Hasta el 11 de julio circuló sagradamente la edición quincenal de Informe La Razón, el suplemento de reportajes que este matutino lanzó en 2012 con la idea de abordar con profundidad problemáticas sociales, realidades que parecen invisibles e historias hábilmente rescatadas para influir y provocar. Ese mismo día, el editor del suplemento informó que se abría “una pausa” y que “pronto” este producto volverá, aunque inserto en la edición diaria del rotativo de Auquisamaña.

Repetimos el aviso para el gentil lector que no alcanzó a revisar las dos últimas líneas de la presentación de la última separata quincenal de reportajes que circuló ese 11 de julio con una temática de interés ciudadano: Las viviendas sociales; 56 juicios a 46 constructoras.

El suplemento Informe La Razón no tenía reservadas páginas para la publicidad, pues más que un producto buscó ser un bien social. Generó reflexiones en varias áreas especializadas. Rescató historias en la Amazonía y de las fronteras. Quizá por eso motivó a periodistas de otras latitudes a interesarse por los temas propuestos.   

Algunos ejemplos. Debido a un reporte sobre el contrabando de oro (2012), una productora de televisión de Perú hizo un documental. En 2013, la publicación de fotos y testimonios inéditos de la campaña del Che Guevara en Bolivia tuvo repercusión en CNN y Univisión. En 2014, después de que se publicó un trabajo sobre las afectaciones de la minería en 16 ríos del país, una productora rusa llegó para trabajar en esta temática.

El reportaje Niños polleros sobre la explotación de infantes en el pelado de pollos en Camiri fue traducido al francés e inglés en Europa. Militares gay, entre la discriminación y la clandestinidad puso en evidencia una realidad que fue replicada por varios medios de alcance internacional.

Recientemente, el National Geographic se interesó por un reportaje que muestra cómo el calentamiento global afecta a 31 especies en Bolivia, entre ellas la lagartija Liolaemus-gr Montanus (nombre científico) que busca lugares incluso sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar para sobrevivir.

El listado puede seguir, pero el espacio asignado para este artículo está por terminar, aunque alcanza para abrazar a mis colegas que trabajaron en el reporte quincenal de Informe La Razón: Jorge Quispe, Micaela Villa, Elisa Medrano, Yuri Flores, Marilyn Choque, Erick Ortega, Ibeth Carvajal, Christian Galindo (+), Milenka Villarroel y Miguel Gómez.

Muchas de las firmas que aparecen líneas arriba seguirán en los reportajes que circularán con la edición diaria impresa. Será otra época que tendrá una nueva cosecha. ¡Éxitos!

Mucha tinta ha corrido debajo de este puente roto; debajo de las conversaciones interrumpidas entre Bolivia y Chile. Anuncios y grandes titulares en el país junto a una señal política que llega de la mano de una acción concreta: el inicio de la construcción de un criadero de truchas para aprovechar las dulces aguas del Silala. El inicio de estos trabajos inquietó al gobierno de Sebastián Piñera, quien ha pedido información a Bolivia sobre la naturaleza de las obras.

Pasa que el Ejecutivo chileno desempolvó una vieja postura a través de la cual entiende que estas aguas corresponden a un río internacional de cauce sucesivo, aun a pesar de que este tema fue reconocido, a fines del siglo pasado, como una controversia diplomática.

Según estudios preliminares del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas, en el Silala existen al menos 94 ojos de agua que nacen entre los hitos 73 y 74 en el cantón Quetena, de la provincia Sud Lípez (departamento de Potosí). Estos recursos fluyen a Chile a través de un canal artificial, construido hace 104 años, para alimentar el sistema de agua potable de la empresa minera Codelco-Chuquicamata. En 1908, la Prefectura de Potosí autorizó a la empresa inglesa The Antofagasta-Bolivia Railway Company Limited (Libro 2, documento Nº 3 de la oficina de Derechos Reales de la provincia Sud Lípez) la construcción de estos canales para alimentar sus locomotoras a vapor, pero cuando la empresa cambió esta maquinaria por motores a diésel transfirió, en 1961, el uso de las aguas a Chile.

En 2009, cuando las cancillerías de Bolivia y Chile alcanzaron un preacuerdo que comprometía a Santiago a pagar inicialmente la mitad por el usufructo del recurso, el poder del caudal era de 400 litros por segundo, una realidad que ha cambiado, porque este año ha sido mucho más seco y el nivel de las aguas se ha reducido. ¿Las causas? Urge una investigación responsable por el bien de las truchas y de este sistema hídrico fronterizo, que no sólo se reduce a las aguas del Silala, pues, para bien o para mal, Bolivia y Chile comparten (a veces no, otras sí) varios otros manantiales a lo largo de la cordillera.

El presidente Evo Morales anticipó, en una entrevista que publicó hace una semana Animal Político de La Razón, que hay “algunas (iniciativas) muy importantes para aprovechar las aguas del Silala”. No las mencionó, pero uno espera que éstas sean sostenibles; que beneficien a la comunidad (como el exitoso programa Miagua) más allá de la tinta y los titulares; y que se perfile una política de Estado para aprovechar y cuidar las aguas transfronterizas con Brasil, Perú y Paraguay, más allá de las señales políticas internas o externas; fácticas o retóricas.

El ejercicio de los derechos, de nuestras libertades, no tiene por qué ser calificado de derechas o de izquierdas. Simplemente se trata de ejercerlos porque éstos son inherentes a la democracia. “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión e información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa” (CPE: Art 106, II).

De este gran afluente se desprende la libertad de prensa, una vena que hace posible que la información relevante circule a través de nuestras sociedades y culturas. Si la sangre es buena, el organismo evoluciona y asume decisiones adecuadas; corre, se alimenta, aprende. Si la transparencia desaparece con las medias verdades del poder, la participación se degenera, los valores y los derechos se distorsionan. La gente sufre.

El valor de los periodistas reside precisamente a merced de este razonamiento, tan vinculado con las libertades a través de las cuales respira la democracia —pensamiento, expresión y reunión— pero que de vez en vez suele ser intoxicada por las tentaciones autoritarias del poder.

En Bolivia, un país donde aún no existe una universidad especializada en periodismo, hay varias organizaciones que cobijan a nuestros colegas, sean o no graduados. Quizá no representen a todos, pero hay un esfuerzo para servir al gremio, en un momento complejo en el que la oposición representada en el escenario legislativo ha perdido credibilidad y los contrapesos del poder constituido prácticamente no existen. Las opiniones de comunicadores y periodistas, agremiados o no, aparecen en este escenario y son creíbles en la medida de su coherencia/responsabilidad y no por ello son llamados a interpretar los papeles de un partido político que, como tal, busca hacerse del poder.

Con mucha recurrencia e insistencia, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ha sido criticada porque supuestamente no representa al gremio. Las críticas llegan de destacados colegas, a quienes respeto mucho por sus convicciones, pero que asumieron la decisión de no agremiarse. Soy afiliado a esta organización porque creo que es posible aportar a la consolidación de nuestras libertades, incluida la de acceso a la información, cuya reglamentación está ausente de los planes legislativos.

Adicionalmente, es necesario aclarar que la APLP no se opuso a la Ley contra el Racismo; planteó, eso sí, cambiar sus artículos 16 y 23 que afectan el ejercicio de nuestras libertades. Ahora se espera que se valide la Iniciativa Legislativa Ciudadana, otra prerrogativa constitucional que no ha sido atendida y que es clave para hacer realidad la pregonada democracia participativa.