Es un hecho por demás evidente que la llamada píldora del día después, en tanto anticonceptivo de emergencia, forma parte del sistema de salud en el país, pues desde hace más de un año es distribuida en el ámbito del SUMI (Seguro Universal Materno Infantil). Así lo confirmaron diferentes autoridades departamentales y municipales de salud, y se evidencia también en informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Por ello, llaman la atención y preocupan dos cosas. La primera es que los voceros de la Conferencia Episcopal de Bolivia, así como de algunas iglesias cristianas, pretendan interferir en una política pública del Estado boliviano al gestionar la eliminación de la entrega, en el sistema de salud, de la píldora del día después. La Constitución no admite equívoco en su artículo 4°, cuando establece que “el Estado es independiente de la religión”.
El otro hecho, tan lamentable como incomprensible, es que la máxima autoridad de Salud en el país, el ministro Juan Carlos Calvimontes, en lugar de reafirmar y defender, como corresponde, esta política pública, la haya negado enfáticamente en consonancia con la demanda de los obispos. “No hay absolutamente nada”, dijo sobre la distribución de la píldora. Obviamente mintió. Le debe, por tanto, una explicación al país.