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miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 20:04

No nos olvidemos de Haití

Las veces que visité Haití fui testigo de  la capacidad de resistencia y de la dignidad de su gente

/ 23 de febrero de 2014 / 04:00

Un hito que pocos recordarán en 2014 es el 10º aniversario de la presencia de la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Haití, y el cuarto aniversario del devastador terremoto que agravó aún más la ya frágil situación de ese país, el más pobre de América Latina.

Grandes crisis políticas y económicas aunadas a catástrofes naturales pueden colocar a los países en los titulares de la prensa internacional y capturar, durante algún tiempo, la atención de los gobernantes. Pero más tarde, principalmente si se trata de un país pobre y periférico, sin importancia en el escenario geopolítico global, los reflectores se van apagando, las noticias se tornan menos frecuentes, cesa el clamor de solidaridad y la mayoría de las promesas de apoyo se olvidan. Esto es resultado de una dura realidad: la reconstrucción de las regiones afectadas y la solución real de los problemas de sus poblaciones no puede ocurrir, claro está, con la misma rapidez con que se propagan las noticias por internet y la televisión. Se requiere una labor paciente y continua, con inevitables altibajos a lo largo de años, que va mucho más allá de la mera ayuda humanitaria inmediata. Esto presupone un serio compromiso ético y político por parte de los países implicados.

Es importante recordar que, durante el primer semestre de 2004, Haití sufrió una gravísima crisis política que culminó con la caída de su primer presidente elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide. En la lucha por el poder entre diversos grupos armados, la población civil padeció terribles consecuencias. La violencia y los atentados contra los derechos humanos se generalizaron; pandillas de delincuentes empezaron a atacar al azar en las calles en Puerto Príncipe, apoderándose de edificios y dependencias públicas. Algunos de los principales barrios de la capital, como Bel-Air y Cité Soleil, se vieron completamente dominados por facciones criminales. En términos prácticos, el Estado democrático entró en colapso, incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad y estabilidad para que el país continuara funcionando.

A pedido del Gobierno haitiano, y amparada por una resolución de su Consejo de Seguridad, la ONU decidió enviar a Haití una Misión de Paz y Estabilización, la Minustah. Un general brasileño comandó la fuerza militar de la misión, integrada por soldados de 51 países, en su mayoría sudamericanos.

Brasil y sus vecinos aceptaron la convocatoria de la ONU por un imperativo de solidaridad. No podíamos ser indiferentes ante la crisis político-institucional y el drama humano que vivía Haití. Y lo hicimos convencidos de que la tarea de la Minustah no se limitaba a la seguridad. Tenía que ver también con el fortalecimiento de la democracia, la afirmación de la soberanía política del pueblo haitiano y el respaldo al desarrollo socioeconómico del país. La actitud respetuosa de las tropas —de genuina cooperación con la población local— se ha convertido en su marca registrada.

Hoy, gracias a la labor de la misión, la situación de seguridad es totalmente distinta: se neutralizaron los riesgos de guerra civil, se restableció el orden público y las pandillas fueron vencidas. El país se ha tornado más estable y el Estado reasumió el control de todo el territorio nacional. Asimismo, la Minustah ha ayudado a equipar y entrenar una fuerza haitiana de seguridad.

Gradualmente las instituciones democráticas han vuelto a funcionar y se consolidan día tras día. Ya en 2006 se realizaron elecciones generales en Haití, con la participación de un amplio espectro de sectores políticos e ideológicos. Sin la menor interferencia en la disputa electoral, la Minustah garantizó la tranquilidad del proceso y que prevaleciera la voluntad popular. El presidente electo, René Préval, pese a numerosas dificultades, pudo cumplir integralmente su mandato y, en 2011, le transfirió el cargo a su sucesor, Michel Martelly, también escogido por el pueblo.

Durante esos años, Haití ha logrado grandes progresos en la esfera humanitaria y social que hoy continúan, si bien persisten aún enormes retos. Por supuesto, el terremoto de 2010, con todos sus efectos devastadores, afectó algunos de los esfuerzos anteriores y generó nuevas necesidades. No obstante, la población sin techo, de acuerdo con un informe de la ONU de 2013, disminuyó de 1,5 millones de personas a 172.000. Tres de cada cuatro niños ya asisten regularmente a la escuela elemental. La inseguridad alimentaria se redujo drásticamente, y se está enfrentando el flagelo del cólera.

Las tres veces que visité Haití fui testigo de la capacidad de resistencia y de la dignidad de su gente. En 2004 la selección brasileña de fútbol disputó, allí, un juego amistoso con el equipo nacional haitiano en el marco de una campaña contra el desarme. Aún hoy me conmuevo cuando recuerdo el cariño con que el pueblo haitiano recibió a nuestros atletas.

Además de su participación en la Minustah —a la cual aporta el contingente más grande de soldados— Brasil ha colaborado intensamente con el pueblo de Haití en el área social. Con recursos propios o con la colaboración de otros países, implantó una serie de programas que incluyen campañas nacionales de vacunación, apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas y a la agricultura familiar, así como proyectos relativos a alimentación escolar y formación profesional de los jóvenes.

Entre otras, hay tres iniciativas brasileñas por las que siento particular entusiasmo. Una es la construcción, con la colaboración de Cuba y del mismo Gobierno haitiano, de tres hospitales comunitarios de referencia, para atender a las capas más pobres de la población. La otra es un proyecto innovador de reciclaje de residuos sólidos, elaborado y ejecutado por el grupo Ibas (India, Brasil y Sudáfrica), que contribuyó a la limpieza urbana y, al mismo tiempo, genera energía y crea puestos de trabajo. Esa iniciativa incluso fue premiada por la ONU. La tercera es la construcción de una planta hidroeléctrica en Río Artibonite, que, sin duda, constituirá un salto histórico en la infraestructura del país, ya que permitirá que Haití reduzca su dependencia de la importación de petróleo. La población tendrá más acceso a la electricidad y se podrán desarrollar la agricultura y la industria. Se trata de un emprendimiento para el cual Brasil ha elaborado los proyectos de ingeniería y donado $us 40 millones  (casi la cuarta parte de su valor total) que se encuentran depositados en un fondo específico del Banco Mundial, esperando que otros países completen los recursos necesarios para ejecutar la obra.

Algunos países desarrollados también han apoyado activamente la reconstrucción del país. Estados Unidos, por ejemplo, ha invertido considerables recursos en varios proyectos económicos y sociales, como el polo industrial de Caracol, al norte del país. Sin embargo, lamentablemente no todos los que se comprometieron con Haití han cumplido sus promesas. Para ser francos, la mayoría de los países ricos ha ayudado muy poco. El volumen de ayuda humanitaria está disminuyendo y algunas entidades de cooperación han empezado a retirarse del país. La comunidad internacional no debe reducir su solidaridad hacia Haití.

En 2016 deben realizarse las próximas elecciones presidenciales en ese país. Será el tercer presidente elegido democráticamente. Pienso que ese momento debe constituir un hito en el proceso inicial, que iniciamos hace una década, de devolver al pueblo haitiano la responsabilidad plena por su seguridad. Pero eso solo será posible si la comunidad internacional mantiene —y, de ser necesario, amplíe— los recursos financieros y técnicos destinados a la reconstrucción del país y a su desarrollo económico y social. Debemos sustituir cada vez más la vertiente de la seguridad por la vertiente del desarrollo, lo cual implica una cooperación más amplia, ahora con nuevos propósitos. Este es un buen momento para que las Naciones Unidas convoquen a una nueva Conferencia sobre Haití donde se discuta abiertamente lo que se ha hecho en estos diez años y lo que debe hacerse a futuro.

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Quiero democracia, no impunidad

Lula: ‘No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial’.

Quiero democracia, no impunidad.

/ 29 de agosto de 2018 / 05:36

Hace 16 años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido Presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Familia, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente a las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de 20 años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.
No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

(*) Artículo tomado del New York Times en español.

Luiz Inácio Lula da Silva fue Presidente de Brasil (*)

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BRICS: Una alianza que se consolida

Los países emergentes han superado las posiciones meramente reivindicatorias del pasado

/ 24 de agosto de 2014 / 04:00

Después de realizar con eficiencia y hospitalidad la que ya está considerada una de las mejores copas mundiales de fútbol de todos los tiempos, Brasil fue el anfitrión de otro importante encuentro internacional, la VI Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, realizada en Fortaleza y Brasilia del 14 al 16 de julio. El término BRICS fue acuñado para designar a un grupo de países emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que aceleraron su desarrollo con el inicio del nuevo siglo y se convirtieron en uno de los motores del crecimiento global, sobre todo después de 2008, con el estallido de la crisis financiera estadounidense y europea.

Al lanzar el acrónimo BRICS, el economista Jim O’Neill quería llamar la atención a las oportunidades de negocio abiertas a los inversionistas globales en esas cinco grandes naciones. Después de todo, cuentan con casi el 40% de la población mundial, lograron crear mercados internos sólidos y plataformas exportadoras y, en menos de 20 años, según el FMI, saltaron del 5.6% al 21.3% del PIB mundial.

Esas oportunidades continúan existiendo y han crecido aún más debido a los numerosos proyectos de modernización y expansión de la infraestructura y del aparato productivo que los BRICS ya están ejecutando o van a ejecutar en los próximos años. Solo en Brasil se invertirán hasta 2018 más de 400.000 millones de dólares en plantas hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, refinerías de petróleo, ferrocarriles, carreteras, gasoductos, etcétera. Sin hablar del potencial de expansión de sus mercados internos, gracias a la incorporación en el mundo del trabajo y del consumo de millones de pobres y excluidos. Todo eso lleva a los analistas (a pesar de la recuperación muy lenta de los países desarrollados, que tiene un impacto coyuntural negativo en todas las economías) a destacar la solidez y las perspectivas favorables a mediano y largo plazo de todos los países que componen los BRICS.

No obstante las naciones del grupo fueron mucho más allá de la atracción de inversiones. Recuerdo que cuando nos reunimos por primera vez, en junio de 2009 en Rusia, los presidentes Medvedev, Hu Jintao, Singh y yo mismo decidimos transformar lo que no pasaba de ser una sigla en una efectiva articulación económica, geopolítica y estratégica para favorecer el crecimiento de nuestros países y de sus aliados regionales y, al mismo tiempo, impulsar una nueva agenda de desarrollo multilateral y de reforma de la gobernanza global.

Nuestros países ya estaban empeñados en la integración africana, latinoamericana y asiática como presupuesto de un mundo multipolar. Además, tuvieron un papel clave en la creación del G-20, el primer foro multilateral relevante que les dio el debido peso a los países del Sur. Y proponían la reforma del viejo orden internacional establecido en Breton Woods, en 1944, cuya inadecuación a las realidades del mundo contemporáneo constituye, en la práctica, una traba al progreso compartido del planeta. Basta decir que en 1944 China estaba al borde de una guerra civil; India ni siquiera existía como país independiente y casi todo el continente africano estaba constituido por colonias europeas.

Los defensores del statu quo internacional, refractarios a cualquier iniciativa para hacer más justo el orden económico y político mundial, intentaron descalificar a los BRICS, alegando que no se trataba de una alianza creíble, dado su carácter heterogéneo y “artificial”, que sus miembros están geográficamente distantes unos de  otros y que poseen intereses nacionales contradictorios, por lo que nada concreto y significativo podría emanar del grupo.

La Cumbre de Fortaleza y Brasilia, que tuvo como tema el crecimiento con inclusión social y sustentabilidad, acaba de desmentir categóricamente tales pronósticos. Demostró que los países emergentes han superado las posiciones meramente reivindicatorias del pasado y han asumido, de una vez por todas, un papel proactivo en el escenario internacional. En ella se tomaron decisiones no solo concretas, sino claramente innovadoras, que van desde las facilidades de comercio hasta el combate a los delitos cibernéticos.

Sin embargo, las principales medidas fueron la creación de un banco de desarrollo con capital inicial de 50.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura y plantas industriales sostenibles y un fondo de reserva de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países miembros en eventuales crisis de liquidez. Iniciativas que refuerzan la ya sólida situación financiera de los integrantes del grupo y facilitan su cooperación en otras áreas como la energética y la científico-tecnológica.

Esa actitud innovadora se extiende también al modelo democrático de gobernanza que será adoptado por los dos organismos en los cuales los cinco países tendrán idéntico peso, con presidencias rotativas y deliberaciones obligatoriamente por consenso.

Así como Sudáfrica hizo con sus vecinos en la Cumbre de Durban, la presidenta Dilma Rousseff, cuya determinación y capacidad negociadora fueron fundamentales para los acuerdos conseguidos, invitó al encuentro de Fortaleza y Brasilia a todos los jefes de Estado sudamericanos, dejando claro que la actuación de Brasil en los BRICS se da a partir del compromiso estratégico que el país tiene con la integración regional. Además de los dirigentes políticos, el evento contó con la participación de cientos de líderes empresariales, sociales e intelectuales de nuestros países.

No tengo duda de que las decisiones tomadas por los BRICS, útiles a los países miembros y sus aliados, tendrán también una incidencia positiva en la propia gobernanza global. No son medidas reactivas, sino creativas; no son contra nadie, y sí a favor del crecimiento global y de una comunidad internacional cada vez más incluyente y equilibrada.

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Una década venciendo el hambre

Sí se puede erradicar el hambre cuando los gobiernos ponen a los pobres en el centro de sus acciones

/ 15 de diciembre de 2013 / 04:00

Recientemente Brasil celebró el 10º aniversario del programa Bolsa Familia, que ha servido de modelo para otros muchos programas de distribución de riqueza que se implantaron después en varios países del mundo.

Gracias al Bolsa Familia, 14 millones de familias, o 50 millones de personas, o sea, la cuarta parte de la población brasileña, reciben un estipendio mensual, con la condición de que los hijos permanezcan en la escuela y les den atención médica, incluyendo todas las vacunas. En más del 90% de los casos es la madre quien recibe la cuantía.

En estos diez años de existencia del programa mejoró el aprovechamiento escolar de los niños, disminuyó la tasa de mortalidad infantil y 36 millones de personas salieron de la extrema pobreza.

Los números son elocuentes, aunque no suficientes para expresar la transformación de sus vidas. No existe estadística capaz de medir la dignidad, y esa es la cuestión cuando la madre y el padre pueden ofrecerle a sus hijos tres comidas al día. No hay en los presupuestos un rubro denominado “esperanza”, y esa es la cuestión cuando los padres ven a sus hijos asistiendo a la escuela para forjarse un futuro mejor.

Por haber promovido tal transformación en la vida de las personas, el Bolsa Familia está cambiando el curso de la historia de mi país. Según la Organización de las Naciones Unidas, es el mayor programa de distribución de riquezas del mundo. Muchos gobiernos lo han adoptado para combatir el hambre. Por ese motivo, es importante comprender el porqué del éxito de Brasil y los obstáculos que tuvo que enfrentar nuestro gobierno para poner en práctica el programa.

Como en tantos otros países de América Latina, África y Asia, durante mucho tiempo Brasil fue gobernado para favorecer a una pequeña minoría: la élite. La mayoría de los brasileños era virtualmente invisible, viviendo en una “no patria”, que desconocía sus derechos y les negaba oportunidades.

Nosotros empezamos a cambiar ese cuadro al adoptar un conjunto de políticas sociales combinadas con la valoración del salario mínimo y la ampliación del acceso al crédito bancario. Esas medidas le dieron nuevo aliento a una economía, que generó 20 millones de empleos formales en estos diez años, integrando, al fin, a la mayoría de la población al proceso económico y social.

El Bolsa Familia ayudó a probar que sí se puede erradicar el hambre cuando los gobiernos tienen voluntad política para poner a los pobres en el centro de sus acciones. Muchos consideraban utópico ese objetivo. Quizá porque no entendían que es algo absolutamente necesario para colocar el país en la ruta del desarrollo.

Algunos decían, de buena fe, que para combatir el hambre lo correcto sería entregar alimentos a las familias, y no dinero. Pero para matar el hambre no basta con recibir alimentos. Es necesario tener una nevera para conservarlos, un fogón y gas para cocinar. Además, las personas tienen que vestirse, cuidar la higiene personal y la limpieza de la casa. Las familias no necesitan que el gobierno les diga qué deben hacer con el dinero. Cada una tiene sus  prioridades.

Hemos visto, todavía hoy, algunas reacciones contra el programa Bolsa Familia que comprueban que es más difícil vencer el prejuicio que el hambre. La más cruel de dichas manifestaciones fue acusar al programa de estimular la pereza. Eso es como decir que la persona es pobre por ser indolente, y no porque le han faltado oportunidades reales. Significa transferirle al pobre la responsabilidad por un abismo social que sólo favorece a los ricos.

En realidad, más del 70% de los adultos inscritos en el Bolsa Familia trabajan regularmente, y completan sus ingresos con el dinero del programa, que constituye un apoyo indispensable para empezar a romper el ciclo de la pobreza que pasaba de padre para hijo.

Los críticos comparaban la distribución de riqueza con una limosna, una mera caridad. Solamente el que nunca ha visto a un niño desnutrido  y la angustia de una madre ante el plato vacío puede pensar así. Para la madre que lo recibe, el dinero que alimenta a sus hijos no es caridad: es un derecho de ciudadanía, al que ella no va a renunciar.

Un efecto de largo plazo del Bolsa Familia es que le da poder al pobre. Los electores que tienen un ingreso básico garantizado no necesitan pedir más favores. No tienen que cambiar sus votos por comida o por un par de zapatos, como sucedía frecuentemente en las regiones más pobres de Brasil. Él se hace más libre,  lo que para algunos no es conveniente.

Por último, están los críticos que alegan que el programa eleva los gastos públicos. Son los mismos que dicen que reducir salarios y destruir empleos es bueno para la economía. Pero cuando el dinero público se emplea en la gente, en salud y educación, no es un gasto: es una inversión. Y la inversión en el Bolsa Familia se encuentra en las raíces del crecimiento de Brasil.

Cada 1 real (unos 0,43 dólares) invertido en el programa agrega 1,78 reales al Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimados del Gobierno brasileño. El Bolsa Familia fomenta el comercio y la producción de los bienes que consumen las familias. Mucho dinero en manos de pocos sirve solamente para alimentar la especulación financiera y concentrar riquezas.  El programa demostró que un poco de dinero en las manos de muchos sirve para alimentar a la gente, impulsar el consumo y la producción, atraer inversiones y generar empleos.

El presupuesto para el Bolsa Familia asciende a 24.000 millones de reales este año (10.000 millones de dólares aproximadamente), lo que representa menos del 0,5% del PIB brasileño. Desde 2008, Estados Unidos y la Unión Europea han gastado ya $us  10 billones para salvar a los bancos en crisis. Tan sólo una fracción de ese dinero invertida en programas como el Bolsa Familia podría erradicar el hambre en el mundo y lanzar la economía mundial a una nueva era de prosperidad.

Afortunadamente, cada vez más países están escogiendo el combate a la pobreza como camino hacia el desarrollo. Ha llegado el momento de que los organismos multilaterales estimulen eso, promoviendo el intercambio de conocimientos y el estudio de buenas experiencias de distribución de riqueza en todo el mundo. Sería un importante impulso para vencer el hambre en el planeta.

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Espionaje revela fallas en gobernanza internacional

Estados Unidos debe comprender que nuestros países no podrán mantener una deseable alianza estratégica si uno de los socios muestra una actitud conspirativa. Un comportamiento ilícito e irrespetuoso no ayuda a desarrollar la confianza entre pueblos y gobiernos.

/ 10 de noviembre de 2013 / 04:00

El espionaje al que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) ha sometido a los jefes de Estado de Brasil y México es de extrema gravedad. Nada, absolutamente nada, puede justificar la escucha de llamadas telefónicas y la injerencia en correos electrónicos de presidentes de dos países amigos. Son acciones que han vulnerado la seguridad de ambos Estados y principios absolutamente fundamentales del derecho internacional. Todavía más grave es que las autoridades de EEUU hayan intentado justificar esta agresión aduciendo que estaban “protegiendo” los intereses de Brasil y de otros países.

Al irse teniendo más información sobre las acciones de la NSA ha quedado claro que en Brasil no sólo se espió a la presidenta Dilma Rousseff, sino a Petrobras, nuestra compañía petrolera, lo cual pone en cuestión que el espionaje tuviera que ver con necesidades de seguridad nacional, una pretensión ya de por sí inaceptable.

Esta injerencia en los asuntos internos de Brasil y las engañosas explicaciones proporcionadas han escandalizado tanto al pueblo como al Gobierno brasileños. Rousseff preguntó abierta y directamente al presidente Barack Obama por el asunto, posponiendo una visita de Estado a EEUU prevista para octubre. Ella y el conjunto del país esperan una explicación convincente y acorde con la gravedad de la situación. El Gobierno brasileño está abordando este caso con la madurez y la responsabilidad que caracterizan a Rousseff y a nuestra diplomacia. Sin embargo, no cabe subestimar las repercusiones que este asunto puede tener para las relaciones brasileño-estadounidenses si no se solventa adecuadamente.

Imaginemos el escándalo y la conmoción que suscitaría en Estados Unidos que un país amigo hubiera interceptado ilegalmente, con el pretexto que fuera, las comunicaciones privadas de su Presidente.

¿Qué induce a un país como Estados Unidos, una nación tan orgullosa de su democracia y su respeto al Estado de derecho, a vulnerar el ordenamiento democrático y las leyes de otros países? ¿Qué induce al Gobierno estadounidense a creer que puede y debe actuar de forma tan insensata contra un país amigo? ¿Qué induce a las autoridades estadounidenses a creer que no es moral o políticamente cuestionable demostrar tal falta de respeto hacia el Jefe de Estado o las instituciones y empresas de Brasil, o de cualquier otro país democrático?

Quizá lo más inexplicable sea que esta flagrante ofensa haya ocurrido en una época de excelentes relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos. Desde hace tiempo, Brasil tiene en alta estima las relaciones con EEUU. En la última década nuestros Gobiernos, con excelentes resultados, se han esforzado en fomentar e intensificar la interacción económico-política entre Brasil y Estados Unidos. Hemos mantenido buenas relaciones institucionales y un diálogo personal de calidad con los líderes de EEUU.

De hecho, basándonos en intereses comunes, promovimos una alianza estratégica con ese país, al tiempo que tomábamos medidas para la integración latinoamericana y ampliábamos nuestros lazos con África, Europa y Asia.

Con ese objetivo en mente, no dudamos en enfrentarnos a la desconfianza y al escepticismo con que muchos brasileños veían a Estados Unidos, actitudes relacionadas con el trauma producido por la implicación directa de ese país en el golpe de 1964 y su apoyo constante a la dictadura militar brasileña (que también se otorgó a otras dictaduras del continente). Nunca dudamos de que profundizar en el diálogo y ampliar los lazos económico-políticos con Estados Unidos era la mejor manera de pasar esa sombría página de las relaciones interamericanas y dejar atrás la política de injerencia autoritaria.

Ahora, para preservar los muchos avances realizados en las relaciones brasileño-estadounidenses durante las últimas décadas, lo que se necesita es una explicación creíble de las acciones de la NSA y una disculpa de Estados Unidos. Posteriormente, lo imprescindible será un cambio definitivo de actitud que ponga fin a esas prácticas abusivas.

Estados Unidos debe comprender que nuestros países no podrán mantener una deseable alianza estratégica si uno de los socios muestra una actitud conspirativa. Desde luego, un comportamiento ilícito e irrespetuoso no ayuda a desarrollar la confianza entre pueblos y Gobiernos.

Un episodio como éste pone de relieve el empobrecimiento de la gobernanza internacional, en el que las instituciones y las decisiones son con frecuencia pisoteadas por países que confunden sus propios intereses con los del conjunto de la comunidad mundial.

Ahora, más que nunca, debemos superar el unilateralismo, sea el de Estados Unidos o el de cualquier otro país, y crear instituciones auténticamente multilaterales, capaces de orientar al mundo hacia el imperio del derecho y no la ley del más fuerte. El mundo actual es completamente distinto al surgido tras la II Guerra Mundial. Además de la independencia de muchos países de África y Asia, hemos visto que varios países del sur se han modernizado e industrializado, alcanzando importantes avances sociales, culturales y tecnológicos. Es decir, se han hecho más relevantes en el panorama mundial. Los países que están fuera del G8 tienen en torno al 70% de la población mundial, representando alrededor del 60% de su economía. Sin embargo, el orden político global sigue siendo tan exclusivo como en los primeros años de la guerra fría. La mayoría de los países del mundo son excluidos de los auténticos procesos de toma de decisión.

Por ejemplo, hoy no tiene sentido que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya un miembro permanente de África o Latinoamérica. O que India no pertenezca a él. El Consejo de Seguridad sólo será totalmente legítimo y democrático, y aceptado por todos, cuando tenga miembros de todas las regiones del planeta que no se limiten a defender sus propios intereses geopolíticos y económicos, sino que representen realmente las demandas de paz, democracia y desarrollo de la población mundial.

El episodio de espionaje de la NSA también pone el acento en otra necesidad esencial: la de contar con una gobernanza democrática de internet que ayude a que esa red global sea un ámbito de libertad, creatividad y cooperación, no una herramienta para el espionaje.

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La vida no tiene precio

La cuestión no es si existe cura, sino saber si se puede pagar la cuenta del tratamiento

/ 3 de noviembre de 2013 / 04:00

En todo el mundo, tanto en países ricos, en desarrollo o pobres, el acceso a tratamientos médicos más avanzados es un reto cada vez mayor. La mayoría de los enfermos no recibe los beneficios de los medicamentos más modernos, que podrían curarlos o al menos prolongar sus vidas, debido al elevado precio de los nuevos remedios.

La cuestión no es si existe cura para determinadas enfermedades —ya en muchos casos la hay— sino saber si se puede pagar la cuenta del tratamiento. Millones de personas se encuentran hoy en esa situación dramática, desesperante: saben que existe un medicamento que puede salvarlas y aliviar su padecimiento, pero no pueden adquirirlo, a causa de su costo prohibitivo. Allí una frustrante y deshumana contradicción entre formidables descubrimientos científicos y su uso restrictivo, excluyente.

Por un lado, tenemos a las empresas farmacéuticas, que desarrollan nuevos fármacos, realizando inversiones significativas y llevando a cabo ensayos clínicos sofisticados y onerosos. Por el otro, tenemos a las fuentes financiadoras de los tratamientos médicos: gobiernos, en los sistemas públicos; y las empresas de seguros médicos, en el sector privado. Y, en el centro de todo, el paciente, luchando por la vida con todas sus fuerzas, pero sin condiciones de pagar para sobrevivir.

El problema existe en Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama libra hace años una batalla contra la oposición conservadora para ampliar la cobertura de la asistencia médica a millones de estadounidenses pobres; en Europa, donde hasta en países ricos el sistema público muchas veces no logra garantizar pleno acceso a los nuevos medicamentos; en Brasil, donde el gobierno necesita cada vez más recursos para comprar los medicamentos que posteriormente entrega gratuitamente, inclusive algunos de nueva generación; y en África, donde el VIH afecta a millones, al tiempo que enfermedades tropicales, que podrían evitarse fácilmente, como la malaria, siguen cobrando muchas vidas y han dejado de ser prioridad para los grandes laboratorios.

Un video de Tailandia, divulgado en internet, ha emocionado al mundo mostrando el drama de un chico pobre que tiene que robar para conseguir las medicinas para su mamá, y el de una joven que tiene que pagar cuentas astronómicas de hospital para salvar a su padre.

Conozco muy de cerca el drama de tener seres queridos que no han recibido un tratamiento de salud digno. En 1970 perdí a mi primera esposa y a mi primer hijo en una cirugía de parto por la deficiente atención que recibieron en el hospital. Los años siguientes, de luto y dolor, fueron de los más difíciles de mi vida. Por otro lado, en 2011, ya como expresidente, enfrenté y superé un cáncer gracias a los modernos recursos de un hospital de primera, cubierto por mi seguro médico particular. El tratamiento fue prolongado y doloroso, pero la competencia y atención de los médicos, y el uso de medicamentos de punta, me permitieron vencer el tumor.

Resulta fácil ver a las empresas farmacéuticas como villanas en este proceso, pero eso no resuelve la cuestión. Casi siempre son empresas de capital abierto, que se financian a través de la cotización de sus acciones en las bolsas de valores, y compiten con otras corporaciones, de diversos sectores económicos, para financiar los crecientes costos de la investigación de nuevos fármacos y sus respectivos ensayos. El principal atractivo que le ofrecen a los inversionistas es la rentabilidad, aunque ésta entre en conflicto con las necesidades de los enfermos.

Para dar el retorno pretendido, antes que la patente expire, el nuevo fármaco se vende a precios que están totalmente fuera del alcance de la mayoría de las personas. Hay tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, que llegan a costar 40.000 dólares cada aplicación. Y, al contrario de lo que podría imaginarse, la competencia no está favoreciendo la reducción gradual de los precios, cada vez más elevados cuando se desarrolla un fármaco nuevo. A causa de ese modelo, guiado por las ganancias, las empresas farmacéuticas priorizan estudios sobre enfermedades que generan mayor retorno financiero.

El alto costo de esos tratamientos  hace que seguros médicos busquen justificaciones para impedir el acceso a ellos; mientras que los gestores de sistemas públicos de salud enfrentan un dilema en función de los recursos finitos de que disponen: mejorar el sistema de salud como un todo, basado en niveles medianos de calidad, o priorizar el acceso a los tratamientos de punta, que muchas veces son precisamente los que pueden salvar vidas.

El precio absurdo de los nuevos medicamentos ha impedido desarrollar la economía de escala: en lugar de que pocos paguen mucho, los fármacos tendrían retorno —y serían mucho más útiles— si más personas tuvieran acceso a ellos.

Obviamente la solución no es fácil, pero no podemos conformarnos con esa situación que tiende a agravarse en la medida en que cada vez más personas reivindican, con toda razón, democratizar el acceso a los nuevos medicamentos. ¿Quién, en su sano juicio, dejará de luchar por adquirir el mejor tratamiento para curar a su padre, su madre, su cónyuge o su hijo, especialmente si esa enfermedad provoca grandes sufrimientos y riesgos para la vida?

Se trata de un problema tan grave y de tal impacto en la vida (o en la muerte) de millones de personas, que los gobiernos y organismos internacionales debieran prestarle especial atención, y no sólo las agencias nacionales de sanidad. En mi opinión, no puede seguir tratándose como una cuestión meramente técnica o de mercado. Debemos transformarla en una verdadera cuestión política, movilizando las mejores energías de los sectores implicados, así como de otros actores sociales y económicos, para abordarlo de una forma nueva, que sea viable para quien produce los medicamentos y, al mismo tiempo, asequible para todos los que los necesiten.

Actualmente no desempeño ningún cargo público, hablo aquí como cualquier ciudadano que se preocupa con el sufrimiento innecesario de numerosas personas. Considero, sin embargo, que un reto político y moral de esa envergadura debería ser objeto de una conferencia internacional convocada por la Organización Mundial de la Salud, en la que las diversas partes interesadas discutan abiertamente cómo compartir los costos de la investigación científica e industrial con el objetivo de reducir el precio del producto final, poniéndolo al alcance de todos los que lo requieren. No restan dudas de que deben tenerse en cuenta los intereses de todos los sectores vinculados a la medicina avanzada. Pero la decisión entre la vida y la muerte no debe depender de precio.

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