Según opositores y oficialistas, abogados y litigantes, autoridades y ciudadanos comunes, la administración de justicia pasa por uno de sus peores momentos, principalmente por el agravamiento de la retardación, uno de los males endémicos, malignos y nocivos de nuestra justicia.
¿Qué hacer? La experiencia aconseja que la opción más efectiva para terminar, o por lo menos reducir este mal, es medir, a manera de un termómetro, el trabajo de los jueces por el número de sentencias que dictan cada mes.
Desde el Gobierno —a través del Ministerio de Justicia— y desde la sociedad civil —a través de los colegios de abogados y universidades— hay un sano y sincero interés por encontrar los remedios más efectivos para curar este mal. En seminarios regionales y nacionales se analiza este padecimiento y se proponen soluciones, pero el mal subsiste, se expande y empeora.
Sin lugar a dudas, una de las causas directas de este desastre judicial son las designaciones de jueces y fiscales sin experiencia y, lo que es peor, sin vocación ni interés en la pronta justicia. Personas indolentes, perezosas y engreídas que solo buscan atornillarse de por vida en un cargo, sin importarles para nada los resultados de su trabajo.
¿Cuál es la excusa más común de los jueces retardadores? Invariablemente, mecánicamente, instintivamente, que tienen demasiado trabajo, que no les alcanza el tiempo, que están sobresaturados de procesos, que es humanamente imposible despachar todos los casos dentro los plazos establecidos por ley. Y, sin embargo, si a alguien se le ocurriría realizar una auditoria en dichos juzgados, se sorprendería al comprobar que tales jueces, durante semanas, meses y hasta años no dictaron una sola sentencia, limitándose a emitir simples decretos.
Hace años, siendo vocal de Corte, ante sucesivos reclamos de retardación provenientes de un juzgado de sustancias controladas en Cochabamba, a cargo de los jueces Vidal y Castro, hicimos una auditoria, y con verdadera sorpresa nos enteramos que tales jueces no habían dictado una sola sentencia durante un año, limitándose a celebrar audiencias y enviar presos a la cárcel. La Sala Plena de entonces ordenó el enjuiciamiento penal de ambos malos jueces por el delito de retardación.
Estos “jueces retardadores” son la mayoría en el Órgano Judicial, pues hay otros, los menos, los más idóneos, decentes y laboriosos, que sacrifican aún sus horas de sueño y descanso con tal de acercarse al ideal de la pronta justicia. Entonces, en esta hora de cambio, cuando se buscan medidas eficaces contra la retardación, el remedio no puede ser otro que el de medir el trabajo de los jueces a través del número de sentencias dictadas.
Ejercí la abogacía y la judicatura por muchos años, conozco las falencias de nuestra justicia desde sus dos ángulos y, amparado en esta experiencia, es que propongo la solución antes mencionada, que es la de fijar un número determinado de sentencias que semanalmente o mensualmente debe dictar un juez obligatoriamente. Si no cumple el cupo, debe ser despedido para que venga otro, con mejor ánimo de trabajo, vocación, experiencia y responsabilidad. Este termómetro será el remedio más eficaz para comprobar si un juez trabaja o no, porque cada semana, con la simple revisión del libro de tomas de razón del juzgado, se podrá verificar su trabajo.
No dudo que las críticas de los “jueces retardadores” a esta propuesta se basarán en los conocidos argumentos falsos de que hay casos muy difíciles, que hay mucho trabajo, que no les alcanza el tiempo, etc., etc., que no son otra cosa que cortinas para ocultar su pereza y falta de compromiso con las delicadas funciones que cumplen. Entonces, es hora de medir el trabajo de los jueces por el número de casos resueltos cada mes, única manera de identificar a los buenos y malos jueces.
A ningún juez responsable afectará que controlen su trabajo a través del número de sentencias dictadas, medida que más bien los enaltecerá y presentará ante la sociedad como verdaderos paradigmas de la pronta justicia.