Una de las funciones centrales de las cumbres políticas como la realizada en Santa Cruz la semana pasada es que los distintos gobiernos lleguen a acuerdos generales sobre problemas comunes y cómo resolverlos. Sin embargo, en el ámbito mundial hay mucho escepticismo sobre la utilidad práctica de las declaraciones finales que usualmente suelen ser grandilocuentes y fácilmente olvidadas en las políticas públicas nacionales.
La declaración de Santa Cruz de la Sierra, producto de la reunión de jefes y jefas de Estado, es un documento de 242 párrafos (aproximadamente 50 páginas) que reúne el sentir común de 133 países en desarrollo sobre los principales temas sociales y económicos internacionales. Conocimos varios de los posicionamientos expresados en la declaración a través de los discursos de los mandatarios o jefes de delegación de los distintos países que enfatizaban aquellos de su interés o especial preocupación y, en algunos casos, ilustraban cómo algunos de los gobiernos los intentaban superar.
En Bolivia, diez días después, y con los afanes electorales en su máxima expresión, pocos se ocupan de la declaración de la cumbre y su pertinencia, apurados en la confección de los programas de gobierno que deben ser presentados a la población el 4 de julio.
El MAS ya ha convocado a sus bases a un encuentro nacional en Cochabamba para debatir la propuesta electoral. En ese marco, Juanita Ancieta, dirigente de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, ya nos adelanta los cinco temas que, según su organización, son prioritarios y seguramente estarán incluidos en la discusión. Los ejes que ella señala son salud para todos, educación, temas productivos, erradicación de la pobreza y soberanía alimentaria. Sin duda estos temas son centrales para ser considerados por todos los partidos políticos en las ofertas electorales, lo interesante es constatar que justamente estos temas fueron abordados de manera central en la declaración de la cumbre, con problemas similares en los 133 países que conforman el G77, pero sobre todo enfrentando tensiones y disyuntivas nada fáciles de resolver.
En la declaración se puede constatar por ejemplo que, junto a la necesidad de todos los países de contar con un sistema de salud universal accesible, existe el riesgo de que los costos de las patentes de los medicamentos lo hagan inviable; así también, frente a la urgencia de promover la producción y la industrialización con empleos de calidad, se debe considerar los límites ambientales al crecimiento económico y a un modelo de consumo insostenible. En el documento también se puede constatar que ya no es suficiente ocuparse solo de la erradicación de la pobreza sin hablar de la extrema riqueza y los mecanismos que la generan, reproduciendo la desigualdad al interior de los países en desarrollo. Por último, no se puede hablar de la soberanía alimentaria sin considerar las distorsiones que las subvenciones de los países desarrollados provocan en el sistema alimentario mundial, así como plantear los problemas de inestabilidad excesiva de los precios de los alimentos manipulados por los oligopolios multinacionales de alimentos.
Por todo ello, la Declaración de Santa Cruz puede ser un excelente insumo para los partidos políticos que hoy se encuentran afanados en la redacción de sus ofertas electorales. Tal parece que el nuevo modelo que todos los países buscan es aquel que genere un crecimiento económico sostenible, con responsabilidad ambiental e inclusión social. Estaremos atentos a ver cómo esto se traduce en las ofertas electorales nacionales.