Cuando el mundo empezaba a respirar aires de confianza después del acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China a inicios del 2020; después de un año marcado por la incertidumbre en torno a la intensificación de la guerra comercial, el brexit y otros; llegaron como un baldazo de agua fría la rápida propagación del coronavirus COVID-19 y el desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia acerca del petróleo.

Contra todo pronóstico, estos eventos han propiciado un mal inicio de la economía mundial para este año. En las últimas semanas, los mercados bursátiles han registrado caídas cercanas al 10%, las mayores en 11 años; la manufacturera en China se ha contraído a un mínimo histórico y ha afectado a las cadenas de suministros; el precio del petróleo se ha derrumbado a niveles mínimos similares a los de hace cuatro años, llegando a $us 30 el barril; y los precios de los minerales también han disminuido. El impacto de estos fenómenos se va a traducir en recortes de tasas de crecimiento de la economía mundial y en recesión en algunas economías.

Bajo este aciago contexto internacional, en el ámbito local las autoridades del ámbito económico anunciaron una nueva emisión de bonos soberanos por $us 1.500 millones, a fin de poder mantener los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, la actual coyuntura económica, tanto externa como interna, en el corto plazo habría que considerar algunos factores relevantes para no incurrir en altos costos de endeudamiento. 

En los dos últimos meses se observó un fuerte incremento del riesgo país (medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes) de las economías latinoamericanas, incluida Bolivia. Lo cual se traduce en un mayor costo de financiamiento externo, que el Estado tendría que asumir al momento de emitir bonos.

Otro factor que aumenta el riesgo país de las economías exportadoras de materias primas es la caída del precio del petróleo y de los minerales. Reducción reflejada en menores términos de intercambio y, por tanto, en menores ingresos por sus exportaciones. La “guerra de precios” del crudo desatada por Arabia Saudita ante el rechazo de Rusia para aplicar nuevos recortes en la producción se avizora como una constante a lo largo del año.

En el ámbito interno, las recientes rebajas de calificación de riesgo a Bolivia por parte de Fitch Ratings (noviembre de 2019) y Moody’s (marzo de 2020) han generado un desplome en los precios de los bonos soberanos con vencimiento al 2028. La negativa perspectiva calificada a la economía nacional repercute directamente en una mayor prima por riesgo país.          

No se deben olvidar los impactos de la crisis política y social que el país vivió a finales de 2019, la incertidumbre electoral y el pánico por la propagación del coronavirus sobre el crecimiento del PIB, y en particular durante el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Esta variable es relevante para los inversionistas, porque un menor crecimiento implicaría un mayor nivel de riesgo soberano.

Por tanto, considerando las turbulencias observadas en el mercado internacional con la consecuente reducción de la liquidez en la economía mundial, no parece conveniente la colocación de bonos soberanos, al menos durante el primer semestre de la presente gestión. 

Oswaldo Quelali

Es economista.

Deudas, déficit fiscal y excesivos gastos fue el título de un artículo publicado el 15 de septiembre en El Diario. Llama la atención que el autor, periodista de profesión, se refirió de manera confusa a temas del ámbito económico sin fundamentar los mismos con datos estadísticos, texto que aproxima su análisis hacia un género literario más que a un artículo sobre economía.   

Entre los muchos temas abordados, el débil manejo conceptual de las variables macroeconómicas, por parte del autor del referido artículo, no le permite exponer un adecuado análisis de la deuda pública externa, que va mucho más allá que referirse al saldo nominal de la deuda. En efecto, una medida de diagnóstico del endeudamiento público es el ratio deuda pública sobre Producto Interno Bruto (PIB), indicador que permite medir la capacidad de pago de una economía. Sobre el tema, los organismos internacionales sugieren un ratio de 50% en el caso de la CAN y 40% en el caso del Mercosur. En los últimos años este indicador disminuyo de 51,6% en 2005 a 21,3% en 2016 reflejando una mejora sustancial en la solvencia del país para cumplir sus obligaciones.  

Por otra parte, el autor se refiere equivocadamente a una disminución de la producción en el país. Para conocimiento de la población, la producción se mide a través del PIB, que se define como el valor total de todos los bienes y servicios producidos por el país en un determinado periodo de tiempo. En ese sentido, al primer trimestre de la presente gestión la tasa de crecimiento del PIB alcanzó a 3,3%; lo que significa que durante los primeros tres meses la producción total de la economía boliviana llegó a Bs 10.461 millones, mayor respecto al mismo periodo de 2016 cuando la producción lograda fue de Bs 10.123 millones.  

Otro terrible desconocimiento del autor es sobre la tasa de crecimiento del PIB que activa el pago del doble aguinaldo. Tal beneficio se habilita cuando la tasa de crecimiento de la producción comprendida en el periodo de junio de 2016 a junio de 2017 debe ser igual o mayor a 4,5%. El artículo relaciona equivocadamente este beneficio con la tasa de crecimiento anual del 4,7% proyectada por el Gobierno para este año.

La lectura superficial sobre el aumento del déficit fiscal también amerita una aclaración. Un sensato análisis debe evaluar los componentes del resultado fiscal, es decir el origen. Los déficits fiscales obtenidos durante el periodo neoliberal se debían exclusivamente a los elevados gastos corrientes; mientras que el déficit registrado entre 2014 y 2016 se explica por el mayor gasto de inversión pública que aumentó de $us 629 millones en 2005 a $us 5.065 millones en 2016, y destinado principalmente a la diversificación del aparato productivo y mayor construcción de infraestructura caminera, impulsados por las empresas públicas estratégicas y la Administradora Boliviana de Carreteras, respectivamente.

Por cuestiones de espacio quedan pendientes de aclaración varios temas económicos mencionados en el referido artículo. Sin embargo, se demostró que el análisis de la coyuntura económica debe reflejar un amplio conocimiento del tema y un cuidadoso manejo de la información estadística, a fin de evitar confusiones en la población. 

El alza de las tarifas de gas natural para la industria establecida recientemente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha sido objeto de tergiversación y malentendidos, desde confundirla como una medida neoliberal hasta señalar que su fin es financiar el déficit fiscal. Revisemos un poco el contexto.

En primer lugar se debe considerar que la referida medida no es un aumento de las tarifas de gas como tal, es más bien una reducción de la subvención al sector industrial, que se ha beneficiado durante los últimos 18 años con precios bajos y subvencionados. Además, el impacto del incremento alcanzaría solo al 25% del consumo en el mercado interno.  

También es incorrecto denominar la medida como “neoliberal”, pues esto significaría levantar las subvenciones por completo y dejar que el precio del gas fluctúe y sea determinado por la oferta y la demanda. En cambio, el ajuste a las tarifas mantiene la actual política redistributiva y de subvención de derivados del petróleo en el mercado nacional.       

Una mirada a los precios en el mercado externo nos permite deducir que después de la reducción de la subvención aún existen márgenes de competitividad que continuarán beneficiando al sector industrial. Por caso, tomando como referencia el precio internacional de gas Henry Hub y considerando la máxima tarifa después de la medida para el mercado interno, se observa precios más bajos en el país.

Entonces ¿a qué responde la nivelación de las tarifas de gas natural? Obedece más a una medida social de redistribución de la riqueza, que es una de las principales características del actual modelo económico. Lo que se pretende con la reducción de la subvención al sector industrial es usar esos recursos para ampliar el acceso al servicio de gas en las poblaciones más pobres y alejadas de los centros urbanos; es decir, es un subsidio cruzado.

Por otro lado, señalar que las nuevas tarifas están dirigidas a reducir el déficit fiscal muestra un total desconocimiento sobre el tema. Al respecto, se debe indicar que los ingresos adicionales por las nuevas tarifas contribuirán directamente al flujo de YPFB y no a las arcas del Tesoro General de la Nación, como erróneamente se menciona. Si la medida hubiese sido implementada en 2016, los ingresos adicionales estimados por el cambio de precios implicarían una variación de apenas 0,07% en términos del PIB, cuando la presión tributaria se encuentra en 20,5% del PIB, es decir que su incidencia es mínima.              
En conclusión, la implementación de programas de este tipo es lo que ha permitido a Bolivia obtener importantes avances sociales con precios accesibles de los servicios básicos en poblaciones más alejadas y de menores ingresos económicos. 

Después de las noticias sobre el examen escrito que rindieron los aspirantes a magistrados, a un alma neoliberal, cansado de esperar la crisis económica, se le ocurrió que también podría aplicarse un examen de competencia para ministro de economía, en su claro sueño de postularse al mismo (Página Siete 09/07/2017).

Supongamos por un instante que se habilita un proceso de examen para la cartera de Economía. Tal evento me lleva a preguntarme si las mentes neoliberales deberían postular a dicha prueba. Más allá de lo polémico que podrían resultar las preguntas del test, lo cierto es que los economistas que impulsaron y continúan promoviendo la corriente del neoliberalismo en el país ya dieron un examen (práctico) durante la década de los 90 e inicios de 2000, y se aplazaron rotundamente en el manejo de la economía boliviana.  

Recordemos algunas de sus respuestas. Su principal y compleja medida aplicada fue la privatización de las grandes empresas públicas, a la que denominaron “capitalización”. Esta millonaria operación tuvo poco efecto en la modernización de las empresas (un claro ejemplo fueron la empresas ferroviaria ENFE y la de aviación LAB) y no pudo cumplir la oferta de un crecimiento del 8% del PIB, eliminación del déficit fiscal y la creación de 500.000 empleos nuevos.

En el tema de la política cambiaria, la continua depreciación de la divisa boliviana no logró mejorar la competitividad de nuestras exportaciones como se lo esperaba. Y la dolarización amputó las manos a la política monetaria del Banco Central de Bolivia.

El Estado, reducido a una mínima posición de gendarme, se caracterizó por esforzarse en buscar financiamiento para cubrir sus gastos corrientes; el déficit fiscal de aquel entonces (que en promedio alcanzó a -5% del PIB entre 1985 y 2005) siempre fue motivo de sometimiento ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y las escasas políticas de empleo no pudieron detener la creciente ola del desempleo nacional, que llegó a un máximo de 8,7% en 2002.     

El anacrónico funcionamiento del neoliberalismo no logró responder apropiadamente a los cuestionamientos macroeconómicos de la económica boliviana. La reprobación de los neoliberales fue inminente, y el desmoronamiento del proyecto ocurrió con preguntas irresueltas en temas de extrema pobreza y alta desigualdad, ambas de las más altas de Latinoamérica en aquel tiempo. 

Con el desarrollo del mercado financiero internacional de renta fija, el endeudamiento a través de la emisión de bonos soberanos se ha convertido en una práctica común, que muchos países realizan para financiar sus operaciones. Así por ejemplo, en la región, durante el año pasado los países que emitieron bonos fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, con una emisión promedio de $us 11.500 millones. Y en lo que va del presente año Argentina, Honduras y El Salvador ya salieron al mercado de bonos.    

Después de 2012 y 2013, Bolivia volvió nuevamente al mercado de capitales internacionales, y vendió bonos por $us 1.000 millones a 10 años plazo en condiciones mucho más favorables. Este acontecimiento constituye un evento trascendental para la economía nacional y la imagen del país ante el mundo.
En efecto, debido a la alta demanda por los bonos soberanos en la reciente emisión, la tasa de rendimiento alcanzó un 4,61%, que significa 1,6 puntos porcentuales menos que el bono emitido en 2013, cuando se obtuvo un rendimiento de 6,25%. Este hecho se traduce en los siguientes logros para el país: una sustancial disminución del “riesgo país” de Bolivia, lo que a futuro incentivará una mayor atracción de inversión extranjera directa. Y en segundo lugar, la economía boliviana se posiciona con mayor solvencia frente a los inversores del mundo.

También se debe destacar que la tasa cupón (tasa de interés que se pagará) fue de 4,5%, menor respecto a los cupones alcanzados de 4,87% en 2012 y 5,95% en 2013. Es decir, que Bolivia pagará una menor tasa de interés por la nueva deuda adquirida.         

En el plano nacional, el anunciado uso de los recursos obtenidos en la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social ampliará la cobertura del sistema de salud para atender las necesidades históricamente insatisfechas.    

De lo anterior, automáticamente se deriva el estado de la deuda externa pública del país, misma que al cierre de 2016 llegó al 21% en términos del PIB. Con la reciente emisión de los bonos soberanos se estima que el saldo de la deuda externa alcance aproximadamente al 22% del PIB; una vez más, muy por debajo de los estándares que sugieren los organismos internacionales de 50%. Este resultado continúa mostrando un amplio margen de endeudamiento, además de la sólida capacidad de pago que posee el país.

En este sentido, la oportuna medida de la colocación de los bonos soberanos en condiciones ventajosas permitirá al Gobierno vigorizar el crecimiento económico, fortalecer la inversión pública y disminuir el desempleo, entre otros.