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sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 03:46

Avasallamientos en Mallasa

/ 11 de mayo de 2014 / 04:00

El parque de Mallasa es uno de los pocos espacios verdes con el que cuenta el municipio de La Paz. En 1972, este lugar fue transferido por decreto a la municipalidad paceña, que se preocupó por implementar una campaña de forestación. En 2001, con el fin de fomentar su preservación, esa zona fue declarada Área Protegida de Manejo Integral.

A pesar de estas determinaciones legales y de la extrema necesidad que tiene la sede de gobierno de contar con bosques urbanos y espacios de esparcimiento para la ciudadanía, desde hace varios años que este parque viene siendo víctima de loteadores. Por ejemplo, en diciembre de 2010, varias personas se asentaron en el lugar alegando ser los hijos y nietos de los legítimos dueños de esos predios, favorecidos con la Reforma Agraria.

Por falta de apoyo de la Policía, el Gobierno Municipal de La Paz no ha podido expulsar a los avasalladores hasta ahora, quienes no solamente se han multiplicado en los últimos meses, sino que además cuentan ahora con folios reales, impuestos pagados y hasta planos aprobados. Todo ello gracias a la Alcaldía de Mecapaca, entidad gubernamental que, con estas acciones, está socapando a delincuentes, amén de legalizar el avasallamiento de parques públicos y alentar la división entre bolivianos.

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Hacer economía como si la evidencia importara

/ 16 de octubre de 2021 / 01:52

Los premios Nobel de Economía se conceden por la investigación a largo plazo, no por la participación de los economistas en los debates actuales, así que desde luego no tienen mucha relación con el momento político. Es de esperar que la desconexión sea en especial grande cuando el premio se concede sobre todo por el desarrollo de nuevos métodos de investigación.

Y ese es el caso del último premio, concedido a David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens, líderes de la “revolución de la credibilidad” (un cambio en la manera en la cual los economistas utilizan los datos para evaluar las teorías), que ha proliferado en la economía en la última generación.

Sin embargo, resulta que la revolución de la credibilidad es en extremo relevante para los debates actuales. En efecto, los estudios que utilizan el nuevo método han reforzado, en muchos casos, aunque no en todos, el argumento a favor de la intervención más activa del gobierno en la lucha contra la desigualdad.

Como explicaré, esto no es un accidente. Pero primero, ¿de qué se trata esta revolución?

En general, los economistas no podemos hacer experimentos controlados: todo lo que podemos hacer es observar. Y el problema de intentar sacar conclusiones a partir de observaciones económicas es que en todo momento y lugar están ocurriendo muchas cosas.

Antes de la revolución de la credibilidad, los economistas intentaban, en esencia, aislar los efectos de determinadas políticas u otros cambios mediante elaborados métodos estadísticos para controlar otros factores. En muchos casos, eso es lo único que podemos hacer. Pero cualquier intento de este tipo depende de cuán buenos sean los controles y suele haber un margen interminable de controversia sobre los resultados.

Sin embargo, en la década de 1990, algunos economistas se dieron cuenta de que había un método alternativo, el de explotar los “experimentos naturales”, situaciones en las que los caprichos de la historia ofrecen algo parecido al tipo de ensayo controlado que los investigadores querrían llevar a cabo pero no pueden.

El ejemplo más famoso es la investigación que Card realizó junto con el finado Alan Krueger sobre los efectos de los salarios mínimos. La mayoría de los economistas solían creer que el aumento del salario mínimo reduce el empleo. Pero, ¿sí es así? En 1992, el estado de Nueva Jersey aumentó su salario mínimo, mientras que uno de sus estados vecino, Pensilvania, no lo hizo. Card y Krueger se dieron cuenta de que podían evaluar el efecto de este cambio de política comparando el crecimiento del empleo en los dos estados después del aumento salarial, y usar a Pensilvania como control del experimento de Nueva Jersey.

Lo que encontraron fue que el aumento del salario mínimo tuvo muy poco o ningún efecto negativo en el número de puestos de trabajo, un resultado que se confirmó desde entonces al examinar muchos otros casos. Estos resultados no solo justifican el aumento de los salarios mínimos, sino también los intentos más agresivos de reducir la desigualdad en general.

Por último, los grandes cambios en el seguro de desempleo en el transcurso de la pandemia —un enorme aumento de la generosidad, luego un repentino recorte, después un restablecimiento parcial, y luego otro recorte, en el cual algunos estados recortaron las prestaciones antes que otros— proporcionan varios experimentos naturales que nos permiten comprobar si, como siempre insisten los conservadores, el seguro de desempleo disuade a los desempleados de buscar nuevos trabajos.

Pues bien, los datos ofrecen una respuesta clara: aunque las prestaciones por desempleo pueden tener algunos efectos desincentivadores, éstos son pequeños.

Entonces, en general, la economía moderna basada en datos tiende a apoyar políticas económicas más activistas. Pero, ¿por qué los datos parecen apoyar una agenda progresista?

La principal respuesta, yo diría, es que en el pasado muchas personas influyentes se aferraron a argumentos económicos que podían utilizarse para justificar la elevada desigualdad. No podemos aumentar el salario mínimo porque eso acabaría con el empleo; no podemos ayudar a los desempleados porque eso perjudicaría sus incentivos para trabajar; y así uno tras otro. En otras palabras, el uso político de la teoría económica tiende a tener un sesgo de derecha.

Pero ahora tenemos pruebas que pueden utilizarse para comprobar estos argumentos, y algunos no se sostienen. Así que la revolución empírica en economía socava la sabiduría convencional de la derecha que había dominado el discurso. En ese sentido, la evidencia resulta tener un sesgo liberal.

Una vez más, la investigación premiada con este Nobel no es de corte político, pero tiene importantes implicaciones políticas. Y la mayoría de esas implicaciones favorecen un movimiento de las políticas hacia la izquierda

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.

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Catar: pequeña gran potencia

/ 16 de octubre de 2021 / 01:47

Dos hechos recientes consolidaron la reputación de Catar como insoslayable jugador de primera línea en el mosaico geopolítico del mundo: la caída de Kabul a manos de los talibanes, acaecida el 15 de agosto y, aunque pareciera episodio trivial, la compra del sextuplete balón de oro Leonel Messi para el emblemático equipo estrella, de su propiedad, por 160 millones de euros ($us 185,7 millones).

Analistas de toda orientación admiten que la diplomacia catarí ha empleado los cuantiosos ingresos de sus exportaciones de gas con extraordinario buen juicio en inversiones que no solamente buscan lucros bursátiles, sino también rendimientos que engrosen su ya evidente prestigio como mediador en situaciones de extrema tensión. Unos creen que Catar padece del complejo del enano (con sus escasos 11.586 km2) frente a su poderoso vecino Arabia Saudita (2.149. 600 km2) tan rico o más que él y, atribuyen a ello, su hábil uso del soft power traducido en donaciones de diversa índole, a través del fondo soberano Qatar Investment Authority que desparrama $us 300.000 millones en activos que cubren varios puntos cardinales del planeta, aunque fuera un monto muy inferior al equivalente propósito de otras monarquías petroleras como Abu Dhabi (650.000 millones) o Kuwait (692.000 millones). La comparación es pertinente para apreciar el impacto de los réditos intangibles entre uno y otro.

Catar, el dorado del gas, es en PNB (Producto Nacional Bruto) por habitante el Estado más rico del mundo, con tan solo 300.000 ciudadanos nativos (y 2.500.000 extranjeros) será en 2022 el primer país musulmán en albergar la Copa mundial de futbol, para lo que gastó $us 300.000 millones en infraestructura deportiva, que tristemente costó la vida de 6.500 obreros migrantes.

El ámbito de sus relaciones externas pasa por las rivalidades vecinales con sus homólogos petrolíferos (Arabia Saudita, Bahréin, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos) que de 2017 a 2021 impusieron un duro bloqueo a ese singular emirato cuya audaz diplomacia opacaba ambiciones similares en las petro- monarquías del golfo. Aunque el factor de preminencia religiosa sea un elemento adicional de discordia, Catar sigue adelante con su propia hoja de ruta, dominando además los medios a través de su potente red televisiva Al Jazeera, rival de CNN, también en el área occidental.

La entrada de Catar en la Unión Europea la hizo por la puerta francesa por medio de inversiones en hotelería (los grandes cinco estrellas parisinos Le Royal Monceau, The Peninsula, De la Marine y otros) calculándose en 3.600 millones de euros ($us 4.100 millones) el capital catarí invertido en el Hexágono. En retorno, 120 empresas francesas se han instalado en Doha, sumando el excedente comercial francés en 3.200 millones vis a vis Catar.

Todo el festival de cifras millonarias provenientes del minúsculo emirato explica no solo un razonado planeamiento de su economía, donde la diversificación de sus fuentes de ingreso por concepto de las ventas de gas ha bajado al 58%, liberándolo de su condición de monoproductor, destinando el restante 42% a otros rubros, incluyendo servicios. A ello habrá que aumentar el factor militar que alberga equitativamente bases militares de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía.

Su actual esquema de relaciones externas es el fruto de 25 años de paciente construcción diversificando sus alianzas para que ese equilibrio de cierta dependencia externa mitigue los celos de su vecindario, no siempre inocuo. Añádase a ese elemento su posición geográfica central en el Medio Oriente, su solidez económica y su serena compostura que lo coloca en buen rol de mediador internacional. Esas credenciales sirvieron para que los talibanes afganos instalasen en Doha su gobierno en el exilio con la tolerancia americana que llegó a negociar allí su precipitada capitulación.

Su suave diplomacia le permite financiar proyectos en la banda de Gaza, regida por Hamas y a la Hermandad Musulmana que aun figuran en la lista de organizaciones terroristas. En breve, la escarcela catarí está siempre disponible a veces para causas disimiles o contradictorias.

Ese nuevo estilo de hacer amigos y evitar adversarios, ha hecho que Catar, no obstante su exiguo tamaño, proyecte su imagen junto a las grandes potencias que reconocen la utilidad de su juego diplomático, en el convulso mundo árabe.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Países ricos deben asumir el costo

/ 16 de octubre de 2021 / 01:44

En las reuniones de esta semana, los dirigentes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tendrán la oportunidad de replantearse cómo puede utilizar el mundo sus recursos financieros para reducir los riesgos del cambio climático.

Para las economías que intentan alcanzar para 2050 la meta de un mundo con cero emisiones netas, un gran obstáculo será poder movilizar suficiente inversión privada para ayudar a los países en desarrollo a cumplir su parte. En las próximas décadas, se espera que las emisiones de mercados emergentes con un ritmo de crecimiento acelerado como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica aumenten a una tasa más alta que aquellas de los países ricos, como Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y Japón. Si es así, todo el mundo estará abrumado por los efectos del cambio climático.

Lograr la transición a cero emisiones netas requerirá niveles de inversión sin precedentes en tecnología e infraestructura. Será necesario que las inversiones en proyectos para reducir los niveles de carbono en los países pobres asciendan a más de $us 1 billón al año (más de seis veces la cantidad actual $us 150.000 millones).

¿Cómo conseguir ese nivel de inversiones a tiempo? Los países ricos deben destinar una mayor proporción del dinero de los contribuyentes a proyectos para impulsar la transición a cero emisiones netas en el extranjero.

El desastre climático no respetará fronteras nacionales. Si no tomamos medidas globales, todos los países pagarán costos enormes en relación con el calentamiento del planeta, incluidos los daños causados por desastres naturales más frecuentes y fallas en las cadenas de suministro. Invertir $us 100.000 millones en fondos públicos cada año en los siguientes 20 años nos permitirá evitar costos de al menos 10 veces esa cantidad, el resultado probable si no logramos cumplir para 2050 el objetivo de cero emisiones netas.

Una medida esencial para contar con el capital necesario para la transición de las economías de mercados emergentes a cero emisiones netas será utilizar fondos públicos para recaudar más capital privado. Con fondos gubernamentales asignados mediante subvenciones y subsidios es posible absorber algunos de los riesgos derivados de invertir en economías emergentes. Pueden lograr que los proyectos relacionados con el clima sean una opción viable para los inversionistas institucionales.

En la actualidad, la cantidad de capital privado recaudado por cada subvención o subsidio es mínima. Si comparte algunos de los riesgos que disuaden a los inversionistas privados de invertir, el financiamiento del gobierno puede ayudar a que los mercados emergentes sean una propuesta realista para los inversionistas privados.

Una alternativa es diseñar nuevas instituciones financieras para asignar capital al combate del cambio climático. No obstante, creo que es posible hacerles ajustes a los bancos multilaterales de desarrollo, agencias multilaterales y fondos climáticos existentes para que puedan asignar subvenciones y subsidios de los países desarrollados con mayor efectividad. Necesitamos aprovechar el conocimiento local de estas instituciones e invertir en soluciones como bancos ecológicos capaces de tomar este capital y combinarlo con fondos internacionales públicos y privados.

Mi esperanza es que los líderes que se reúnen en Washington estén dispuestos a actuar con audacia y presionar a los organismos internacionales para que renueven su enfoque de financiamiento climático para los países pobres. Se nos acaba el tiempo.

Larry Fink es presidente de BlackRock y columnista de The New York Times.

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Ética y Papeles de Pandora

/ 15 de octubre de 2021 / 01:13

Hace tan solo unas semanas se dio a conocer la investigación internacional denominada Los Papeles de Pandora (Pandora Papers), un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que pone al descubierto un entramado de turbias operaciones en paraísos fiscales que permite mantener fortunas en secreto a más de 300 personalidades del mundo público, entre ellos presidentes, monarcas, ministros y políticos vinculados a sectores conservadores, así como empresarios, artistas, futbolistas y modelos. Más de 11,9 millones de documentos confidenciales han salido a la luz y destapado los negocios offshore de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Aunque no hay certeza de las fortunas que se ocultan bajo este mecanismo, el FMI estima que cada año hay una merma de $us 600.000 millones de impuestos perdidos por los gobiernos de todo el planeta. Este tipo de sociedades, radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare allí donde resida. El problema comienza cuando lo que se busca es anonimato y nula tributación. Las consecuencias de los paraísos fiscales se traducen en que las personas más ricas, aproximadamente el 1%, tienen la posibilidad de elegir dónde pagar sus impuestos; cuando los pagan, eso significa que terminan pagando menos impuestos e inclusive evaden la tributación. Este hecho no es reciente, menos único, según especialistas en el tema tienden a convertirse en acciones recurrentes.

Lo extraño es que, pese a las magnitudes de los montos y las consecuencias identificadas, autoridades, opinión pública y medios de comunicación social, entre otros, no le dan el tratamiento suficiente y adecuado. Siendo un asunto que no solo compromete los ingresos de los países, sino que también se convierte en un accionar carente de ética de precisamente personalidades del mundo público que están llamadas a convertirse en referentes de la sociedad. La ética no solo es cuestión de lecciones de moral, es fundamentalmente una praxis de conciencia propia de las y los seres humanos. Lo que significa la existencia de elementos éticos que en la práctica, en la vida diaria, también se hacen públicos, como parte inmanente de toda persona que se precie como tal.

Ocultar la posesión de ingentes recursos financieros, recurriendo a operaciones de dudoso mecanismo, no es ético, todo lo contrario, ratifica un accionar carente de principios, valores, coherencia entre lo que se dice, piensa y hace, y fundamentalmente evidencia la intencionalidad de encubrir información con fines personales. Tampoco contribuye a la construcción de una cultura de transparencia y disminuye credibilidad. Para los Estados, estas acciones con paraísos fiscales expresan las conductas que tienen sus contribuyentes, así como el conocimiento de las estrategias que utilizan para no pagar impuestos.

Recurrir a negocios offshore en países distintos a los de origen de los recursos financieros con fines de anonimato y buscar una nula tributación, no contribuye al bien común. No pagar tributos como corresponde, no permite el desarrollo de políticas económicas y sociales para beneficio del conjunto de la población. Tampoco es patriota, como suelen manifestar precisamente las personas vinculadas al mundo público, mucho más de aquellas que repiten con frecuencia su supuesto “amor por la patria”, es una acción para servir a sus intereses y no para el bienestar de la patria.

Quedan muchas acciones por hacer, las más dependen de la ética y coherencia de vida de las personas involucradas con los paraísos fiscales, pero también de normas que generen una cultura de ética y transparencia. Habrá que promover la continuidad de investigaciones, como las realizadas por el ICIJ, definir normas que contribuyan a una mayor transparencia, la creación de una comisión internacional para regular estas acciones, ya que el capital se moviliza de manera global. Urge reformar las reglas impositivas internacionales, garantizando que los países se involucren en su elaboración y aplicación. Como dice Dereje Alemayehu, presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, corresponde “Encontrar una solución global a la evasión y la elusión impositiva global será sin duda un proceso difícil, desordenado y prolongado. Pero la transparencia y el compromiso de todos los países son fundamentales, como así también el compromiso de la ONU”.

Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

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Minería y áreas fiscales

/ 15 de octubre de 2021 / 01:07

En un clima político muy enrarecido que vive el país, quiero referirme a un tema pragmático que pretendo sea un escape a los problemas de coyuntura y abra perspectivas de debate sobre el patrimonio físico con que cuenta el sector minero estatal administrado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en toda la cadena de producción, beneficio y comercialización de minerales y metales, que salen de esas áreas mineras calificadas genéricamente como fiscales y cuyo origen se genera en los grupos mineros nacionalizados (DS 3223 de 31-10-1952 elevado a rango de ley en 29-10-1956), concesiones adquiridas posteriormente, residuos mineros en superficie originados por estos dos grupos, 26 áreas de uso exclusivo de la Comibol (DS 1369 de 10-08-2012), áreas que pasaron a su administración por el DS 1308 del 1 de agosto de 2012, áreas de contrato según la Ley 845, áreas de contrato con cooperativas, etc. Esto constituye un gran patrimonio corporativo cuyo manejo es obviamente difícil y aunque la Comibol es una empresa grande, hoy está lejos de ser una gran empresa como querían sus fundadores y cuyo fin debiera ser promover negocios mineros rentables.

Solamente las áreas de uso exclusivo del DS 1369 añadieron en 2012 al patrimonio de la estatal minera 33.564 cuadrículas, equivalentes a 839.100 hectáreas. Esta política de acumulación de áreas mineras a lo largo de los años ha generado un patético contrasentido en una empresa que controla la mayor parte del potencial minero del país y que paradójicamente no tiene la capacidad de desarrollarlo y generar nuevos proyectos mineros, porque en los años 80 se destruyó su Dirección de Exploraciones y Proyectos (hoy en proceso de reestructuración) y también porque se redujo al mínimo la capacidad del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el otro brazo operativo y de servicios encargado de la investigación geológica-minera de áreas fiscales. En un trabajo de investigación sobre este tema (Comibol un sueño inconcluso, en: ¿De vuelta al Estado Minero? Fundación Vicente Pazos Kanki, La Paz, Bolivia, 2013) detallo estas cosas y propongo algunas soluciones para estructurar una Corporación moderna y eficaz que sí podría revertir la situación y sacar provecho para el país de su inmenso patrimonio. La solución pasa por segmentar la corporación en unidades especializadas y no en grupos de minas, transferir las actividades y servicios de utilidad pública hacia áreas de acción del gobierno (salud, educación), permitir la participación de terceros en campos específicos y también en el desarrollo de nuevos proyectos, generando un clima apropiado a las inversiones de riesgo (v.g. exploración), y en el caso específico de áreas fiscales, alivianar la tediosa y burocrática tramitación de contratos de terceros con el Estado, entre otras medidas.

En las dos décadas precedentes no se han generado nuevos proyectos estatales en áreas fiscales que tengan una proyección significativa a corto y mediano plazos, muchas de estas áreas tienen trabajos previos de privados que no se finalizaron por los cambios frecuentes de la legislación del sector, la falta de seguridad jurídica que genera avasallamientos y estatizaciones, y por una inadecuada ley sectorial (Ley 535) que debería adecuarse a las necesidades actuales, como es el caso de las modificaciones que ya se han hecho por la presión social del sector cooperativo. El potencial minero soterrado en las profundidades de la corteza terrestre no tiene ningún valor, éste se consigue cuando se genera, con trabajo intelectual e inversiones, un proyecto minero que tenga cuando menos un estudio de prefactibilidad (PFS), que lo haga de interés. Lo contrario significaría seguir la moraleja de la fábula El perro del hortelano.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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