos dos fenómenos están reduciendo las fuentes laborales, o por lo menos están causando la disminución de la jornada remunerable de trabajo, con las consiguientes consecuencias que ello implica en el deterioro del alto estándar de vida de los habitantes. Ahora bien, estas consecuencias todavía no están siendo atribuidas a la expansión de los robots, sino a las oleadas de los inmigrantes, con lo que concluye que éstos representan una amenaza a su propia seguridad.

Pero no solo se trata de un rechazo contra los inmigrantes. Las políticas que está adoptando el gobierno de Trump, bajo el eslogan de “America first” (América primero), está conduciendo a limitar la salida de capitales de Estados Unidos hacia otros lugares geográficos, junto a la restricción del intercambio de mercancías no producidas en su propio territorio.

Estas expresiones del egoísmo humano también se están dando al interior de la Unión Europea. El brexit, la independencia de Cataluña o el surgimiento de las corrientes fascistas no son otra cosa que intentos por no compartir las ventajas logradas por varias de estas sociedades frente a las regiones menos desarrolladas. Los ideales de derechos humanos y de solidaridad que han llegado a ofrecer de una manera u otra los países de la UE, con base en la filosofía de la Social Democracia evolucionada en los últimos 50 años, no solo están siendo considerablemente limitados, incluso los líderes que representan estos grandes valores previsiblemente muy pronto quedarán rebasados por las exigencias de la propia población.

Por otra parte, China y otros países asiáticos con igual desarrollo serán los únicos que continúen defendiendo las políticas de globalización, ya que éstas les permiten inundar al resto del mundo con sus mercancías baratas. Con ello, los países de menor desarrollo relativo no tendrán otra alternativa que ingresar al proteccionismo de sus pocos productos industrializados y sobre todo de sus materias primas, mediante asociaciones mundiales de productores tipo OPEP.

Sin embargo, como todo depende de la correlación de fuerzas, los países de mayor desarrollo económico, sean proteccionistas o de libre mercado, tendrán mejores condiciones para imponer un comercio favorable a sus capitales y productos industriales; con lo que el comercio desigual seguirá pesando en el desarrollo no equitativo del mundo.

Todo indica que en el futuro inmediato no será posible revertir esta tendencia del neoproteccionismo, y tendremos que ingresar a un mundo mucho más cruel y competitivo. Entretanto, añoraremos la solidaridad proporcionada en las décadas pasadas especialmente por los países nórdicos, que hoy en día también están en vías de transformación. ¡Un camino triste pero real!

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El conflicto del oro

La actual CPE plantea el derecho de los bolivianos de formar empresas comunitarias o sociales 

/ 6 de noviembre de 2015 / 04:00

En nuestro país, reiterativamente se producen conflictos sobre los derechos de explotación de las áreas mineras. La visión de la anterior CPE, siguiendo la tradición del derecho real, rezaba que eran del dominio exclusivo del Estado las riquezas naturales contenidas  en el subsuelo, cuya explotación podía ser concedida a particulares para su aprovechamiento. De esta manera, resultaron beneficiados los habitantes pudientes de las ciudades y también los capitales extranjeros.

Un intento de cambio dirigido a reconocer el derecho de los pueblos originarios y campesinos vino con la nueva CPE en las siguientes disposiciones: Art. 349 I: “Las riquezas naturales son de propiedad del pueblo boliviano y, el Estado, solo el administrador de estos recursos en función del interés colectivo”. Muchos otros articulados del mismo documento se relacionan con los derechos de los habitantes sobre los que estos recursos se encuentran como el Art. 352 sobre la consulta previa (“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada…”), y el artículo 353 que se refiere a los beneficios provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. (“El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”).

Adicionalmente, la actual CPE también plantea en varias de sus disposiciones el derecho de los bolivianos de formar empresas comunitarias o sociales de producción (Art. 54. III y Art. 406 II) que, en la realidad apenas sí han sido promocionadas porque se refieren a las actividades agrícolas y no involucran a los recursos no renovables.

Si se hubiera sido consecuente con los postulados de inicios del gobierno del MAS, cuando estaba en su línea ideológica la defensa de los pueblos originarios y campesinos, el resultado habría sido la formación de empresas que bien podrían haber sido empresas comunitarias, asociadas con cooperativas, con empresarios privados nacionales o, finalmente, con capitales extraterritoriales que hubieran garantizado que tal actividad les rinda beneficios tal como está planteado en el Art. 353.

Y es justamente de esta manera que podría darse una solución justa y equitativa al presente y futuros conflictos mineros reconociéndose que los pueblos en los que se asientan riquezas minerales, tengan el derecho de formar sus propias empresas comunitarias o bien exigir a las empresas que exploten los recursos minerales de sus territorios les proporcionen en primer lugar trabajo a sus miembros y luego  un beneficio monetario tangible a la comunidad, fuera de las regalías,  como parte de las ganancias de esas empresas cualquiera sea su estatus privado o cooperativo y todo bajo la vigilancia del cumplimiento medioambiental que es necesario mantener.

Esta orientación en la concepción del desarrollo y explotación de nuestros recursos minerales no solo podía haber tenido el mérito de evitar los conflictos que se vienen produciendo entre comunarios y empresas sean cooperativas o emprendimientos privados, sino que hubiera sido un justo reconocimiento de los derechos ancestrales que tienen los habitantes de estas áreas para salir de la pobreza y, en muchos casos, de la pobreza extrema. 

Si se formulaba una adecuada reglamentación para estas acciones, la medida hubiera dinamizado la explotación de nuestros recursos de la manera más variada y con magnitudes también diferentes, de acuerdo con la importancia y valor del recurso, dejando entonces beneficios tangibles para la zona y el país. Todavía más, esta apertura hubiera sido de tal magnitud que la importancia de nuestra producción minera hubiera permitido la creación de los más variados polos de desarrollo para el país en general.

Sin embargo, esta visión del desarrollo minero estaba fuera del horizonte de los promotores del actual cambio, cuyas ideas originales todavía se han ido degradando más al punto de haberse aprobado el Art. 2. II de la nueva Ley Minera de 2014 que reza: “Ninguna persona natural o colectiva, aun siendo propietaria del suelo, podrá invocar la propiedad sobre los recursos minerales que se encuentren en el suelo y subsuelo”,  que no representa otra cosa que la vuelta al régimen tradicional y conservador de la anterior Ley 1777 y que expresa, en los hechos, la subalternización de los indígenas y campesinos sobre sus ancestrales derechos.

La aprobación de esta disposición ha mostrado que ha triunfado el gran sector cooperativista que trabaja en los hechos con una gran informalidad, es decir, un sector que apenas tributa al Estado por lo que está sirviendo de vehículo a la informalización de grandes capitales, especialmente en la actividad aurífera debido a que el oro todavía mantiene un precio expectable frente a la baja del resto de minerales y que, además, por su “fluidez”,  permite burlar todo impuesto al fisco.

La propuesta inmersa en este análisis significa tomar el principio de la legislación anglosajona de que las riquezas pertenecen al dueño del terreno superficial. La diferencia importante para nosotros es que no se trata de defender la apropiación particular de estas riquezas como sucede en EEUU, por ejemplo, ya que la tierra en nuestro país es de propiedad colectiva y pertenece a los más variados pueblos originarios, es decir que los beneficios de la misma favorecerían a conjuntos sociales amplios y ancestralmente propietarios de todas estas riquezas. Aunque el principio jurídico sería el mismo contenido en el derecho anglosajón, la significación es altamente progresista para Bolivia porque permitiría una movilización dinámica en la explotación de estos recursos que podrían provocar un salto cualitativo en el desarrollo de la minería, fuera de contribuir eficazmente a la eliminación de la pobreza y pobreza extrema en amplias zonas geográficas del país.

La interpretación dada es toda una política de Estado que ya no es posible esperar sea realizada por el presente gobierno. Esto quiere decir que los indígenas y campesinos y el país en general tendrán que esperar por otro actor político —que ni siquiera tendrá que ser revolucionario—, para comprender la necesidad de una orientación de esta naturaleza para dinamizar al sector minero y, con ello, al país en su conjunto.

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