En los macrodistritos Centro y Max Paredes de la sede de gobierno se observa un crecimiento importante de los comerciantes en la vía pública. Pero además de su crecimiento demográfico, se trata de un sector social dominante en la economía del país. La novedad de esta expansión parece estar mejor explicada por los significativos réditos que esta actividad supone, al extremo de que algunas personas están migrando de los llamados empleos “seguros” al comercio popular callejero.
Aunque se trata de un sector muy heterogéneo, hoy ya no se puede mirar este fenómeno como refugio de la pobreza y del desempleo. Se observa que algunos puestos populares comerciales disponen de un amplio capital, logrado desde lógicas propias, en las que se movilizan relaciones sociales, padrinazgos y prestes, con la finalidad de ensanchar crecientemente las redes sociales.
Los comerciantes callejeros no pueden apropiarse del espacio público en forma individual. En estricto sentido, su presencia, uso y apropiación es ilegal, porque el espacio público es de todos. Por ello, requieren de asociaciones bien organizadas para la interlocución y negociación con los partidos políticos y el gobierno municipal.
El ingreso, permanencia y expansión de esta actividad dependen de cuán activa y organizada es la asociación gremial. Esta condición es necesaria para interactuar con fuerza dentro de las lógicas del movimiento gremial y éste con los partidos políticos y con el gobierno edil.
Lo que ha sucedido con la desahuciada política de la carnetización de los gremiales es una muestra evidente de clientelismo político, entendido como una concesión que realizan grupos de poder en función pública, generalmente partidos políticos, para lograr a cambio de este favorecimiento su apoyo electoral. Algunos lo denominan “intercambio extraoficial de favores”.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su lógica de ordenar a las vendedoras callejeras, está realizando una importante iniciativa, que consiste en la carnetización de todos los comerciantes en vía pública. Este documento combina el código de registro del comerciante que se encuentra en el Sistema Georeferenciado de Actividades Económicas (SIGAE), con el puesto de venta y el número de carnet de identidad. Ello permite obtener datos acerca de la ubicación del puesto de venta, el horario, tipo de mueble, medidas, rubro, etc. Incluye un código “QR” de respuesta rápida que da información del comerciante callejero. La obtención del carnet no les cuesta dinero a los vendedores. Esta actividad se estaba realizando conjuntamente con las asociaciones gremiales, para luego registrar a los independientes. Esta información tiene como fuente La Razón (28 de junio de 2014) y Página Siete (23 de junio de 2014).
Antes de esta actividad importante de ordenamiento (carnetización), el sistema actual se efectúa por medio de la patente según Ordenanza 308 de 2001. No obstante, todos saben, incluyendo quienes componen el Concejo edil, que este documento además de ser obsoleto tiene enormes dificultades, porque a veces no lo portan o lo que enseñan es una fotocopia poco legible. Cuando este proceso ya había comenzado, la prensa informa que el “Concejo Municipal de La Paz aprobó una ordenanza que suspende la carnetización de los gremiales y la ratificación del patente como único documento legal de asentamiento”. Con esta decisión, que esperamos sea revertida y que la razón señale que los intereses de la ciudad de La Paz están más allá de la lógica clientelar y electoralista, es deseable que la actual proliferación desordenada de los asentamientos comerciales sea planificada adecuadamente, con base en un sistema de información, que sea transparente y de amplio acceso. La carnetización gremial cumple uno de estos propósitos.