Apenas una semana después de que las más altas autoridades del Órgano Judicial se reuniesen en Sucre para decidir un cambio más o menos profundo en el modo en que se gestiona este poder del Estado y superar el descrédito que pesa sobre él desde hace décadas, estas mismas autoridades han vuelto a ser noticia en tono de escándalo. ¿Habrán, finalmente, tocado fondo?
En efecto, no solo en las páginas noticiosas sino también en ésta, la situación del Órgano Judicial ha sido tema recurrente durante la última semana. No solo porque el Fiscal que hasta hace poco se encargaba del caso Terrorismo, tal vez el más emblemático de la violencia política desencadenada durante la primera gestión del actual gobierno, está siendo investigado por incumplimiento de deberes por no haber culminado la investigación y entorpecer el caso, o porque jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Potosí fueron descubiertos embriagándose en sus oficinas, sino porque, en Sucre, las cabezas de los tribunales Constitucional y Agroambiental alimentan cotidianamente el descrédito de las instituciones a su cargo.
Primero fue el presidente del Tribunal Agroambiental quien movilizó a sus bases campesinas para impedir que sus colegas lo retiraran de la presidencia acusándolo de mala gestión, generando un conflicto que hasta ahora impide el normal desarrollo del trabajo en una instancia judicial que tiene jurisdicción sobre áreas tremendamente sensibles, tales como la tenencia y propiedad de la tierra. Luego fue el presidente del Constitucional, quien después de denunciar, de modo más o menos confuso, que es víctima de espionaje, presentó su renuncia a la presidencia de esa instancia, pero cuidándose de no hacerla irrevocable y, días después, anunciando que está dispuesto a reconsiderar su decisión si la Sala Plena se lo pide. Paralelamente, otro miembro de ese Tribunal se declaró en la clandestinidad luego de denunciar presunta injerencia del Ejecutivo en las sentencias que se dictan.
En reacción, dirigentes opositores plantearon como solución de fondo la renuncia de todas las autoridades electas en el Judicial. A su vez, el Vicepresidente del Estado criticó a la administración judicial, señalando que “da vergüenza la Justicia como daba vergüenza” hace años, por lo que es necesaria una “revolución moral”, ya que los “elegidos por el pueblo tienen la obligación de responder ante ese voto popular mediante más trabajo, más ética, más control, más sanción contra los corruptos y celeridad en los procesos”.
Hay, pues, una situación de completo descalabro que debe ser resuelta de manera inmediata, ya que de lo contrario, seguirán sumándose las evidencias que apuntan a una ostensible crisis que significa que las personas no pueden acceder a la justicia en las condiciones señaladas por la Constitución Política del Estado.