Después de promulgada la Ley de Servicios Financieros y la posterior aprobación de los reglamentos de tasas de interés para créditos orientados al acceso de vivienda social y productivos, las entidades de intermediación financiera tendrán que conformar en los siguientes cinco años una cartera que represente el 50% de sus operaciones crediticias en estos dos rubros.
Esta inminente intervención del Estado en los “equilibrios” entre oferentes y demandantes del mercado crediticio responde al mandato constitucional de conformar un sistema financiero inclusivo y de relaciones de intercambio justas entre operadores financieros y público usuario de sus servicios, elemento deseable desde la perspectiva del bienestar social y el desarrollo económico.
Ante este nuevo escenario, los intermediarios financieros posiblemente experimenten algunos efectos de contracción en rentabilidad, capitalización y generación de excedentes; sin embrago, el núcleo del debate se centra en el impacto que podría significar el mayor acceso a crédito “barato” a través de un mecanismo discrecional que sustituye a la “eficiencia” de mercado.
Antes de elucubrar escenarios extremos, que podrían materializarse desde un ambiente paradisíaco de acceso al crédito en condiciones de fomento y prestatarios cumplidos con sus planes de pago, hasta un contexto apocalíptico en el que los recursos fueron otorgados sin ninguna responsabilidad, justificados por un mandato legal que generó un incentivo perverso de no pago, es necesario al menos realizar un par de consideraciones.
Primero, la evidencia teórica y empírica demuestra que la intermediación financiera tiene una organización industrial que denota poca competencia, por lo que una tasa de interés no necesariamente es competitiva, sino, resultado una colusión implícita entre los operadores. Segundo, el mercado crediticio se caracteriza por tener una gran falla: no toda la información de prestatarios es abierta, por lo que es muy difícil y costoso saber quién es buen cliente o no.
En este sentido, la fijación de las tasas de interés en condiciones de “competencia” no responde a un mercado perfecto, sino que tiende a racionar hacia aquellos que pueden ofrecer mayor información de sí mismos, marginando a otros que, por lo costoso que significa mostrarse como buenos clientes, son “racionados”,como menciona la teoría, por no decir discriminados. Es el caso de los emprendedores pequeños principalmente rurales y aquellos cuyos ingresos no son los suficientes para acceder a un crédito de vivienda.
Empero, el brindar el acceso al crédito en condiciones flexibles a quienes “nunca” accedieron al crédito puede ser un arma de doble filo, basta recordar los efectos de las acciones emprendidas por los bancos que causaron la crisis financiera de 2008.