La demanda boliviana por un acceso directo y soberano al océano Pacífico siempre fue considerada en Chile, hasta antes de ahora, como un punto marginal de su política externa. En cambio en Bolivia, desde el despojo de su litoral, se constituyó en la piedra angular de su diplomacia y en un irrenunciable derecho de su ser nacional.
Ocurre que el pleito llevado en abril de 2014 a consideración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha invertido la tendencia, y se ha vuelto un tema de debate en la política doméstica de la nación transandina. Tanto así que, con mucha propiedad, el agente nombrado por Santiago para representarlo en el litigio, Felipe Bulnes, ha fustigado con duros términos las presiones que expresidentes y parlamentarios chilenos tratan de ejercer sobre Michelle Bachelet para obligarla a adoptar una posición tan terca como inconducente de invocar ante La Haya la excepción preliminar de incompetencia de la CIJ.
Prudente advertencia la de Bulnes, quien seguramente rememora que en el diferendo Nicaragua vs Estados Unidos, ventilado ante la CIJ en 1984 por el minado de los puertos sandinistas, la primera potencia mundial adujo también esa figura de incompetencia, y su pedido no solo fue desechado, sino que en su sentencia final la CIJ falló en favor del pequeño país centroamericano y obligó a los norteamericanos a pagar una millonaria indemnización. El coloso del norte optó entonces por retirarse de la CIJ, para retornar años después con la cola bajo el rabo.
Mientras tanto, digiriendo con dificultad el trauma que le infligió la resolución de la CIJ en el caso contra Perú, el heraldo mayor de la diplomacia mapochina, en su desesperada fuga hacia adelante, trata de distorsionar la posición boliviana de exigir el cumplimiento de los actos unilaterales de los Estados, ensayando acarrear la discusión hacia una supuesta revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904, trampa que fue aclarada contundentemente el 18 de junio por el presidente Evo Morales, al decir que “sería largo repasar, al margen de la demanda, si el Tratado ha sido cumplido (…) lo que interesa es que se haga justicia con Bolivia”.
Enclaustrada en sus aposentos palaciegos, Michelle Bachelet tiene pocos días más para reflexionar, como Hamlet, antes de asumir tamaña responsabilidad en la fecha fatídica del 15 de julio, o en unos meses adicionales hasta la presentación de la contramemoria chilena en el límite fijado para el 15 de febrero de 2015. En ambos casos, negar la competencia de la Corte de La Haya es un riesgo calculado, nefario argumento que en las audiencias correspondientes sería reciamente rebatido por Bolivia.
En el supuesto de que Chile decida sensatamente ir al juicio planteado, el proceso tendrá una duración aproximada de cinco años. Un lustro de suspenso, al cabo del cual la dama socialista ya no estará en La Moneda, y su responsabilidad constitucional quedará diluida y traspasada a su sucesor para que acate el veredicto de la CIJ, en uno u otro sentido. Políticamente este es el sendero más conveniente para ella, pero ¡la dona e mobile!
Finalmente, en las escaramuzas santiaguinas entre sus parroquias politiqueras, el agente Bulnes nos induce a recordar que en La Paz también pululan parlamentarios y ministeriables de estridente patriotismo pero escasa experiencia en los complicados vericuetos de los estrados judiciales internacionales. Que esos sinceros compatriotas omitan sus opiniones verbales sería recomendable. De esta manera su invalorable silencio alguna vez será recompensado por la nación.