La nacionalización de nuestros hidrocarburos ha permitido que los presupuestos departamentales y municipales se incrementen en más del 300% en los últimos ocho años, que haya disminución de la pobreza urbana y rural, que se multiplique la capacidad de ahorro de la población, etc. Pero también hay otras consecuencias que a mediano plazo influirán mucho en nuestras vidas cotidianas. Estamos hablando de la multiplicación de la inversión pública, que refleja la capacidad estatal para atender las necesidades de la gente. En los últimos años, el Estado boliviano ha venido construyendo infraestructura de salud, educación, integración caminera, como nunca antes en la historia.
El despegue económico que vivimos las bolivianas y bolivianos pone de manifiesto necesidades que en el anterior esquema neoliberal hubiera tomado muchos más años visibilizar: la demanda de energía, por ejemplo. El escenario actual plantea retos que los políticos neoliberales y sus empleados economistas nunca afrontaron, porque en ese entonces la función pública se limitaba a medio administrar un debilitado aparato estatal al servicio de los intereses extranjeros.
El haber satisfecho gran parte de la demanda básica (centrada en aulas, infraestructura de salud, carreteras principales, etc.), nos permite volcar la mirada a problemas estructurales que no son nuevos, pero que eran difíciles de encarar porque el tamaño de nuestra economía los hacía irresolubles, porque más nos preocupaba resolver el día a día, o simplemente porque no eran del interés de la clase política de ese tiempo.
Dentro del proceso de las autonomías, la necesidad de encarar temas estructurales es un desafío a la vocación de coordinación y concurrencia entre municipios, y entre éstos y los gobiernos nacional y departamentales. Cada vez son más, en cantidad, en inversión y en importancia, las iniciativas que requieren de presupuestos conjugados entre distintos tipos de autonomía con el Gobierno nacional.
Es precisamente en este proceso autonomista en el que se dan los espacios más frecuentes de diálogo y coordinación entre autoridades nacionales y subnacionales. Esta realidad expresa el nuevo modo de entender y ejercer la política como la ciencia para construir consensos y confluir en esfuerzos comunes. Dos leyes recientes subrayan la inauguración de esta nueva fase en el proceso de las autonomías. En primer lugar la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, que establece las condiciones y procedimientos para el ejercicio coordinado de las competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos.
En segundo lugar, la Ley 533 de Creación de la Región Metropolitana Kanata, que la instituye como espacio de planificación y gestión, conforma su consejo metropolitano y define la participación de siete municipios (Cercado, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba). El complejo armado de consensos que dio a luz a la Ley Kanata permitirá a Cochabamba, de aquí en adelante, enfrentar necesidades tan estructurales como la gestión integral de residuos sólidos, la recuperación y gestión integral del río Rocha, y el Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento Básico.
No se trata solamente de que ojalá las otras áreas metropolitanas (La Paz y Santa Cruz) tomen nota de este avance, sino también de que los cientistas políticos y estudiosos pueden dar cuenta de estos nuevos derroteros del quehacer político, de las lógicas que vienen remozándose desde las regiones, de una gestión pública que adquiere nuevas dimensiones y desafíos. Así como las movilizaciones populares a partir de 2000 nos increpaban tantas cosas, así como el proceso constituyente azuzó tanto la curiosidad de los científicos sociales, así también los y las intelectuales están hoy ante el enorme desafío de percibir lo complejo del nuevo Estado Plurinacional, y ayudarnos a comprenderlo y alimentarlo.