Ellas danzan solas, cantó Sting en la década de los 80 para contar la historia de las mujeres chilenas sobrevivientes a la tortura, desaparición y muerte de sus seres queridos a manos de la dictadura del general Augusto Pinochet.

En 2013, se aprobó en Bolivia la Ley 348, una de las normas más avanzadas para proteger a las mujeres. Ahí se incorporó el término “feminicidio” para tipificar un delito excepcional y dejar en claro que el asesinato de una mujer por alguien cercano a ella es mucho más que un asesinato. Para dejar en claro que esa violencia es recargada por el solo hecho de ser mujer. Por eso, se impuso la pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y esta semana se habló incluso de añadirle la categoría de “crimen de lesa humanidad”, uno de los  peores e imperdonables crímenes.

Han pasado más de cinco años desde la aprobación de la Ley 348 y más de 620 mujeres han sido víctimas de feminicidios, según las cifras oficiales facilitadas por las instituciones que se preocupan por el tema. En lo que va de este año ya son 72. Estas son estadísticas oficiales, las que llegan a conocimiento de las autoridades, quienes toman nota, registran y suman. Quienes saben dicen que hay otras muertes no registradas oficialmente, que escapan a las estadísticas.

Según los informes oficiales, de los casos remitidos a conocimiento de la Justicia solo el 1,13% terminó en sentencia. La regla, dicen, es que cada asesinato llega precedido por un rosario de violencias: económicas, psicológicas, golpes y discusiones que casi siempre son de conocimiento de vecinos, parientes y amigas. La culminación es la muerte. Después de eso, de nada sirven los arrepentimientos con los silencios, por solo haber acompañado, desde lejos, el calvario.

La Ley de 2013, se supone, fue elaborada con la colaboración de expertos. Se cuidó cada detalle y experiencia internacional y local para garantizar que los errores no se repitan, se copiaron las virtudes de otras normas y se crearon nuevas. Pero la ley no se cumple. Un ejemplo: el 80% o más de las municipalidades no cumplen su obligación de desplegar toda la estrategia de protección a las potenciales víctimas. No tienen casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia ni nada. Empedrar una calle o construir un puente da más rédito político que instalar la infraestructura para la prevención de la violencia, dicen las activistas. El remedio parece simple: al alcalde que no cumple la ley, no se le desembolsa presupuesto. Pero nada se hace para que eso ocurra; ni esta presión, ni ninguna otra.

Y, ¿los jueces? Cuando hay una decisión política, se detiene, encarcela y procesa a los magistrados por una mala actuación; por ejemplo, en casos notorios de narcotráfico. Si solo un juez fuese sancionado por actuar de manera negligente en un caso de feminicidio, los otros al menos quedarían advertidos. Y a la sociedad le quedaría clara la gravedad del feminicidio. La actuación de los jueces queda escrita, es muy sencillo establecer qué hacen o qué dejan de hacer; pero “nada”, como dicen los futbolistas.

La indefensión de las víctimas no es otra cosa que una tremenda soledad, la cual me recuerda el “bailan solas” de Sting. Más de 600 muertas en cuatro años. Más de 70 en lo que va de éste. Si se las juntara en un funeral, serían 70 ataúdes, o más de 600; si no estuviesen solas.

El Gringo González, presidente de la Cámara de Senadores, se calzó una pollera, y Gustavo Torrico, asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció la golpiza de una mujer por parte de su pareja, un prominente dirigente departamental de su mismo partido. Ambos, el Gringo y Torrico, defendieron, en los últimos días, la dignidad de la mitad de la población boliviana, la mujer. Y me atrevo a ir más allá: la dignidad del ser humano.

En el caso de la pollera, resultó indignante que autoridades originarias del altiplano optasen como castigo a un alcalde por su mala gestión entre chicotazos o vestirlo con polleras. Al final eligieron la pollera como expresión de castigo, de menos precio, como una sanción mayor que la flagelación. En el otro caso se denunció a un violento que fungía como dirigente del MAS y presidente de la Asamblea Departamental de La Paz.

Tanto González como Torrico tuvieron reacciones obvias; pero lo obvio no ha sido, precisamente, una característica de algunos dirigentes del partido en función de Gobierno. Uno de los episodios más grotescos fue la reacción de dirigentes varones y mujeres miembros del partido oficialista en el episodio del consejero departamental de Chuquisaca que, con ayuda de dos o tres funcionarios (entre ellos una mujer), violó en la sala de sesiones a una señora totalmente inconsciente por el alcohol. El video reveló cómo la mujer-cómplice incluso le consulta al consejero departamental si deseaba violar a la señora desmayada con la iluminación prendida o apagada.

A la indignación obvia respondieron voces de dirigentes del MAS en sentido de que se criticaba al violador porque calzaba ojotas. Mujeres líderes de ese partido llegaron a afirmar que era un montaje de los medios de comunicación. Incluso se llegó a asegurar que se estaba armando un escándalo por racismo, porque el violador era un campesino, un indígena. Finalmente la Fiscalía acusó al violador por abuso y uso inapropiado de una instalación pública, no por violador.

¿Y el caso del diputado acusado de violar a una de sus hijas, una niña? Demoró meses en tramitarse la licencia, e incluso con licencia, se le seguía pagando el sueldo de legislador. Si se hacen comparaciones entre ese pasado tan próximo y las más recientes reacciones (muchas más voces desde el MAS se levantaron contra las últimas afrentas a la dignidad humana), la diferencia es abismal.

Se supone que el líder, la autoridad, el elegido (por voto ciudadano en estos casos) para ocupar un cargo público debe dar ejemplo, es un referente. Si uno de éstos comete delitos tan graves contra la dignidad del ser humano y recibe el poderoso respaldo de otras autoridades por simple solidaridad partidaria, el mensaje es demoledor. En cambio, si los otros líderes condenan el crimen y, además, aportan o por lo menos exigen sancionar el delito, el mensaje también es contundente, pero esta vez, positivo.

No se puede negar, entonces, que son buenas señales, desde el poder, la intolerancia contra la violencia y el rechazo y la condena al hecho de que se pretenda atribuir que el vestir pollera (o ser mujer) es algo vergonzoso, susceptible incluso de castigo. Por eso es imposible dejar de preguntarse: ¿dónde está el Viceministerio de Descolonización ante semejante acto de discriminación por parte de unas autoridades originarias?