La presentación formal de los programas partidarios al Tribunal Supremo Electoral será seguida en los próximos días de la entrega de las listas correspondientes de candidatos presidenciales, vicepresidenciales y parlamentarios.

La ciudadanía conoce en realidad muy poco de las respectivas propuestas programáticas, y será en cambio abrumada por todo tipo de ofrecimientos orientados a captar votos y simpatías políticas, aunque muy pocas ofertas cuenten con una clara identificación de las fuentes de recursos para cubrirlas en la eventualidad de que sus autores logren ser gobierno.

Conviene tener presente además que se han modificado las condiciones de la economía internacional y de algunos países del entorno vecinal, lo que trae consigo una elevada probabilidad de que el gobierno que se instale en enero próximo ya no dispondrá de los excedentes fiscales que beneficiaron a las dos gestiones del presidente Morales. Todas las previsiones de los organismos internacionales sobre el crecimiento económico futuro de las economías sudamericanas están siendo recortadas, y existen asimismo preocupantes perturbaciones en algunos mercados relevantes de bienes y de capitales. El sombrío cuadro externo registra por otra parte varias tensiones geopolíticas y conflictos bélicos que repercuten negativamente sobre el desempeño de la economía global.

La mencionada reducción del crecimiento en la región latinoamericana admite, por supuesto, algunas excepciones, que seguramente serán argumentadas por las actuales autoridades en favor de su interpretación sobre la naturaleza excepcional de la macroeconomía boliviana.

En el debate económico el Gobierno cuenta sin duda con varias ventajas respecto de la oposición, y puede capitalizar por supuesto los resultados de una gestión que ha distribuido ingentes recursos para mejorar los ingresos de corto plazo de los estratos más pobres del país. Si se añade a eso la manipulación simbólica en gran escala y el enorme gasto público para el posicionamiento internacional del presidente Morales, las fuerzas opositoras se encuentran en una real dificultad argumental. Distinta es la situación, en cambio, cuando se pone a debate el futuro a mediano plazo de la economía real y de la inserción internacional del país e

n los desafiantes escenarios económicos y políticos, latinoamericanos y globales.

Con miras a que la ciudadanía ejerza su voto con toda la información necesaria, resulta por consiguiente imprescindible la organización de debates sustantivos entre los diferentes candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Anticipando no obstante que es muy poco probable que Evo Morales acceda a debatir de verdad con otros candidatos sobre cuestiones esenciales, sería conveniente que se establezcan procedimientos alternativos en términos de organización y formatos, convocatoria y moderación, que posibiliten a la ciudadanía una comparación efectiva de las propuestas electorales concretas.

Para tal efecto bastaría con articular un catálogo de demandas reveladas de la ciudadanía en algunos ámbitos temáticos tales como la seguridad ciudadana, la corrupción y las reformas laborales conducentes al empleo decente. Además, los debates también deberían hacer referencia a la reforma integral de la Justicia, cuyas falencias y debilidades han sido reconocidas por las propias autoridades gubernamentales; al futuro de las autonomías, y al propio pacto fiscal en los términos que ha sido definido por la plataforma respectiva de la sociedad civil.

Conviene dejar asimismo claramente establecido que la demanda sobre la cuestión marítima planteada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya obviamente no debería ser maltratada en un ambiente de confrontación electoral.