La conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, este 15 de octubre, es una fecha propicia para reflexionar sobre las acciones en favor de las personas que tienen alguna discapacidad y que se encuentran dispersas en todos los países del mundo, enfrentando barreras y dificultades físicas y urbanísticas, además de actitudes de discriminación de parte de la sociedad y hasta denominativos denigrantes que algunas personas les indilgan por el desconocimiento que tienen sus derechos.

De acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, ratificada por más de 150 países (entre los cuales se encuentra el nuestro), las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden dificultar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones respecto al resto de la población.

En aplicación de la mencionada convención se están dando avances normativos en el país, como la prestación de servicios en salud y medicamentos gratuitos, educación inclusiva con la formación y capacitación de maestros y la adecuación de establecimientos educativos. También se están destinando recursos para la ejecución de proyectos productivos; hay planes para que accedan a viviendas, se ha establecido el 4% de inserción laboral en la planilla de personal de todas las instituciones públicas, porcentaje que incluye no solo a las personas con discapacidad, sino también en caso de que el padre, madre, tutor o cónyuge estén imposibilitados para trabajar; se han instalado equipos de accesibilidad como rampas, pasamanos y otros en las entidades financieras, donde también se garantiza el trato preferente; se habilitaron cajeros automáticos accesibles, se emitió una resolución de rebaja de pasajes en un 50% en cualquier tipo de transporte interdepartamental; se paga una renta solidaria de Bs 1.000 anuales para las personas con discapacidad grave y muy grave. En fin, se han ejecutado muchas acciones para lograr la efectiva inclusión de las personas con discapacidad.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer, sobre todo porque la cifra de personas con discapacidad tiende a incrementarse. Por tanto, se deben generar más políticas y programas específicos para mejorar su calidad de vida, pues su situación no es solo una preocupación de bienestar social, sino una cuestión de derechos humanos; y es responsabilidad del Estado garantizar y proteger el disfrute pleno y equitativo de estos derechos, dando mayor prioridad y atención a niñas, niños y mujeres con discapacidad, quienes están expuestos a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, abusos, lesiones, abandono, trato negligente y explotación; realidad que se debería erradicar.
Nuestro respeto, cariño y admiración a las personas con discapacidad, que enfrentan obstáculos y barreras diariamente, y son un ejemplo de vida de constante superación, quienes con dignidad y persistencia buscan una sociedad más justa y equitativa con inclusión social.