Una vez más, La Razón ha recibido un ataque gratuito del candidato a la presidencia de Unidad Demócrata (UD), quien parece empeñado en obstaculizar el trabajo periodístico de este diario, sin considerar que puede ayudarle a difundir su mensaje. Cada vez que se le ha pedido que sustente sus acusaciones, o por lo menos que las aclare, ha preferido el silencio.
Hace dos años, el postulante presidencial afirmó en su cuenta de Twitter, usando un juego de palabras, que este diario es de propiedad del Vicepresidente del Estado, reduciendo al legítimo dueño de la empresa a la condición de “palo blanco”. Cuando en este mismo espacio lamentamos dicha afirmación y exigimos pruebas que sustentasen lo dicho, su reacción fue de alejamiento, optando por rechazar todas las solicitudes de entrevista que se le hicieron. Cuando finalmente accedió a brindar una, no pudo evitar su desprecio por este diario y el equipo de profesionales que en él trabajan, acusándonos de no tener “honestidad intelectual” por, supuestamente, tergiversar sus declaraciones. Más penoso aún fue el modo en que se dirigió a una colaboradora nuestra, preguntándole por su estado civil. No es el primer político que acusa a los periodistas por sus errores y excesos verbales, y probablemente tampoco el último.
Su afán de atacar a este medio, que se precia por la calidad de su periodismo —la misma que es constantemente reconocida por instancias nacionales y extranjeras—, lo ha llevado al extremo de poner en duda, años atrás, la calidad profesional de la Directora de La Razón al preguntarse por los motivos de su selección para el cargo y, más recientemente, insinuar que es la “testaferra” del periódico, afirmación de la cual luego trató de desentenderse. Triste ejemplo de “honestidad intelectual”.
Pero no solo ha tratado de mellar la dignidad de quienes trabajan en este diario, también ha tratado de afectar el funcionamiento de la empresa editora al romper unilateralmente los contratos publicitarios de sus empresas y luego suspender todas las suscripciones. El siquiera intentar influir sobre el trabajo de una casa periodística a través de este mecanismo es, claramente, una vulneración de las libertades de prensa y de expresión.
En su descargo podrá decirse que no es el primer político que confunde el papel que desempeñan las y los periodistas, de ahí que sea tan frecuente escuchar que cuando el poderoso no está contento con el mensaje, pide atacar al mensajero. En este caso, los problemas de comunicación e interpretación le son atribuibles a él, por negarse a responder los requerimientos de nuestros periodistas.
Hay, pues, necesidad de que el aspirante de UD así como muchos otros políticos reconozcan la función que cumplen los medios y actúen en consecuencia, en vez de seguir atacando a las y los periodistas, que son apenas los mensajeros.