La libertad de expresión e información es la base de la democracia. La actividad de los medios de comunicación está garantizada y protegida por la Constitución Política del Estado y por su ley, la Ley de Imprenta.
El secreto en materia de imprenta es inviolable (Art. 8, Ley de Imprenta). Los delitos en esta materia, es decir los cometidos por los medios de comunicación, se juzgan en los jurados de imprenta. Cualquier alteración a esta nomenclatura, podría entenderse como un atentado a la libertad de expresión e información.
“Nadie puede coartar la libertad de expresión e información del periodista, bajo sanción de constituirse en imputado por violación a derechos constitucionales” (artículo 9, Decreto Supremo 20225).
Los trabajadores de La Razón rechazan la intención del Procurador General del Estado, Héctor Arce, de llevar a materia penal, dos supuestos delitos, cometidos en el artículo periodístico “De cómo la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, publicado el 13 de abril de 2014 en el suplemento Animal Político de La Razón.
El señor Ricardo Aguilar, quien firma el texto, es un periodista y no un “espía”. La señora Claudia Benavente, por tanto tampoco es “cómplice”, sino directora de un medio de comunicación, La Razón.
La fuente de la información difundida en ese artículo no puede ser revelada, porque el secreto en materia de imprenta es inviolable. Un periodista incurriría en un delito si lo hiciese.
Si el Procurador insiste en que se revele la fuente de información, del modo en que lo está haciendo, podría incurrir en un atentado a las libertades y garantías constitucionales.
Los trabajadores de La Razón, que suscribimos este pronunciamiento, respaldamos franca y abiertamente a los periodistas aludidos.
Sindicato de Trabajadores de La Razón