Finalmente Juan Manuel Santos ganó las elecciones y gobernará  hasta 2018 con un buen panorama. Este año en Colombia se proyecta un crecimiento del PIB cercano al 5% con baja inflación, una reducción del desempleo, aumentos significativos en la producción industrial y mejorías en indicadores sociales como la pobreza; salvo el sector externo, dado que las alzas en el comercio cafetero no compensan las caídas de otras exportaciones. Ahora, podría darse un aumento del déficit fiscal como resultado de los mayores compromisos de gasto público, lo que sería solventado vía un aumento de la presión tributaria. Pero, ¿no estábamos hablando de paz? La victoria de Santos fue una refrendación democrática de las conversaciones con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ahora, siendo coherentes, para lograr la paz hay que implementar la paz de manera integral.

Un aumento de impuestos, que se realiza coactivamente utilizando el poder de policía estatal, empobrecerá a los ya pobres, porque los ricos los trasladarán hacia abajo, por ejemplo subiendo precios o bajando salarios. Y aunque ese dinero vuelva a los más humildes por vía de asistencia social, ¿qué sentido tiene quitárselos para después devolverles lo que queda luego de pasar por la burocracia? Si a esta pobreza provocada le sumamos la desocupación creada por las leyes laborales impuestas por el monopolio estatal de la violencia (como los salarios mínimos que, de hecho, prohíben que trabajen los que ganarían menos), entonces tenemos un excelente caldo de cultivo para reclutar guerrilleros.

Por otro lado, aun cuando las FARC han acordado poner fin a “cualquier relación” que hayan tenido con el narcotráfico, es muy probable que muchos guerrilleros seguirán por su cuenta en el negocio de la droga, ya que es sumamente lucrativo, gracias precisamente a la violencia introducida por los gobiernos. El acuerdo “va a tener un impacto en el 70% de los cultivos ilícitos” en Colombia según el coordinador local de la ONU, lo que viene a dar una idea de cuánto ha servido la “guerra contra las drogas” al financiamiento de los terroristas. De hecho, las FARC son la segunda organización mundial de tráfico de drogas, según el Gobierno de EEUU, que acusó a la narcoguerrilla de ser responsable del 60% de la cocaína que llega a su país.

Ahora, por qué se prohíben (utilizando el poder de policía estatal) algunas drogas muy dañinas, si la principal causa mundial de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 19 años (unos 1000 diarios) son los accidentes de tránsito, de acuerdo con la OMS. Además, según la CDC (por sus siglas en inglés), unos 15.000 estadounidenses murieron a causa de una sobredosis de analgésicos en 2008, superando a los fallecidos por la cocaína y la heroína combinadas. ¿Por qué no se prohíbe el tránsito o los analgésicos? Cualquier ciudadano puede comprar droga,  pero ¿las autoridades no puedan atrapar a los traficantes? No los quieren encontrar. La “prohibición” solo deja traficar a quienes sobornan a los funcionarios que corresponde, y este monopolio hace que estas drogas tengan un precio elevadísimo, convirtiéndolas en un gran negocio.

De modo que, en lugar de un “Plan Colombia” que suponga más violencia, hay que terminar con la “guerra contra las drogas”, contraproducente como toda guerra, iniciada y comandada por Washington desde hace más de 50 años, que es una de las más sanguinarias y que solo en México lleva más muertos que la guerra de Vietnam.