El país está encaminado en una inminente campaña electoral con miras a los comicios generales del 12 octubre de este año. Con la convocatoria en plena vigencia, el calendario sufre improvisadas modificaciones, en algunos casos motivadas por presiones sociales y políticas, y en otros, por la falta de previsiones de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 30 de abril, el Tribunal hizo pública la convocatoria para la elección del presidente o presidenta, del vicepresidente o vicepresidenta, senadores y senadoras, diputados y diputadas, además de representantes “supranacionales” ante parlamentos y organismos regionales.
Quizás sea una de las justas electorales más polémicas de la historia democrática del país, a juzgar por los problemas que tropieza desde antes del llamamiento. La habilitación de los actuales Presidente y Vicepresidente del Estado incluso obligó una consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y el inicio de una campaña prematura calentó el ambiente político.
En poco más de un mes, el TSE ha sorteado una serie de dificultades, especialmente en referencia al diseño y aprobación del mapa electoral, que movilizó a regiones como Santa Cruz, cuyos representantes viabilizaron al final la aprobación del documento. Si bien el diseño contentó a este departamento, causó protestas en Potosí, Chuquisaca y La Paz.
Las presiones (en Potosí hubo corte de rutas por varios días) obligaron a la modificación del documento referido a la ubicación de las circunscripciones territoriales. Si bien los vocales argumentaron que aquel trabajo fue meramente técnico y matemático, los problemas develaron deficiencias de cálculo.
Pero lo más grave sucedió dos semanas después del empadronamiento masivo de electores, cuando los ciudadanos se agolparon a los puntos de registro biométrico, hasta el extremo de colapsar el sistema debido a fallas técnicas y saturación de equipos. Centenares de ciudadanos incluso durmieron en los lugares de inscripción, que se caracterizaron de inmensas filas, atribuibles en parte a la idiosincrasia criolla de dejar todo para el último momento.
El TSE se vio otra vez obligado a mover el programa y prorrogar el cierre de inscripciones para el 9 de junio. A pesar de la campaña “ponte las pilas, evita las filas” del Tribunal, las dificultades continuaron, y otra vez una ampliación, esta vez hasta el 20 de junio. La presidenta del TSE admitió esta vez que los equipos son obsoletos…
Es cuestionable que el Tribunal incurra en una serie de improvisaciones, que arriesgan la credibilidad del calendario electoral y de las decisiones de la entidad electoral. Los ciudadanos se acogieron al “ponte las pilas”; toca a los administradores electorales hacer más suyo ese eslogan, en aras de la democracia.