Estos días he recibido un montón de preguntas sobre la legitimidad del referéndum en Crimea y su conformidad con el derecho internacional. Me gustaría contestar a todas ellas y en orden. En Ucrania se ha producido, bajo todo punto de vista legal, un golpe de Estado real. Se puede añadir un golpe de Estado armado. Como resultado, Rusia no reconoce los poderes actuales de Ucrania.
Hay a quien le gusta la palabra “revolución”. Es posible que la “revolución naranja” del año 2004 se haya ido oscureciendo con el tiempo y se haya puesto parda. En suma, han llegado al poder unos señores ilegítimos que intentan gobernar el país. Las fuerzas radicales nacionalistas siguen todavía ejerciendo una fuerte influencia sobre los nuevos dirigentes ucranianos. Se ignoran los intereses de las regiones ucranianas en las que vive una población ruso-parlante y las minorías nacionales.
El acuerdo de compromiso del 21 de febrero que se alcanzó con la mediación de Francia, Alemania y Polonia, así llamado “grupo de amigos de Ucrania”, se ha ido al traste, a pesar de que su aplicación daba la posibilidad de salir legalmente del callejón sin salida. Las razones arriba expuestas impulsaron a las autoridades legítimas de Crimea (no nos paramos en los intentos convulsos de Kiev, a un día del referéndum, de declarar a todos que “estaban fuera de la ley”) a adoptar la decisión de “separarse civilizadamente” de Ucrania a través de un referéndum.
Y ahora, el tema preferido: el derecho internacional. El derecho a la autodeterminación está fijado en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Más de una vez ha sido ratificado con las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas: en la Declaración de 1970 sobre los principios del Derecho Internacional, en la Declaración de 1960, sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, etc.
En circunstancias en las que un pueblo no tiene posibilidad de obtener su estatus y proteger sus derechos dentro del Estado en cuyo territorio está albergado, dicho pueblo adquiere el derecho a la autodeterminación separándose de este Estado y/o uniéndose a otro Estado. La Declaración de 1970 afirma la inviolabilidad de la integridad de los Estados “que respetan en sus acciones los principios de igualdad y libre determinación de los pueblos” “y que, en consecuencia, tienen un gobierno que representa sin distinción de raza, credo o color de la piel a todo el pueblo, que vive en un determinado territorio”.
Recuerdo que el Presidente legítimo (no lo juzgo como persona) fue elegido dos veces con el apoyo del Este de Ucrania y dos veces fue suspendido ilegalmente. De manera que una población, que ha intentado defender, a través de métodos legales, sus intereses (el idioma, la historia, la protección social), dos veces… ha sido escupida; recurramos, por qué no, a esta palabra. En la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos también se subraya que un Estado que pretende proteger su integridad debe tener “gobiernos que representen los intereses de todo el pueblo de su territorio sin ningún tipo de diferencia”.
Paso ahora a hablar del derecho de Crimea a la autodeterminación y el viraje a la “derecha” del centro. En enero de 1991 se celebró un referéndum en el óblast de Crimea en virtud del cual se adoptó la ley de Ucrania de restablecer la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea. En septiembre de 1991, el Soviet Supremo adoptó la “Declaración sobre su soberanía como Estado”. En 1992 se aprobó la Constitución de Crimea. Sin embargo, en 1995, por decisión de la Rada Suprema y el Presidente de Ucrania, sin el consenso del pueblo, se derogó la Constitución de Crimea. De esta manera, Crimea pasó de tener el estatus de Estado independiente a formar parte de Ucrania (según la Constitución de Crimea de 1992) con el estatus de República Autónoma, como territorio unido al Estado ucraniano.
La reacción en cadena de la toma del poder que comenzó tras el Maidan-2014, puso en peligro la existencia y el poder de Crimea elegido en las urnas, así como la propia identidad de este territorio y su pueblo. En circunstancias en las que el “gobierno de los vencedores” no controla el territorio de Ucrania, y tampoco controla nada en general, no les representa, y tampoco representa nada en general, para el pueblo de Crimea no tenía cabida la posibilidad de ejercer su derecho de autodeterminación dentro del marco del estado ucraniano. De conformidad con la Declaración de 1970, las autoridades de Ucrania deben abstenerse de emprender cualquier tipo de acción de fuerza que prive al pueblo de su derecho de autodeterminación, libertad e independencia, y dar la posibilidad de que se exprese la voluntad de Crimea de forma pacífica y en libertad.
Y hay que añadir que calificar el referéndum como no conforme a la Constitución de Ucrania no tiene sentido al referirse a su legitimidad según el derecho internacional. En la práctica, la aplicación del derecho a la autodeterminación separándose indica que, por razones objetivas, no se puede realizar de conformidad con la legislación nacional.
Vuelvo a repetir lo que ya se ha dicho hasta la saciedad: Estados Unidos, en su memorándum presentado a la Corte Internacional sobre el asunto de la separación de Kosovo en correspondencia con el derecho internacional, sostuvo que “las declaraciones de independencia pueden conllevar a menudo una violación del derecho interno, no obstante, esto no significa que se produzca una violación del derecho internacional”. Además de Estados Unidos, hubo una serie de países que defendieron en los tribunales la legalidad de la actuación de Kosovo. La propia Corte Internacional se pronunció al respecto diciendo que “el derecho internacional común no contiene una prohibición aplicable a la declaración de independencia”.
Y lo principal: los argumentos que aduce Occidente en cuanto a que el referéndum sería legítimo si se celebrara en toda Ucrania. Quiero volver a recordar que en todo el territorio de Ucrania se han celebrado ¡dos veces! elecciones presidenciales cuyo resultado ha sido dos veces la anulación de la voluntad de las calles, así como la presión de la “comunidad internacional”. Ucrania, conducida por un “grupo de amigos” ha devaluado el significando de la Constitución y de la voluntad legítima de su pueblo.