El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Perú y Chile traza nuevas delimitaciones en la frontera marítima de ambos países, y pone fin a décadas de discusiones y a seis años de litigio. El veredicto concede territorio marítimo chileno a Perú (22.500 km2 y otros 28.000 km2 adicionales), pero respeta la postura chilena de trazar la línea divisoria a partir del denominado Hito 1, que se extiende en paralelo desde la frontera terrestre.
Todo este proceso y desenlace jurídico no deslegitima la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile ante la CIJ, porque sencillamente es un derecho creado históricamente y que nace desde la Guerra del Pacífico, impulsada por los grupos de poder de la oligarquía chilena, conflicto que dejó a Bolivia sin costa marítima y sin conexión con el mundo.
Tras la firma del Tratado de Paz de 1904, en reiteradas oportunidades el Estado chileno se comprometió a facilitar a Bolivia una salida al mar. Obviamente ese ofrecimiento era producto del resarcimiento de la semejante barbarie cometida contra el país, el despojo de 120.000 km2 de territorio, en cuyas entrañas se encontraron grandes riquezas, incluido el depósito de cobre más grande del mundo que ha sido el principal sostén económico de ese país hasta nuestros días.
Hasta los años 70, Chile ha manifestado su intención de facilitar a Bolivia de una franja territorial marítima que lo vincule y conecte al océano Pacífico. Por ejemplo, en una nota fechada el 20 de junio de 1950, el canciller Chile afirma que su gobierno “está dispuesto a ingresar formalmente a una negociación directa dirigida a encontrar la fórmula que pueda hacer posible que se le otorgue a Bolivia su propia y soberana salida al océano Pacífico y para que Chile obtenga compensaciones que no son de naturaleza territorial y que efectivamente toma en consideración sus intereses”.
Las negociaciones que se dieron entre 1975 y 1978, durante las presidencias de Hugo Banzer Suárez y Augusto Pinochet, constituye otro importante antecedente respecto a los acercamientos entre ambas naciones para dar curso a la reivindicación marítima de Bolivia. El 8 de febrero de 1975, en un vagón de ferrocarril, los presidentes de Bolivia y Chile firmaron la Declaración Conjunta de Charaña (conocida como el abrazo de Charaña). En una nota del 19 de diciembre de 1975, ese país declaró, una vez más, que “Chile estaría preparada para negociar con Bolivia la cesión de una franja de territorio al norte de Arica y hasta la línea de la Concordia”. Sin embargo, el ofrecimiento estaba acompañado de una contraoferta de “canje de territorios” por una superficie equivalente a la que ese país cedería en el corredor de acceso al mar, lo que inviabilizó todo el proceso. No obstante, queda el antecedente de que hay un tema pendiente entre Chile y Bolivia.
En este sentido, la demanda marítima boliviana reclama un derecho justo, que es el cumplimiento de esa autoobligación asumida por los propios gobernantes chilenos a lo largo de la historia de resolver la mediterraneidad boliviana, consecuencia de una injusta guerra. Por esta razón, la posición y la demanda de Bolivia en la corte de La Haya no tienen relación con el fallo que emitió la CIJ entre Perú y Chile. La controversia pacífica entre Bolivia y Chile, instaurada en el máximo tribunal internacional, busca que este último país no dilate más el problema del enclaustramiento boliviano y se siente a negociar, de manera seria y en el menor tiempo posible, una alternativa de salida que conecte a Bolivia hacia el mar. No interesa por donde, pero sí que exista un acceso con soberanía.