Cada tres días una mujer muere en Bolivia solo por el hecho de ser mujer. Y el machismo goza de pleno respaldo institucional. Así lo expresa el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, que está feliz con su coronel “humilde” y “sacrificado”, a pesar de saber que durante 24 años ejercía violencia contra su esposa. El ministro ignora que la violencia contra las mujeres es un delito de orden público, que no puede ser evadido con un fácil “no nos metemos en su vida privada”.
El problema es que ambos, el ministro Jorge Pérez y el Cnl. Alberto Suárez son responsables de nuestra seguridad y de liderar la lucha contra la violencia hacia las mujeres; por ello nos preguntamos, ¿se animará alguien a recurrir a la Policía para que defienda sus derechos? Y así, en nuestro país, la impunidad de un caso refuerza el siguiente, en una cadena interminable de terror y muerte.
En Bolivia, donde se busca la utopía del “vivir bien”, desde 2009 ya han muerto 530 mujeres por feminicidio y, en lo que va del año, se han denunciado en la FELCV 17.000 casos de violencia de género. Esto significa que cada día más de 70 mujeres denuncian hechos de violencia. Estos datos solo muestran una parte del problema, ya que, al no presentarse datos oficiales, existe un importante grado de subregistro.
Empero, la denuncia solo es el primer paso para enfrentar una institucionalidad estatal absolutamente colapsada. Servicios Legales Integrales completamente desbordados en sus capacidades para atender las denuncias, una Policía sin recursos humanos ni financieros que les permitan dar una atención cuando menos digna, forenses insensibles y corruptos que se parcializan con el agresor y una Fiscalía y juzgados que reflejan con mayor crudeza la profunda crisis del sistema judicial constituyen la ruta crítica que transita una víctima de violencia.
Según un informe de la Fiscalía General, a un año de vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se han registrado en todo el país 10.759 causas, de las cuales apenas 30 tienen sentencia. Es decir, 99,72% de los procesos quedan en la impunidad. Frente a estas cifras, ¿se animará alguien a recurrir al sistema judicial para demandar justicia?
Así, a pesar del sólido marco normativo existente, reflejado en la Constitución Política del Estado y las leyes 243, 348, 045, 263, entre otras, la violencia por razones de género continúa en avance hasta llegar a cifras que reflejan una verdadera epidemia en la salud pública. Y es que la violencia contra las mujeres se ejerce de manera continua al interior de los hogares y en las calles. Los casos que llegan a los medios reflejan que ninguna mujer está segura, sea premilitar, enfermera, periodista, profesional, concejala o trabajadora de limpieza. Y la violencia machista se ejerce de manera impune en las casas, los cuarteles, el trabajo, la escuela e incluso en las oficinas públicas frente a las cámaras de seguridad.
Por todo ello, en este tiempo de elecciones perdónenme si no puedo conectarme con ese país de crecimiento y desarrollo de los spots publicitarios. No puedo disfrutar del gas domiciliario, las computadoras y el teleférico si mi vida corre peligro. Las mujeres sabemos que los discursos políticos no tienen ningún valor si no se acompañan de recursos concretos para poder implementar la Ley 348 que nos ofrece una vida libre de violencia. Por tanto, la única respuesta posible desde el Estado ante esta ola de violencia contra las mujeres es asignar presupuesto para la ley y aprobación de su reglamento.
Es cientista social.