Con el término Social justice warrior, que se puede traducir como Defensor de la justicia social, se define a aquellas personas que defienden posiciones socialmente progresistas, usualmente de izquierda y políticamente correctas. Estas causas pueden ir desde el feminismo, derechos de los animales, derechos civiles, defensa de identidades sexuales, entre otros. Todo bien hasta ahí, el problema radica en dos aspectos. El primero es que quienes defienden estas causas pueden caer fácilmente en la violencia, y por tanto, insultar, hacer mofa, amenazar a personas que expresan opiniones diferentes y convocar a otros usuarios a ejercer violencia en turba.

El segundo aspecto se refiere a que no lo hacen por genuino convencimiento, sino por ser políticamente correctos. Esto fortalece su postura de ser violentos para mostrar con énfasis lo convencidos que están en la defensa de sus causas. Pueden juzgar a los otros con una vara muy severa, mientras el autojuicio es muy benevolente y lleno de excusas.

Por su tendencia a ser violentos y porque no entienden a fondo las causas que defienden, sus posiciones, opiniones y acciones tienden a ser acríticas y fáciles de manipular. Suelen ser personas defraudadas socialmente, con problemas de adaptabilidad, con algún desajuste social; es decir, cualquiera de nosotros. Lo que se logra con esto es un ciberlinchamiento de vez en cuando que hace sentir triunfantes a los defensores, y le arruina la vida a alguien de vez en cuando. Son dinámicas maliciosas.

Cuenta Dross, un youtuber argentino de varios años, el caso de James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia. Un personaje alt-right decidió vengarse de Gunn y comenzó a buscar cualquier material que lo incrimine en cualquier aspecto políticamente incorrecto; y encontró y publicó tuits en los que hacía bromas con contenido contundentemente pedófilo. Con esto despertó la furia de defensores de justicia social que no descansaron hasta que Marvel despidió a Gunn de un cuajo. Vamos a ver, considero que es malo que alguien tuitee algo políticamente incorrecto, pero a la vez, creo que es excesivo que lo boten de su trabajo. En Bolivia vimos varios casos de ciberlinchamientos; el caso de Rilda Paco es uno de los más recientes. Desde un punto de vista, Rilda fue en contra de una norma social, pero ¿era necesario que la amenacen de muerte y violación, a ella y sus seres cercanos? ¿Se hacía justicia de esa forma?

No solo las empresas y los gobiernos están dañando los espacios digitales comunes al espiar masivamente nuestras vidas; nosotros y nosotras también lo estamos haciendo al ser parte de ciberturbas violentas en busca de víctimas o cuando miramos estos fenómenos sin decir algo al respecto.

De los varios cambios en la gestión de gobierno en Estados Unidos uno simpático, para matizar el tono negativo al respecto de este suceso, es el cambio de titular de la cuenta de Twitter del Presidente. Me explico. La cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos @POTUS le pertenece al Estado, no a Barack Obama. POTUS significa President Of The United States. Como tal, Barack Obama no puede llevársela, la traspasa al siguiente mandatario, en este caso, a Donald Trump.

Pero el traspaso no se realiza con todos los “activos”, es decir, no se traspasa con los tuits publicados por Obama (o por el equipo de Obama) desde la cuenta @POTUS, sino que se abre una nueva cuenta @POTUS44 que se convierte en una cuenta de archivo y se traspasan los tuits allí. Lo mismo sucede con la cuenta oficial de Twitter de la primera dama, @FLOTUS, que traslada los tuis emitidos por Michelle Obama a @FLOTUS44, y con la cuenta del exvicepresidente, Joe Bidden, @VP y la cuenta @VP44; y la del portavoz del Ejecutivo Josh Earnest @PressSec.

Estas cuentas de la gestión de gobierno 44 serán administradas por la  National Archives and Records Administration (NARA), el archivo nacional de ese país que guarda toda la documentación que los funcionarios públicos utilizan durante el ejercicio de su cargo. Se trata de un procedimiento estatal de archivo de documentos públicos. En Bolivia debería suceder esto por cinco años en el archivo de Palacio o del Ministerio de la Presidencia, y después pasar por 10 años al Archivo Central, que está en el Banco Central de Bolivia. De allí, esta entidad debe considerar si se trata de un archivo con carácter histórico para enviarlo al Archivo Nacional de Sucre. Es así como se procede con los archivos públicos y entendiendo que lo que se emite en una cuenta de Twitter tiene carácter público y oficial, ese sería el procedimiento. Surge la duda si los archivos estatales estarán listos para esto en Bolivia.

Las disposiciones legales de archivo no hablan de exclusivos soportes físicos, de allí que también se permitirían soportes digitales, aunque no se menciona esto explícitamente. Pero más allá del Babel de las normas del Estado, habrá que pensar en algunas normas de archivística digital: formatos abiertos y que sean legibles dentro de 10, 20 o más años; soportes, tiempo, metadatos, etc. Parece ser que éste es un tema interesante para la administración del Estado, tema que tendrá que ser previsto en el caso de las cuentas en redes sociales que tienen carácter oficial.

Para no dejar la historia inconclusa, en el caso de Trump parece que continuará utilizando su cuenta personal @DonaldTrump, que tiene más de 20 millones de seguidores, frente a la de @POTUS, que tiene 10,5 millones.

Las redes sociales son utilizadas por presidentes en todo el mundo para transparentar la gestión de gobierno, hacer campaña electoral y acercarse a la ciudadanía. En Bolivia, varias veces se le ha preguntado al presidente Evo Morales las razones por las que no tiene cuentas en Twitter ni Facebook. El Mandatario nunca ha tenido mucho interés en hacerlo, pero ahora algo ha cambiado, las redes sociales se han mostrado como un espacio público donde la gente se encuentra para hablar, entre varios otros temas, de política. Evo Morales se ha dado cuenta del carácter político de las redes sociales y ha decidido “dar batalla” allí, al igual que Hugo Chávez cuando comenzó en Twitter, constituyéndose en el primer presidente en ejercicio en ingresar a ese espacio.

Por esto, la apertura de la cuenta de Evo Morales en Twitter @EvoEsPueblo ha sido bienvenida, porque abre un canal directo con el Mandatario; al menos eso es lo que se espera. Varios usuarios han felicitado la iniciativa y varios otros han aprovechado ese espacio para transmitirle sus críticas acerca de su accionar en la gestión de gobierno e incluso en acciones de su vida personal.

El primer presidente que utilizó Twitter para la gestión de gobierno fue Obama, quien ya venía utilizando su cuenta desde 2007 para su campaña electoral. Actualmente, @BarackObama tiene algo más de 73 millones de seguidores.

En la región latinoamericana, el presidente que tiene más seguidores es Enrique Peña Nieto, de México, con 5.199.136 adeptos en su cuenta (@EPN); le siguen Dilma Rousseff (@dilmabr), con 4.527.540 , y Juan Manuel Santos (@JuanManSantos), con 4.392.238 seguidores; mientras que Rafael Correa (@MashiRafael) tiene 2.643.400 seguidores, y Ollanta Humala (@Ollanta_Humala), 1.418.610.

En Bolivia, los números son menores, las figuras públicas que tienen más seguidores son Carlos Mesa Gisbert (@carlosdmesag) con 142.761; y Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina), con 72.267. La cuenta de Evo Morales alcanzó 5.000 seguidores en seis horas, ya veremos cómo se desempeña.
Si me permiten sugerir algunas acciones en la administración de la cuenta, haría énfasis en seguir a algunas cuentas ciudadanas, periodistas y de políticos, entre otras, porque es una forma de mostrar que al Presidente le interesa escuchar a la gente; obtener su verificación de cuenta para evitar confusiones con cuentas falsas; responder algunos tuits que le hablan (entiendo que será difícil porque hay muchos, pero se supone que hay un equipo de gente que apoya en la administración de la cuenta); y que difunda información oficial valiosa, (ideal que se libere información). Finalmente, lo que se valora es la transparencia, esperamos que la cuenta sea utilizada con este fin principalmente.

Hace pocos días, WikiLeaks filtró correos electrónicos y otros archivos de la empresa italiana Hacking Team. A través de esa información, nos hemos enterado de que seis países latinoamericanos utilizan los servicios de vigilancia de esta empresa: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. De hecho, varias reparticiones de gobierno y gobiernos regionales mexicanos en conjunto son los mayores clientes de Hacking Team.

Esta empresa ha vendido a varios países en todo el mundo, y no solo a países democráticos como defienden sus portavoces, un sistema de control remoto, un software de nombre Da Vinci (triste coincidencia, pero ninguna relación con el software de impuestos boliviano) que es capaz de acceder e incluso romper el cifrado de historiales de navegación, archivos y correos electrónicos incluso si han sido borrados; conversaciones de skype y otros servicios de voz de internet (VoIP) así como servicios de mensajería instantánea. Este sistema hace posible la localización de personas e identificación de sus contactos, y permite activar a distancia cámaras y micrófonos, con lo que permitirá escuchar conversaciones que no suceden en web, pero sí con la presencia de un smartphone. Puede infectar sistemas operativos windows, mac, linux, iOS, android, symbian y blackberry. Es decir, todo un complejo sistema de vigilancia estatal que no está normado y cuyos procedimientos no son transparentes.

Bolivia no está usando este tipo de servicios de vigilancia apoyados en tecnología, pero es muy probable que lo comience a hacer, porque su utilidad para labores de inteligencia (prevenir delitos o preservar la seguridad nacional) es obvia. El peligro en esta práctica es que no existe un marco legal que norme el uso de sistemas de vigilancia y que exija permisos judiciales para utilizarlo, y que además deba ser transparentado después de un tiempo; así que el Gobierno podría espiar en las comunicaciones personales de todos los ciudadanos sin que nos enteremos y sin ninguna sanción legal.

Una peligrosa posición común en Bolivia y otros países, porque deja abierto el camino para el uso de sistemas de vigilancia masiva; es decir que como uno no tiene nada que ocultar, no tiene por qué preocuparse por un sistema como éste. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas: 1) que el Gobierno no tiene derecho a espiar nuestras comunicaciones, eso va en contra de los derechos humanos; y 2) que hay gente que requiere cuidar sus comunicaciones debido a la naturaleza de sus ocupaciones y hacen un servicio social, personas como periodistas y activistas. Y como sociedad, debemos preservar su seguridad, su libre ejercicio de expresión y de asociación.

Cuarenta y dos por ciento (42%) de la población en el mundo usa internet, y cerca del 45% de la población boliviana. El resto de personas sufre una forma de exclusión que se llama brecha digital, es decir, la diferencia entre quienes se conectan a internet y quienes no. Hace tiempo que esta brecha digital es una preocupación para instituciones de cooperación como las Naciones Unidas, que ha declarado a internet como un derecho humano, y para empresas como Google y Facebook, que proponen proyectos diversos para lograr que todos los seres humanos logremos conectarnos.

El más reciente proyecto presentado por Facebook en este sentido se llama Internet.org, que pretende dar servicios básicos de internet de manera gratuita. Explico la forma de operar: Facebook y los socios empresariales que ha elegido para este proyecto contactan a un gobierno y a una empresa de telecomunicaciones que opere en ese país, y deciden entre todos qué sitios web entran en el paquete; entonces les dan internet gratis a todos los que así lo quieran, pero solo para navegar en los sitios preseleccionados. En el caso de Colombia y Guatemala, por ejemplo, los sitios web seleccionados fueron Facebook, Wikipedia, Accuweather, MAMA, Girl Effect, Unicef, Mitula, UN Women, Agronet, algunas empresas y otros sitios web humanitarios.

Esta iniciativa ha sido ampliamente rechazada por activistas de derechos humanos por varias razones. Uno, acusan a Facebook de dar un internet pobre a los pobres, lo que han llamado “racismo económico”; dos, porque incrementará la información personal usada para vigilancia por parte de los gobiernos y empresas de mercadeo; y tres, porque atenta contra la neutralidad de la web, promoviendo el acceso a unos sitios en detrimento de otros.

Lo cierto es que la tentación de ser una de las pocas voces que le hablen a un auditorio cautivo entre demasiadas voces suplicando por un segundo de atención en la web es el sueño de controlar internet hecho realidad para cualquier gobierno, institución o empresa. Y para los promotores del proyecto es un resultado ganar-ganar: los gobiernos dan buenos argumentos para reelecciones, las empresas obtienen información de mercado para diseñar productos y servicios para pobres (hace tiempo que es un buen negocio venderle a los pobres), Facebook se convierte en el líder de la web y los nuevos conectados estarán felices.

Preocupa ante todo que se recorte las opciones de fuentes de información, es un recorte frontal a la libertad; y preocupa también que los gobiernos reduzcan sus incentivos para mejorar la infraestructura, tenderán a no hacer nada para dar conectividad a la población porque el problema ya está resuelto, aunque con un servicio de mala calidad.