SALA DE PRENSA

La contundente victoria de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast (extrema derecha) confirma en las urnas —una vez más— la potencia del “reventón chileno” que atravesó transversalmente a toda la sociedad. Y, también hay que decirlo, revela un sistema electoral que lució impecable. Alrededor de las ocho de la noche (hora local) se conocían los resultados y el perdedor aceptaba su derrota.

Chile pareció volver a su “normalidad”: la de las victorias electorales de fuerzas partidarias de transformaciones sociales en un sentido progresista. Sin equivocarse, los medios definen la elección como histórica. Y lo es. El triunfo de Apruebo Dignidad, nombre nacido de la anterior batalla política (la que logró poner en pie la Convención Constitucional), lleva inscripta la promesa de cambio.

Los partidos que dirigieron la transición democrática post-Pinochet quedaron fuera de la contienda presidencial (si bien resistieron en las elecciones para diputados y senadores). Boric, el candidato de izquierda, arrasó con 60% en la Región Metropolitana y, de la mano de Izkia Siches, la joven expresidenta del Colegio Médico, uno de sus mejores fichajes para la campaña de la segunda vuelta, logró mejorar sus resultados en las regiones y consiguió casi 56% en la elección nacional.

En la primera vuelta, la centroizquierda fue desbordada desde la izquierda por Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) y la centroderecha naufragó electoralmente tras un segundo gobierno de Sebastián Piñera que nunca encontró un rumbo y terminó apoyando, casi sin condiciones, a un candidato que reivindicaba a Augusto Pinochet (con excepción de su política de derechos humanos —sic—). Pero esto no significa que, como titularon medios internacionales, las elecciones chilenas enfrentaran “dos extremos”. En el flanco derecho, en efecto, se puede hablar de un extremo. Fue la paradoja de esta elección: el “pinochetismo” de Kast —junto con sus posiciones conservadoras en el terreno de los derechos sexuales, las demandas LGBTI o el feminismo— apareció como más “transgresor” que el programa de Boric. Por eso convocaba al voto con la consigna “Atrévete”: porque hoy votar por él implicaba ir contra la corriente. Significaba, de hecho, manifestarse contra el nuevo sentido común que fue emergiendo al calor de las movilizaciones y de las olas feministas, de los movimientos contra las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por el reconocimiento de los pueblos indígenas y en favor de la lucha contra el cambio climático y las “zonas de sacrificio”.

En el caso de Boric, pese a ser el candidato de una alianza a la izquierda de la Concertación, su programa está lejos de ser radical. Es, más bien, la expresión de un proyecto de justicia social de tipo socialdemócrata en un país donde, pese a los avances en términos de lucha contra la pobreza, perviven formas de desigualdad social —y jerarquías étnicas y de clase— inaceptables junto a la mercantilización de la vida social. Por otro lado, pese a que Kast se presentaba como un candidato de “orden”, todos sabían que el postulante de la derecha habría sido un presidente potencialmente desestabilizador, por su seguro enfrentamiento con la Convención Constitucional en funciones, pero también por la previsible resistencia en las calles. El “orden” en un país que, como se vio en la campaña y en la elevada participación electoral, sigue profundamente movilizado, rima con el cambio y no con los retrocesos conservadores que prometía Kast.

Más que a un radical, muchos en la izquierda consideran a Boric, de 35 años, como demasiado “amarillo”, la forma clásica para referirse a las izquierdas reformistas. Y gran parte de su éxito en la segunda vuelta fue haber podido captar el apoyo de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, incluido el de la expresidenta Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que viajó a Santiago a votar y llamó, mediante un video, a votar por Boric.

Exdirigente estudiantil y actualmente diputado, Boric llegó a la candidatura presidencial tras un periodo de crisis del Frente Amplio, luego de ganarle las primarias a Daniel Jadue, del Partido Comunista (el sistema electoral chileno favorece la conformación de coaliciones para participar juntas de las primarias y aprovechar los espacios publicitarios y la visibilidad que generan). En la campaña, el ahora presidente electo planteó un choque entre una nueva cultura de izquierda — con eje en los derechos humanos— y la vieja cultura comunista propia de la Guerra Fría, por ejemplo en temas como la crisis en Venezuela o Nicaragua. En uno de los debates con Jadue señaló: “El PC se va a arrepentir de su apoyo a Venezuela como Neruda se arrepintió de su Oda a Stalin”. Ahí, Boric puede hacer la diferencia respecto de unas izquierdas latinoamericanas demasiado “campistas” (expresión para señalar a quienes ven el mundo como dos campos geopolíticos opuestos), que terminan mirando con desconfianza los discursos sobre derechos humanos en lugar de transformarlos en un instrumento de la batalla por un mundo más igualitario.

La candidatura de Boric sella una serie de victorias electorales de la idea de “cambio”: el masivo “Apruebo” a la necesidad de una Convención Constitucional en octubre de 2020, la elección de alcaldes y alcaldesas apenas treintañeros en varias ciudades del país y la propia composición de la Convención. Estos liderazgos reflejan un fuerte cambio generacional del cual es expresión el Frente Amplio, pero también las nuevas caras del PC como Irací Hassler, que hoy gobierna la comuna de Santiago Centro. Estos nuevos liderazgos son sociológicamente cercanos al Frente Amplio y plasman también el ascenso de nuevas camadas de mujeres feministas. De hecho, el PC chileno es uno de los pocos casos de un partido comunista en Occidente que, sin renunciar a su identidad, logró renovarse en términos generacionales, pero también de género.

Es posible que el posicionamiento del Frente Amplio en la Convención Constitucional, donde trabaja en coordinación con el PS y más que con el PC, anticipe algo de lo que viene: su lugar como pivote entre la izquierda del PC y la centroizquierda. En su campaña, Boric debió parecerse más a Bachelet que a Salvador Allende. Al final, el “reventón” no significó un giro hacia la izquierda tradicional ni añoranza hacia el pasado, y por eso el desafío del nuevo presidente será llevar adelante las banderas de transformación social, sobre todo la de un país más justo, pero sin sobreactuación. Boric captó en su campaña —que en la segunda vuelta penetró en el electorado moderado— que hay en las demandas de cambio más de “frustración relativa” que de añoranzas de la época allendista, aunque sin duda el expresidente brutalmente derrocado en 1973 constituyó para muchos una suerte de faro moral de las protestas.

Con un gobierno de Jair Bolsonaro cada vez más impopular, la derrota de Kast, aliado de Vox y otras fuerzas reaccionarias globales, constituye también un freno a la extrema derecha en la región. Con Boric en Chile, la izquierda latinoamericana suma un nuevo presidente —y hay quienes ya colocan a Brasil y hasta a Colombia en esta estela para 2022—. Pero esta “segunda ola” es mucho más heterogénea que la primera y, en general, de menor intensidad programática. Frente a una izquierda latinoamericana desgastada después de la primera “marea rosa”, desde un país como Chile —más institucionalizado que otros en la región—, quizás Boric pueda mostrar una vía democrática radical e igualitaria capaz de construir instituciones de bienestar más sólidas (una agenda que tomó una nueva dimensión en la pandemia). Pero también puede significar aire fresco en términos de principios: el “populismo de izquierda” en la región terminó por quedar pegado a la decadencia política y moral del proyecto bolivariano. Y Boric tiene el desafío de mostrar que se puede avanzar en el campo social sin deteriorar la cultura cívica. Aunque eso no solo depende de él, sino también de la futura oposición (tanto política como social). El récord de votos que lo aupó a La Moneda sin duda le da un poder que nadie esperaba días antes de esta elección.

“Esperamos hacerlo mejor”, le dijo a Sebastián Piñera, de manera educada pero contundente, al aceptar un desayuno de transición. Poco después, ante una multitud, dio inicio a lo que sin duda es un nuevo ciclo. Posiblemente el fin de la transición tal como la conocíamos.

(*) Tomado de la Edición digital de Nueva Sociedad / Especial Chile y Honduras. Febrero 2022.

(*)Pablo Stefanoni es jefe de redacción de Nueva Sociedad (*)

En una columna reciente en este diario titulada Golpes suaves (30/5/2016), el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se refiere al libro De la dictadura a la democracia (1993), escrito por el politólogo estadounidense Gene Sharp. El ministro dice que el libro “pretende ser una guía para instalar gobiernos liberales en sustitución de gobiernos no amigables con las corporaciones mundiales”. Y que  “da 198 consejos para liderar una ‘revolución’ no violenta, con el fin de derribar gobiernos dictatoriales o democráticos que ‘no garanticen el funcionamiento del libre mercado y las instituciones libres’”. En verdad, se trata de un libro de estrategia de acción no violenta frente a dictaduras (allí se mencionan casos como el del Shah de Irán, Ferdinando Marcos en Filipinas o las dictaduras salvadoreña y guatemalteca, que no eran precisamente anticorporaciones). Al final da consejos de acción no violenta, que van desde diversos boicots a la no cooperación obrera y patronal.

Yo no sé si Sharp es un agente de la CIA o algo así, y no soy ingenuo para pensar que Estados Unidos no conspire en diversas partes del mundo. En todo caso, una carta firmada por 138 intelectuales (que incluyen a Noam Chomsky y a Howard Zinn) sostiene que “lejos de constituir instrumentos del imperialismo, las investigaciones y escritos del Dr. Sharp han inspirado —tanto en EEUU como en todo el mundo— a generaciones enteras de activistas progresistas: pacifistas, sindicalistas, feministas, ambientalistas, luchadores por los derechos humanos y por la justicia social”.

Pero el punto es otro: ¿por qué un libro escrito para derrocar dictaduras mediante la acción no violenta es percibido como una amenaza? Es poco auspicioso, además, que parte de las izquierdas latinoamericanas haya apoyado este tiempo a varias de las dictaduras árabes, desmereciendo las capacidades cívicas de jóvenes “indignados” que usaron esas tácticas de acción no violenta y arriesgaron sus vidas en pos de un futuro más digno (como lo hacen los indignados europeos, pero con más riesgos).

 Menos convincente resulta el vínculo entre el caso Zapata y las teorías de la no violencia. De hecho, yo no encontré en el libro la cita del ministro sobre la defensa del libre mercado. Tampoco encontré dónde se propone cambiar “los tanques por mentiras para derribar gobiernos” ni sobre el uso de medios masivos de comunicación “para instalar las mentiras”.

Todo esto remite a otro aspecto de la columna del ministro Ferreira: “la mala utilización del noble papel del periodismo en función de intereses antinacionales, como se hizo contra Andrés de Santa Cruz, Busch, Villarroel (al que calificaron de “nazi-fascista”) y ahora contra Evo Morales.

Gene Sharp no descubre nada nuevo; en su libro Nacionalismo y coloniaje, Carlos Montenegro describió antes el uso mercenario de la prensa contra la democracia”.

La verdad, más allá de asumir acríticamente la historiografía nacionalista revolucionaria, o de considerar a cualquier cosa un “golpe suave” (rehuyendo a la necesaria reflexión crítica respecto de nuestra propia experiencia de gobierno) es que las razones del suicidio de Busch son variadas, lo mismo que la imposibilidad de su gobierno de tomar medidas más radicales y menos pendulares contra la gran minería y los latifundistas (en gran parte motivada por la indecisión del propio Busch). Y respecto de Villarroel, quienes lo acusaron con más ímpetu de nazi-fascista fueron los piristas, alineados en ese punto (no en otros) con las posiciones de Moscú en toda la región.

Las posiciones “antinacionales” del PIR no pueden ocultar las aristas represivas y abusivas de los radepistas (en muchos casos no contra la oligarquía, sino contra la izquierda opositora: el propio José Antonio Arze fue baleado y nunca se recuperó de esas heridas). En esos abusos de poder se basaron las rebeliones contra Hernando Siles y Villarroel, y sobre esos abusos se montó la derecha. Por eso es mejor evitarlos.
 

La “barricada” no planificada entre María Galindo y el vicepresidente Álvaro García Linera tiene muchas claves de lectura, desde el plano “estético” y político, María Galindo debía evitar ver disminuida la imagen de activista antisistema que la acompaña en sus acciones y performances de denuncia al estar hablando de tú a tú con el segundo mandatario. Por su parte, el Vicepresidente debía hablar como integrante de un gobierno con múltiples posiciones respecto a los temas ético-morales.

Las reivindicaciones de las llamadas “minorías sexuales” han logrado hoy en día inéditos avances, uno de los más visibles corporizado en el llamado “matrimonio igualitario” ya aprobado en varios países, incluso de América Latina. El artículo de Bruno Bimbi publicado en el último número de Nueva Sociedad es muy ilustrativo en varios aspectos. Uno que quiero destacar acá es la necesidad de que los movimientos LGBT se preparen de manera más consciente y sofisticada para dar batalla por los nuevos derechos. El paralelo que Bimbi realiza con el apartheid contra los negros en EEUU es muy apropiado para un país como Bolivia. En su texto, Bimbi —quien participó en la primera línea de la lucha por el matrimonio en Argentina— muestra que la filósofa Hannah Arendt se opuso a la puesta en pie de colegios mixtos (entre niños blancos y negros) por métodos policiales, y se enfocó en la necesidad de legalizar los matrimonios interraciales como un paso más decisivo en la lucha contra el racismo tanto del Estado como de la sociedad. Esa preparación de los colectivos LGBT incluyó lecturas, estrategia, respuestas a los principales argumentos de los detractores, búsqueda de aliados en todos los espectros ideológicos, análisis de las experiencias en otros países, tácticas publicitarias para generar “hechos” favorables a la causa, etc.

En el caso de María Galindo, ella se opone al matrimonio igualitario porque considera que es “una lucha conservadora y equivocada porque implica asimilarse al modelo burgués del núcleo familiar”. Por eso, su propuesta, en el diálogo con García Linera, fue la realización de una encuesta entre los diputados sobre la homofobia.

En el caso boliviano, la resistencia (y las tensiones entre visiones progresistas/populares) es un aspecto que no se puede dejar de lado. Ningún gobierno va a avanzar en una medida que genere un revuelo entre sus propias bases sociales. Y hoy la mezcla de catolicismo, evangelismo y pachamamismo constituye un tejido de significaciones fuertemente conservador que hace más necesaria aún estrategias más inteligentes y efectivas, al menos para quienes sí quieren avanzar en el terreno institucional.

El caso argentino muestra muy bien los efectos performativos de la ley. Como señala Bimbi en su artículo, hoy la homofobia se volvió políticamente incorrecta. No es poco.

Creo que más que una encuesta, para mostrar que la mayoría de los diputados y diputadas son muy conservadores/as, homofóbico/as y posiblemente que saben poco del tema y están llenos/as de prejuicios, es necesario un trabajo político con esos y esas “honorables” para ir avanzando en la guerra de posiciones contra los conservadores. Desarticular el discurso identitario que dice que la homosexualidad no tiene nada que ver con las costumbres ancestrales (argumento que en África lleva a los peores crímenes homofóbicos) requiere estudio, estrategia y mucho trabajo. Pero también discusiones en todos los niveles y poner de relieve las contradicciones de quienes luchan contra la discriminación.  Y ojalá haya más “barricadas”, de María Galindo, y de otros activistas. Pero también reuniones aburridas donde diputados y diputadas, ministros y ministras se informen acerca de estos temas sobre los que deben legislar. Sin duda, Bolivia es más diversa de lo que muchos creen. Y la lucha es porque todas esas “diversidades” entren en el Estado Plurinacional, no solamente el étnico-culturales.