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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 21:11 PM

Alimentar lo nuevo, decir lo nuevo

Dos leyes recientes subrayan la inauguración de esta nueva fase en el proceso de las autonomías

/ 12 de junio de 2014 / 07:26

La nacionalización de nuestros hidrocarburos ha permitido que los presupuestos departamentales y municipales se incrementen en más del 300% en los últimos ocho años, que haya disminución de la pobreza urbana y rural, que se multiplique la capacidad de ahorro de la población, etc. Pero también hay otras consecuencias que a mediano plazo influirán mucho en nuestras vidas cotidianas. Estamos hablando de la multiplicación de la inversión pública, que refleja la capacidad estatal para atender las necesidades de la gente. En los últimos años, el Estado boliviano ha venido construyendo infraestructura de salud, educación, integración caminera, como nunca antes en la historia.

El despegue económico que vivimos las bolivianas y bolivianos pone de manifiesto necesidades que en el anterior esquema neoliberal hubiera tomado muchos más años visibilizar: la demanda de energía, por ejemplo. El escenario actual plantea retos que los políticos neoliberales y sus empleados economistas nunca afrontaron, porque en ese entonces la función pública se limitaba a medio administrar un debilitado aparato estatal al servicio de los intereses extranjeros.

El haber satisfecho gran parte de la demanda básica (centrada en aulas, infraestructura de salud, carreteras principales, etc.), nos permite volcar la mirada a problemas estructurales que no son nuevos, pero que eran difíciles de encarar porque el tamaño de nuestra economía los hacía irresolubles, porque más nos preocupaba resolver el día a día, o simplemente porque no eran del interés de la clase política de ese tiempo.

Dentro del proceso de las autonomías, la necesidad de encarar temas estructurales es un desafío a la vocación de coordinación y concurrencia entre municipios, y entre éstos y los gobiernos nacional y departamentales. Cada vez son más, en cantidad, en inversión y en importancia, las iniciativas que requieren de presupuestos conjugados entre distintos tipos de autonomía con el Gobierno nacional. 

Es precisamente en este proceso autonomista en el que se dan los espacios más frecuentes de diálogo y coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales. Esta realidad expresa el nuevo modo de entender y ejercer la política como la ciencia para construir consensos y confluir en esfuerzos comunes. Dos leyes recientes subrayan la inauguración de esta nueva fase en el proceso de las autonomías. En primer lugar la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, que establece las condiciones y procedimientos para el ejercicio coordinado de las competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos.

En segundo lugar, la Ley 533 de Creación de la Región Metropolitana Kanata, que la instituye como espacio de  planificación y gestión, conforma su consejo metropolitano y define la participación de siete municipios (Cercado, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba). El complejo armado de consensos que dio a luz a la Ley Kanata permitirá a Cochabamba, de aquí en adelante, enfrentar necesidades tan estructurales como la gestión integral de residuos sólidos, la recuperación y gestión integral del río Rocha, y el Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento Básico.

No se trata solamente de que ojalá las otras áreas metropolitanas (La Paz y Santa Cruz) tomen nota de este avance, sino también de que los cientistas políticos y estudiosos pueden dar cuenta de estos nuevos derroteros del quehacer político, de las lógicas que vienen remozándose desde las regiones, de una gestión pública que adquiere nuevas dimensiones y desafíos. Así como las movilizaciones populares a partir de 2000 nos increpaban tantas cosas, así como el proceso constituyente azuzó tanto la curiosidad de los científicos sociales, así también los y las intelectuales están hoy ante el enorme desafío de percibir lo complejo del nuevo Estado Plurinacional, y ayudarnos a comprenderlo y alimentarlo.
 

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Después del No Qué?

¿Cuáles son las consecuencias para los gobiernos departamentales donde los estatutos no fueron aceptados por la población? Básicamente, ninguna. La gestión departamental, el ejercicio de sus competencias, el acceso a los recursos, el desempeño de sus autoridades, no depende de la existencia de un Estatuto vigente.

/ 4 de octubre de 2015 / 04:01

El domingo 20 de septiembre la población fue consultada respecto de cinco propuestas de estatutos departamentales, tres cartas orgánicas municipales y dos estatutos indígena originario campesinos. Todas las propuestas departamentales perdieron. El rechazo más contundente se registró en Oruro, donde más del 74% de los electores le dijo No al texto trabajado, como en todos los otros casos, por la respectiva Asamblea Legislativa Departamental. De las tres cartas orgánicas municipales puestas en consulta, solo las de Cocapata y Tacopaya (en Cochabamba) fueron aprobadas. Huanuni (Oruro) votó mayoritariamente por el No.

Luego, lejos de nuestra mirada y de la cobertura mediática, dos autonomías indígena originario campesinas confrontaron las propuestas, fruto de un largo proceso participativo, al voto de las ciudadanas y ciudadanos. En Totora Marka (Oruro), poco más del 70% rechazó el Estatuto indígena; mientras que en Charagua, la provincia más grande de Bolivia, más del 53% de los y las votantes  abrazaron el Estatuto para conformar de una vez la primera autonomía indígena originario campesina de este nuestro Estado Plurinacional.

¿Cuáles son las consecuencias para aquellos gobiernos departamentales donde los estatutos no fueron aceptados por la población? Básicamente, ninguna. La gestión departamental, el ejercicio de sus competencias, el acceso a los recursos, el desempeño de sus autoridades, no depende de la existencia de un Estatuto vigente.

Recordemos por ejemplo que cada Estatuto departamental debía definir la composición de las asambleas departamentales. Pero ya acudimos a elegir asambleístas departamentales en marzo de este año, sin estatutos vigentes, y simplemente se repitió la composición definida para las anteriores elecciones subnacionales.

Cada una de las asambleas departamentales deberá decidir el inicio de un nuevo proceso estatuyente, o la complementación (corrección, reescritura, revisión) del texto rechazado recientemente. Cada asamblea deberá definir una metodología de trabajo (plazos, etapas, comisiones de trabajo, momentos de participación y consulta a los sectores, vinculatoriedad o no de esos espacios, mayor o menor apertura de todo el proceso).

Y también, por supuesto, el dinero. Cuánto presupuesto será necesario destinar para este nuevo (más bien: renovado) proceso estatuyente. Ese presupuesto deberá ser coordinado con el ejecutivo departamental. Y éste es precisamente uno de los desafíos de nuestro proceso autonómico, entre muchos otros: lograr una cultura política de coordinación y deliberación fructífera entre los legisladores departamentales y los gobernadores.

Hasta hoy, se puede decir que en casi todos los casos la coordinación entre Legislativo y Ejecutivo ha sido casi nula en lo que respecta a la redacción de los estatutos departamentales. Difícil tarea de los legisladores que, sin apoyo ni interés del Ejecutivo, son llamados a redactar la principal norma de una autonomía de por sí compleja, aunque prometedora y llena de potencialidades.

Esperemos que estas nuevas asambleas coordinen mejor con los (casi todos) nuevos gobernadores.  Entonces, si bien la redacción y puesta en vigencia es una obligación constitucional para los gobiernos departamentales, éstos continúan su vida institucional como hasta ahora, aun careciendo de Estatuto.

Es diferente el caso de los gobiernos municipales: la carta orgánica no es obligatoria. Así, el gobierno municipal de Huanuni puede decidir no insistir con esa intención. De lo que no cabe duda es que los resultados van a dar qué pensar a los más de 150 gobiernos municipales que en este momento están tramitando la declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No se trata solamente de dinero para el proceso de redacción, sino también para el referéndum mismo; y aún más allá, existe un alto costo político para aquellas autoridades cuya propuesta de carta orgánica recibe el rechazo de la gente.

Tenemos entonces que, a pesar de los resultados negativos del 20 de septiembre, los gobiernos municipales y departamentales involucrados continúan con su vida institucional y persisten en el ejercicio de sus competencias, como lo han venido haciendo desde que se invistieron las primeras autoridades autonómicas en Bolivia, a mediados de 2010.

Otra es la historia de los gobiernos indígena originario campesinos, donde no existe gobierno indígena mientras el Estatuto no esté aprobado. La apertura estructural plasmada en la nueva Constitución, que permite el autogobierno de las naciones indígenas, hasta ahora no había podido materializarse, aunque en ello resida la esencia misma de la plurinacionalidad del Estado boliviano.

Fíjese usted que hay 11 municipios donde las autoridades originarias y las comunidades vienen trabajando desde 2009 para hacer realidad esa posibilidad histórica de que las naciones indígenas puedan ejercer sus formas propias de gobierno.

Ya son entonces casi seis años de trabajo. Y es un esfuerzo diferente al realizado por asambleístas y concejales. Los asambleístas indígenas cargan una enorme responsabilidad frente a sus comunidades, donde el control social es real y constante, además de que no reciben ninguna remuneración por su trabajo deliberativo.

En el caso de Totora Marka, la propuesta de Estatuto estuvo pendiente de consideración en el Tribunal Constitucional durante casi dos años (desde agosto de 2012 hasta febrero de 2014). Es más, después de esa larga espera hubo otra: ya en marzo del año pasado (hace un año y medio), Totora Marka había solicitado la realización del referéndum para poner en consulta su Estatuto.

Así, no es extraño el cansancio de las comunidades respecto al tema de la autonomía indígena. Peor aún si desde el mismo gobierno municipal, los propios hermanos en función de gobierno desatan una campaña en contra del Estatuto indígena, obedeciendo a un interés cortoplacista que niega una reivindicación histórica y orgánica.

Dificultades parecidas sortearon las comunidades guaraní de Charagua, a las que les llevó alrededor de 20 meses conseguir la declaratoria de constitucionalidad a su Estatuto. Sin embargo, en el caso de Charagua fue clave la elección de autoridades municipales en marzo. Fue necesario un arduo trabajo de articulación política para lograr la elección de un gobierno municipal favorable a la intención de autonomía indígena originario campesina, que no pusiera zancadillas ni presupuestarias, ni políticas, ni mentirosas, a la consulta democrática del pasado 20.

Gracias a ese esfuerzo del pueblo guaraní, en los meses que siguen tendremos otro orgullo para compartir con el mundo: el primer gobierno indígena que, siendo parte del Estado boliviano, no precisa máscaras ajenas para ejercer el poder político. Y ojalá que la energía constituyente, así renovada, nos ilumine a todos y todas en este camino para volver a ser nosotros mismos.

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La deliberación silenciosa

Con el detalle de los 11 estatutos indígenas se hace notar que los dos que están listos para referendo esperan que lo convoque el Órgano Electoral, otros pocos están trabados por desacuerdos internos, aunque todos los que están en revisión constitucional tuvieron una respuesta lenta de ese Tribunal.

/ 26 de octubre de 2014 / 04:01

Volver a ser nosotros mismos”, dice el canciller David Choquehuanca cuando describe el espíritu de nuestro proceso de cambio. Hay muchas decisiones y muchos momentos que encarnan ese anhelo: como la Constitución escrita por representantes del pueblo y ya no solo de una minoría privilegiada, leyes trabajadas y consensuadas con los sectores a los que van dirigidas, aprovechamiento de recursos naturales que nos enriquecen a nosotros y ya no a unos otros que no conocemos, la “bolivianización” de la economía nacional… se trata de decidir nuestras vidas entre nosotros, cada vez menos dependientes de los razonamientos e intereses foráneos.

Algo parecido, pero tal vez más vernacular y complejo, está sucediendo también entre las naciones y los pueblos que han optado por la autonomía indígena originario campesina. Hace casi cinco años, el 6 de diciembre de 2009, once municipios decidieron emprender el camino para dejar de gobernarse a través de las reglas municipales, y recuperar, fortalecer y oficializar los modos ancestrales en que habían venido ejerciendo su vida social y política. Encomiendas, sindicatos y municipios han sido durante muchos años fuente de expropiación y de desconocimiento de lo propio, de lo orgánico que había sido creado y recreado para responder a los ciclos de la vida y a los procesos históricos. Algo que persiste en su fuerza vital y creativa, pero que no es plenamente reconocido por el Estado, ni integrado sistémicamente a los espacios de la lucha política.

¿Cuántos de esos once municipios tienen ya un gobierno propio? ¿Cuántos ejercen en los hechos aquella decisión de diciembre de 2009? Todavía ninguno. Solamente San Pedro de Totora y Charagua tienen estatutos autonómicos plenamente aprobados por sus asambleas estatuyentes y por el Tribunal Constitucional. Pero esos textos tienen todavía un desafío más: ser sometidos a referendo y ser aprobados por la mayoría absoluta de la población que habita en sus territorios.

TRÁMITES. Totora Marka (Oruro) lleva más de ocho meses tramitando ante el Órgano Electoral la realización de ese referendo. Charagua lleva cuatro meses en la misma intención. Mientras no cuenten con estatutos aprobados a través del voto ciudadano es casi imposible que ninguno de estos dos pueblos pueda elegir autoridades que no sean alcaldes ni concejales, en las elecciones subnacionales de 2015.

Esta situación es una muestra del camino dual en el que desde hace centenas de años los pueblos indígenas han debido aprender a moverse: una decisión colectiva fue sometida a la manifestación democrática liberal con el referendo de 2009. Luego vino una etapa hacia adentro, de consensuar la conformación y la forma de trabajo de las asambleas estatuyentes: representación por comunidades y ayllus, toma de decisiones por consenso, discusión de los órganos del gobierno indígena, valores y visiones que serían expresados en los estatutos. Han sido muchos días y noches de discusión, muchos viajes, mucho dejar el chaco y la familia para ir escribiendo lo que viene del pasado para darle luz a un mejor futuro.

Ahora, lo colectivo y comunitario debe someterse una vez más a la visión mecánica de “un ciudadano un voto”. También es cuestión de legitimidad y de garantizar que los futuros (y ojalá próximos) gobiernos indígena originario campesinos se construyan sobre la base de un pacto social vigoroso y explícito.

En ambos casos, ambos pueblos han debido esperar más de un año para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita una primera declaratoria respecto de sus estatutos. También en ambos casos, los magistrados tuvieron observaciones que debieron ser enmendadas por los asambleístas, retornando en segunda instancia al examen constitucional, etapa que ya fue vencida por Totora y Charagua.

RETRASO. Los procesos de Chayanta (Potosí) y de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) son los más retrasados. Debido a desacuerdos entre ayllus y markas, no han logrado siquiera conformar su órgano estatuyente y por tanto no se ha avanzado nada en la deliberación y consenso respecto de la conformación del gobierno indígena autónomo. A cinco años de la efervescencia del referendo de 2009, es muy difícil ya construir acuerdos sólidos y efectivos. Sin embargo, la norma no prevé ninguna salida para desacuerdos como éste.

El caso de Jesús de Machaca también es complejo, ya que en 2011 cada una de las dos parcialidades trabajó su propio texto, y hasta el momento no se ha logrado destrabar la negociación que permita arribar a un estatuto único y consensuado.

Charazani (La Paz) y Tarabuco (Chuquisaca) tampoco han podido ingresar sus estatutos al TCP. La asamblea estatuyente de Tarabuco finalizó el consenso del texto en agosto de 2012, pero hasta ahora no ha conseguido acreditar suficientemente, ante el TCP, el procedimiento y la forma de aprobación del estatuto. Mientras no se compruebe que el texto fue aprobado por 2/3 de los asambleístas, el TCP no puede entrar a revisar su contenido. En Charazani, la discordia gira alrededor de la sede del futuro gobierno originario. Por ello la aprobación del estatuto avanzó hasta la aprobación en grande solamente, y el proceso se estancó desde fines de 2012.

Huacaya es un municipio chuquisaqueño, también caminando a la conformación de un gobierno indígena. La asamblea estatuyente entregó su estatuto consensuado al TCP en noviembre de 2013. El proceso fue sorteado medio año después y se volvió a trancar cuando la magistrada, que resultó relatora, envió solicitud de informes técnicos a varias instancias (Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

TRIBUNAL. Pampa Aullagas, en Oruro, también espera. Concluyó la aprobación de su estatuto a fines de 2011. En octubre de 2012 lo hizo llegar al TCP, que se pronunció veinte meses después (junio 2014), con observaciones puntuales, devolviendo el texto al órgano estatuyente. Ahora se le hace cuesta arriba a Pampa Aullagas reagrupar a los asambleístas para enmendar las observaciones del Tribunal, y también tiene pendiente la resolución de una controversia referida al ordenamiento territorial al interior del futuro gobierno originario.

Finalmente están Mojocoya (Chuquisaca) y Uru Chipaya (Oruro), que ya han subsanado las observaciones del TCP a sus estatutos en una primera instancia y los han vuelto a enviar. Esperan ahora que la declaración de constitucionalidad sea positiva y definitiva. En ambos casos, la primera versión de sus estatutos había sido remitida en octubre de 2012 al Tribunal, que se pronunció (observando los dos textos) a mediados de este año.

Esa es la situación formal y jurídica de los estatutos de los futuros primeros gobiernos indígena originario campesinos. La complejidad legal resulta ser aplastante, a veces, respecto de la voluntad de los pueblos.

Otras veces, sin embargo, la fuerza histórica y las raíces culturales doblegan y conquistan las rutas más enrevesadas. No es ésa la cuestión, sino más bien lo que pasa dentro: que las voluntades se mantengan firmes, que los consensos internos no sean cuestionados por intereses pequeños, que la deliberación no sea continuamente boicoteada. “Para volver a ser nosotros mismos”, también eso dicen los y las asambleístas indígenas. También eso sueñan, y por ese sueño, que es un sueño ancestral y justo, persisten y jalan la historia. Esa que también es la nuestra: la del Estado Plurinacional.

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Muchos regalos

Las mujeres artistas y los hombres artistas se ocupan de la realidad más importante

/ 6 de agosto de 2014 / 04:46

Estar en el mundo no alcanza. Accionar, influir, jalar, provocar las cosas, los procesos, la gente, para que el mundo cambie según lo juzgamos como mejor tampoco sacia. Eso, el afuera, siempre va a estar afuera. Y por dentro, los ríos profundos. Dulces o tormentosos. Turbios o iluminados. ¿Quién se ocupa de los ríos profundos? ¿Quién siembra y cosecha?, ¿quién se ocupa de esas entrañables corrientes?

La última vez que vi al profesor José Castro fue sobre un escenario. Él, claro; yo desde afuera lo miraba. Su personaje era un mudo, tal vez el más elocuente de todos los tiempos. ¿Y qué nos decía ese mudo? No lo sé, pero era el corazón mismo el que junto a él y alrededor de él reía. No quiero olvidar nunca eso, ese algo que aquella noche el profesor me enseñó.

Tuve otros varios profesores, todo ellos de cosas chiquitas pero imprescindibles para después, en los días postreros, ir tejiendo la fuerza para permanecer. Uno de ellos hizo que nos costuráramos ropa específica para los ensayos. Llegábamos de la calle y del sol, y debíamos desvestirnos y ponernos esa ropa holgada y fresca. Entonces sucedía que al desvestirnos también nos despojábamos de la insuficiente lógica de la vida cotidiana. Él me enseñó que el escenario es un espacio sagrado, que debemos respetar.

Si en este momento miras por fuera de la ventana, seguramente aquí en La Paz vas a ver casas y cerros. Tal vez parezca todo estar detenido, o por el contrario, tal vez parezca todo estar en un movimiento constante, incluidos los cerros y las mismas casas. Si llegas en avión a una ciudad, siempre vas a asomar la cabeza por la ventana, y mirarás maravillada las luces que como tentáculos van tomando los valles, los cerros, la costa. ¿Dónde reside la fascinación?

“¿Qué late? / en la plaza vacía / ¿qué late?”, pregunta acurrucada Elvira Espejo. Qué late en la plaza, qué late en los libros que se te hacen necesarios para respirar, ¿qué late en las canciones que te desarman de excusas y silencios?, ¿qué late en el artista callejero ejecutando su trabajo ante tus ojos, en el tedio del mediodía?, ¿qué late en la abstraída entrega de un hombre sobre su instrumento?

¿Qué late en las luces que miras desde el avión, en los cerros que colman tu ventana? Es la vida misma. Los gestos pequeños que alguien amará, lo que pasa en la cabeza de un niño, la bicicleta que zumbando nos recuerda la libertad, los amantes que se toman de la mano, las palabras que destrenzas caminando la noche. Lo que sucede en la vida misma, tus miedos y el deseo.

No lo vas a encontrar en los periódicos, ni en las leyes, ni en las oficinas de la empresa. Solamente está en los artistas. Ellos atesoran los ríos profundos. Las mujeres artistas y los hombres artistas se ocupan de la realidad más importante, aquella que calienta “como resolana debajo la piel”. Nombrar la vida como quien trae del pozo una tacita de agua fresca, para nuestra boca sedienta.

En el velorio del profe José, su hermana le agradeció por los “muchos regalos” que a todos y todas su hermano nos había hecho. Y entonces me prometí escribir estito, para recordarnos que el arte es imprescindible, como la comida, que los y las artistas nos regalan su corazón, y que nosotros y nosotras no debiéramos olvidar eso.
Temblando, temblando, abriremos los muchos regalos, y seguiremos vivos, y daremos las gracias, las muchas gracias.

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Violencia ajena, violencia propia

Cuando cargamos el peso de la culpa en la víctima, es nuestra la mano que perpetra la injusticia

/ 7 de mayo de 2014 / 04:19

Se siente pesada la mano sobre su pierna y el mundo se detiene. Ella extiende la suya sobre la mano ajena, sujeta esa mano pesada e intenta alejarla de sí. Como en una pesadilla, aquella se aferra para no desprenderse, insiste. Finalmente logra rechazarla y recuperar de cierta manera el dominio de sí. Entonces surgen las respuestas de doble sentido, la referencia repetida al órgano sexual. Después, las risas, el no pasa nada, el olvidémoslo todo.

Y luego, como una pesada mano que se resiste a soltar lo que no le pertenece, las opiniones, todos y todas jueces no solo respecto de la humillación, sino también de su propia reacción: si hubiera sido yo le daba un sopapo, si hubiera sido en La Paz cualquier mujer se hubiera defendido; y los pretendidamente defensores de los derechos de las mujeres, los recién llegados al tema: si hubiera sido mi esposa, no permitiría que le falten al respeto, subrayando sin asco que el cuerpo de la mujer no es propiedad de la autoridad, pero tampoco es propiedad de la mujer misma, si no del marido.

Pregunto: ¿a cuántas no nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas no nos hemos sentido chiquitas frente al profesor que acosa y se burla? ¿Cuántas de nosotras no hemos apurado el paso cuando en la calle nos amedrentan hombres orgullosos de sus problemas hormonales? Y cuando la humillación ha sucedido efectivamente, ¿cuántas hemos demostrado el mismo valor del cual nos envanecemos en la seguridad de nuestra casa, en la asepsia del Facebook?

Pregunto: ¿cuántos de ustedes, ahora respetables justicieros, han detenido las bromas machistas, los comentarios sexistas de sus compañeros en la oficina? ¿Cuántos de ustedes no han celebrado al cincuentón que logra salir con una veinteañera para encubrir sus problemas de envejecimiento? ¿Acaso la belleza de las niñas no es, no solo en Santa Cruz, una de las más eficientes garantías de ascenso social? ¿Acaso la apropiación de la belleza de una mujer no es entre los hombres una de las mayores pruebas de hombría? Somos todos y todas partes de un juego perverso, que desea y ensalza el cuerpo de la mujer, al mismo tiempo que por eso mismo la condena, la somete y la injuria constantemente. 

Hermoso fuera el mundo, si fuéramos como nos ponemos en el face. Pero no son ni justos ni justicieros los hombres, y nosotras tampoco. Eso es solo lo que quisiéramos ser. Y sin embargo, cuán urgente es gritar en contra de la humillación y la violencia hacia las mujeres. Y es justo también renegar de las risas: las cómplices, las asustadas y las confundidas.

Debemos construir la censura total contra la enajenación del cuerpo de las mujeres. Debemos dejar en claro que nadie (autoridad o pueblo, esposo o desconocido) tiene el derecho de forzar el cuerpo ni la voluntad de ninguna mujer. Debemos demostrar que la humillación de una mujer no es algo jocoso ni divertido. Pero sobre todo, debemos pactar, fundamentalmente entre nosotras, que cuando una de las nuestras sufra acoso, humillación o violencia, jamás, pero jamás, nos atreveremos ni siquiera a pensar que ella tiene un mínimo pedacito de culpa. Porque cuando cargamos el peso de la culpa en la víctima, es nuestra la mano que perpetra la injusticia.

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Cuchillo de palo

No se puede concebir que, mientras no logra adecuar los estatutos departamentales a la Constitución, la Gobernación de Santa Cruz reclame al Gobierno la discusión de un pacto fiscal.

/ 9 de febrero de 2014 / 04:04

En este periodo de nuestra historia nacional, hay una contradicción fundamental que viene desde nuestro surgimiento mismo como nación que cobija a otras naciones y que se manifiesta de múltiples maneras y con distintos ropajes. Es una contradicción que hace a la propia existencia (o no) del Estado Plurinacional. Es la constante tensión, el permanente y antiguo forcejeo entre el espíritu nacional y las fuerzas regionalistas.

Sobre la base de esa contradicción y las fuerzas que la alimentan y perpetúan se viene preparando una parcialidad que tiene ganas de resurgir (porque no consiente dejarse morir), y que sabe que para resurgir debe ser capaz de convocar a los posibles soldados, una vez más, al campo de batalla.

Ya suenan las trompetas, ya se ha desatado el canto de sirenas, que como sirenas que son, míticas e inciertas, conocen bien el arte de la seducción. En este tiempo, la tonada que se abre paso a través de la niebla se llama pacto fiscal.

La animosidad con que los actores cívicos y la Gobernación de Santa Cruz convocan a sus otrora ejércitos denota en cada palabra, en cada resolución, en cada dato (vuelto verdad por las empresas informativas que hacen causa vital de los localismos), el pensamiento que alimenta a la fuerza regionalista por encima de la lógica nacional, reduciendo la realidad a la dicotomía Gobierno nacional-sociedades locales.

Sobre la base de esa dicotomía se hacen proyecciones, se realizan sumas y restas, se desempolvan las viejas palabras mágicas, se acusa y se construyen razones y contrincantes. Pero, además, para que el canto de esa dicotomía no sucumba en su propia llama, se esconde, y se esconde mucho: las propias contradicciones internas a la parcialidad localista, los retrasos, los silencios, las ausencias en aquello que se ensalza y en lo que se reclama.

Porque sí, hay ausencias, y una de ellas demasiado grande: el estatuto autonómico departamental. Cuando reclaman pacto fiscal, las sirenas cantantes olvidan que existe otro pacto, más pequeño en su cobertura territorial, pero igual de básico que cualquier pacto fiscal. Antes de reclamar renovar los acuerdos nacionales, construidos con tanta dificultad, el gobierno departamental cruceño debiera transparentar su propuesta de adecuación del estatuto y someterla a cuantos espacios participativos fueran posibles.

Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con tanta suficiencia envía emisarios a La Paz para entregarle cartas al Presidente, en su región y con su gente cierra las puertas y se niega a recibir las cartas de sectores sociales que han trabajado propuestas para el estatuto de las cruceñas y los cruceños.

Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con tanto denuedo afirma desconocer el detalle de las cuentas nacionales, en su tierra y con su gente se niega sistemáticamente a transparentar la distribución de las regalías departamentales entre los municipios cuyos intereses dice haber incluido en su propuesta de pacto fiscal.

Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que con pretendido desprendimiento reclama un nuevo pacto fiscal nacional, en su tierra y con su gente no cumple su propio pacto, autoimpuesto por una ley departamental apócrifa, que señalaba la distribución de las regalías departamentales en 50% a las provincias productoras, 40% a las no productoras y 10% a los pueblos y naciones indígenas.

Porque tal como están las cosas, el mismo gobierno departamental que airado reclama el cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, en su tierra y con su gente incumple cada día y de manera flagrante esa misma ley, al no proceder a la adecuación participativa del Estatuto que ilegal e inconstitucionalmente fue sometido a consulta el 4 de mayo de 2008.

Siguiendo aquella lamentable tradición de hipocresía y autocomplacencia, las autoridades departamentales, los cívicos cruceños y las empresas informativas militantes de su causa, convenientemente olvidan siquiera mencionar el contenido completo de la famosa Disposición Transitoria Décimo Séptima de la Ley Andrés Ibáñez, que además de fijar un plazo claro para conocer una propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal, define condiciones mínimas de justicia para iniciar esa discusión. Justicia que va mucho más allá del primitivo conteo poblacional para definir aspectos tan vitales a la calidad de vida de la gente.

Establece aquella norma que se trabaje bajo el cobijo de los principios constitucionales: unidad, solidaridad, equidad, igualdad, por ejemplo. Manda tomar en cuenta el ejercicio efectivo de las competencias por parte de las entidades autonómicas y el nivel central. Exige tomar en cuenta las necesidades económicas y sociales de forma diferenciada entre los departamentos.

Resulta obvio entonces que los datos que necesitamos para trabajar y acordar un nuevo pacto fiscal requieren reflejar la complejidad de lo requerido por ese otro pacto social que aprobó nuestra Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez.

Pero, ante todo, resulta obvio que un pacto fiscal (más allá de su ruta que está clara y es inexcusable) solo es posible de ser construido si levantamos la cabeza y enfocamos al país como totalidad compleja, diversa y digna. Solo es posible un pacto fiscal si levantamos la mirada y la proyectamos más allá de las urnas de octubre, con equilibrio, solidaridad y generosidad. Solo es posible un pacto fiscal si hacemos transparente el debate y hablamos también de caja y bancos, de redistribución, de justicia igualitaria, de participación real y concreta, no de su miserable remedo.

Y nosotros, los cruceños y las cruceñas, somos convocados una vez más a desoír los cantos de las viejas sirenas. Porque si se trata de propuestas y pactos, en nuestra tierra hermosa, democrática y autonómica, respecto de algunos liderazgos que se llenan la boca de palabras mágicas, podemos aplicar aquel famoso refrán: En casa del herrero…

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