En días pasados algunos medios de circulación nacional destacaron la noticia de un supuesto déficit fiscal debido a gastos no previstos en el Presupuesto General del Estado para el Plan Patujú y los gastos de organización del G-77. Esta coyuntura fue aprovechada por algunos comentaristas del ámbito económico que sostienen que el posible déficit hasta fin de gestión sería causado por una política expansiva del gasto corriente y de capital en época electoral y menores ingresos por la caída de los precios del gas y el oro. Tales comentarios ameritan ciertas puntualizaciones.

Respecto al supuesto gasto fiscal expansionista en época eleccionaria, habría que aclarar que el gasto de inversión se viene incrementando paulatinamente desde 2006, a una tasa promedio del 26% en las últimas ocho gestiones, y no desde 2012, como erradamente se señala y peor aún que este gasto esté dirigido a ganar votos, puesto que los resultados de la inversión no son visibles a corto plazo, y por tanto no generan rédito político inmediato. Respecto al gasto corriente, éste disminuyó su participación en el gasto total del sector público del 76% (promedio 1990-2005) al 71% en la actual gestión de gobierno. A diferencia del viejo modelo neoliberal que privilegió el gasto corriente, el actual modelo de economía plural favorece la inversión pública, y a través de ésta, el desarrollo económico.

También se menciona que el gasto de la organización de la cumbre G-77 fue un despilfarro de recursos en comparación con el realizado por Argentina en 2011. Estas aseveraciones, que estiman un gasto de cerca de $us 100 millones, sobredimensionando en 233% al verdadero presupuesto informado por las autoridades de gobierno, y que omiten en su análisis que más del 76% de este gasto se destinó a obras de infraestructura en beneficio del municipio de Santa Cruz, tienen un evidente sesgo político. La posibilidad de realizar un evento de la magnitud que se hizo en Bolivia, en el marco de una política exterior digna y soberana que busca promocionar la imagen nacional, se debe gracias a que el país cuenta con condiciones financieras para realizarlo, a diferencia de lo que ocurre en otros países con restricciones fiscales.

Con relación a la hipótesis que maneja la corriente promercado sobre un supuesto fin al superciclo de la bonanza externa, proveniente de términos de intercambio extraordinariamente favorables,   y que ahora se traduciría en la caída de los precios del gas y el oro, habría que puntualizar que las auríferas representan solo el 3% de las regalías mineras y que la caída de los precios de exportación del gas boliviano, acumulada en el año, llegó a 1% en los mercados de Argentina y Brasil, mucho menor a la baja del precio internacional del petróleo (6%) y el gas natural (10%) en lo que va de la gestión, por tanto, todos estos eventos no presentan un impacto de consideración en los ingresos del sector público, tal como se quiere demostrar.

Habría que recordar que hasta la gestión 2005 los hacedores de la política económica en Bolivia financiaban sus continuos y abultados déficits con financiamiento externo y ajustes a la inversión pública, que postergaban el crecimiento del país. Asimismo, es contradictorio que estando los mismos en función de gobierno en el pasado no tomaron las medidas necesarias para sanear las finanzas públicas y ahora les preocupa un déficit fiscal.