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Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 00:34 AM

Vacaciones judiciales

Las vacaciones colectivas son la modalidad que perjudica menos a la administración de justicia

/ 1 de noviembre de 2014 / 06:01

Las vacaciones judiciales en nuestro país han sido siempre colectivas, porque se ha visto que, bajo esta modalidad, son las que perjudican menos a la administración de justicia en su conjunto. De esta manera las cortes de justicia (hoy llamadas tribunales departamentales de justicia) cierran sus puertas en determinada época del año durante 25 días. En este período, los administradores de justicia salen de vacaciones anualmente, quedando únicamente juzgados de turno para atender emergencias, particularmente en materia penal.

Así, el cierre de los tribunales departamentales de justicia por 25 días perjudica a quienes tienen procesos que esperan ser resueltos lo más pronto posible, y por eso, en más de una ocasión se intentó suprimir las vacaciones judiciales colectivas y sustituirlas por vacaciones individuales, sin embargo, éstas han demostrado que provocan más inconvenientes que soluciones. Los intentos de sustituir las vacaciones colectivas por las individuales se hicieron por ejemplo en 1941, pero pronto se tuvo que dejar sin efecto la medida para volver al sistema anterior. Posteriormente, en 1977 se intentó nuevamente imponer las vacaciones individuales, no obstante, al poco tiempo se tuvo que volver al sistema de las vacaciones colectivas. Hoy, otra vez se pretende volver al sistema de las vacaciones individuales, pero por las experiencias que se tienen, lo más probable es que nuevamente fracase esta iniciativa por varias razones, mencionaremos algunas.

Bajo esta modalidad se deben programar vacaciones para los cerca de 900 jueces que existen en el país en cada gestión, es decir a lo largo del año. Esto previsiblemente provocará que un importante número de juzgados estén siempre a cargo de jueces suplentes, quienes, sabemos también por la experiencia, no despachan regularmente las causas, pues, primero se ocupan de despachar los procesos de su propio juzgado, y si les sobra tiempo, las del juzgado que están supliendo. Un fenómeno similar se va a presentar con el personal subalterno y administrativo del Órgano Judicial, que por efecto de las vacaciones de sus miembros estará siempre “cojo”.

Si tuviésemos jueces itinerantes, la vacación judicial individual podría ser positiva, pues estos magistrados estarían para suplir, como si fueran titulares, a los que salgan de vacaciones, se enfermen, renuncien, fallezcan, etcétera, sin afectar a los otros que ya no tendrían la carga adicional de suplir a sus similares. En consecuencia, no tendrían el pretexto de la doble carga procesal para justificar la retardación que afecta actualmente a la administración de justicia. La experiencia debe servirnos para corregir errores, perfeccionar ideas y acciones, y no para repetir los yerros.

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Guardia Municipal

En definitiva, se trata de que las alcaldías cuenten con guardias municipales profesionales.

/ 7 de diciembre de 2015 / 06:35

La Guardia Municipal está reconocida en el Art. 302 Num. 36 de la CPE, que reconoce como competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos “Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias, así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas”.

La actual Guardia Municipal no tiene una estructura que garantice su capacidad física, técnica y administrativa, y sus atribuciones son difusas cuando no limitadas a controlar los mercados de abasto y la inocuidad de los productos alimenticios, por lo que los municipios desaprovechan este contingente en otras tareas tan importantes como las que actualmente cumplen.

Las municipalidades adquieren relevancia política, social y económica a partir de la CPE promulgada el 7 de febrero de 2009, que otorga a los gobiernos autónomos municipales la facultad de elaborar y aprobar (en referéndum) su propia carta orgánica, señalándole competencias específicas, íntimamente vinculadas al desarrollo socioeconómico, innovaciones que marcan una revolucionaria dinámica que convierte a los gobiernos locales en los actores y promotores del desarrollo urbano, económico y social en el área de sus respectivas jurisdicciones. Para cumplir estos nuevos desafíos y ejecutar eficientemente las 43 competencias exclusivas que les reconoce la CPE y las que eventualmente le sean transferidas o delegadas, las municipalidades deben adecuar su estructura técnica y administrativa a las nuevas responsabilidades que la Constitución y la sociedad les exige.

En cumplimiento del mandato constitucional, los gobiernos municipales deberían crear una escuela de guardias ediles, donde se forme la futura fuerza pública municipal compuesta por guardias profesionales. La enseñanza debe ser integral y debería incluir una preparación física similar a la que reciben los policías y militares, pero esencialmente debe prepararse a los futuros guardias ediles en los diferentes campos que hoy son competencia de las alcaldías. Para ello debe diseñarse una malla curricular adecuada, de modo que los guardias municipales no solo sean físicamente aptos para desempeñarse como tales, sino que además sean idóneos para cumplir sus tareas de control de precios, pesas y medidas; conocer normas básicas de derecho constitucional, penal y procesal; derechos del consumidor, turismo, medio ambiente; etcétera. Asimismo deberían tener formación básica en aspectos culturales; la Guardia Municipal debe ser un apoyo importante en la seguridad ciudadana y apta para el manejo de situaciones bajo presión. En definitiva, debe ser una fuerza pública capaz de hacer cumplir las normas municipales y las resoluciones que emita el gobierno local como manda el Art. 302 de la CPE; y para ello se requiere que esta fuerza   pública sea profesional.

La escuela de guardias municipales debería organizarse en cada capital de departamento, con capacidad para recibir alumnos de los municipios del interior, que pagarían por la formación de los contingentes que necesiten, o en su defecto se debería crear una en el ámbito nacional sostenida por las municipalidades del país. En definitiva, se trata de que las alcaldías cuenten con guardias municipales profesionales, con la formación adecuada a las necesidades de los municipios. El campo de acción de los guardias municipales es amplio, variado y se constituye en el brazo operativo para alcanzar la eficiencia que debe tener todo gobierno municipal en la ejecución de las competencias que le asigna la CPE y la prestación de los servicios que exige la ciudadanía y el desarrollo en general.

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Diagnóstico de la Justicia

La crisis del sistema judicial pasa por la falta de ética y de una adecuada formación académica

/ 9 de junio de 2015 / 07:42

La Justicia está en estado de coma, está en terapia intensiva; o le damos un shock para que levante cuerpo, o sencillamente la Justicia va a asfixiar la vida de la sociedad civil” (Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado, Los Tiempos: 25/12/2013). “La retardación y la corrupción son el cáncer de la Justicia boliviana” (Evo Morales, presidente del Estado, Los Tiempos: 13/08/2014). “Nos hemos estancado en la Justicia (…) hay que hacer una profunda revolución en la Justicia” (Evo Morales, La Razón: 30/06/2014). “Es un padecimiento entrar a la Justicia. Acercarse a un tribunal ya huele a azufre a diez cuadras de distancia” (Álvaro García Linera, El Deber: 23/05/2015). “Es una vergüenza la Justicia en Bolivia” (Álvaro García Linera). “Entre los propios operadores de Justicia (jueces) hay intereses mezquinos y egoístas que impiden su transformación” (Ramiro Guerrero, fiscal General del Estado, Correo del Sur: 19/11/2014). “La Justicia se ahoga en la mayor crisis de su historia” (reportaje publicado en Página Siete: 10/01/2014).

“La Justicia sigue siendo una vergüenza nacional que tenemos que sobrellevar estoicamente los bolivianos solo porque la administración de justicia sigue en manos de inexpertos abogados con una facilidad extrema hacia la corrupción” (Editorial de La Razón del 22/12/2013). “Los récords de la tenebrosa Justicia” tituló uno de sus comentarios el periodista Raúl Peñaranda, señalando hasta qué punto “la Justicia se ahoga en la mayor crisis de su historia” (Página Siete: 19/12/2013). “El deterioro de la Justicia boliviana es preocupante; los nuevos magistrados no logran revertir la mala fama de que goza la Justicia boliviana” (Editorial de El Deber del 18/12/2013). “Oficialismo y oposición afirman que la reforma de Justicia fracasó” (Página Siete: 30/12/2013). “Si antes había atisbos de corrupción, ahora hay corrupción a todo nivel; no hay un solo órgano del judicial que se libre”. (Julio Ortiz Linares, exmagistrado del TSE, Correo del Sur: 14/07/2014). “La Justicia boliviana se encuentra en una profunda crisis” (Dennis Racicot, Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Página Siete: 21/03/2013). “Naciones Unidas alerta que la administración de justicia empeoró en Bolivia en el 2014” (Dennis Racicot, ANF: 01/04/2015). “Las autoridades (judiciales) electas no han mejorado para nada, siento que hemos retrocedido en el tema de la administración de justicia” (Evo Morales, Página Siete: 30/04/2015).

Moros y cristianos coinciden en el diagnóstico: la Justicia se está muriendo. La presidenta del Consejo de la Judicatura, Cristina Mamani, informó que en 2014 sancionó a 395 jueces por la comisión de faltas leves, graves y gravísimas (El Día: 25/02/2015). A su vez, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Mirael Salguedo, dijo que los jueces “no tienen la suficiente capacidad para dirigir una audiencia y estamos viendo la posibilidad de capacitarlos”, (El Día: 07/09/2013).

Las anteriores afirmaciones son indicios graves de que el problema de salud de la Justicia pasa por la falta de ética y de una adecuada formación académica entre los responsables de administrarla. Con magistrados así no se puede hacer ninguna reforma. Para iniciar una transformación del sistema de justicia en el país  resulta esencial que la reforma inspire confianza entre la ciudadanía. Por tanto, para alcanzar este objetivo primero se debe cambiar a todos los integrantes del Órgano Judicial e iniciar la reforma con nuevos actores.
 

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La meritocracia no resuelve la crisis judicial

Además de una sólida formación, para ser un buen juez se requiere honradez, integridad y probidad

/ 7 de febrero de 2015 / 06:08

La crisis de la justicia boliviana ha sido diagnosticada por moros y cristianos. El alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, Dennis Racicot, ha dicho por ejemplo que la justicia boliviana se encuentra en una profunda crisis, y que esa crisis en los últimos años se ha profundizado. Asimismo, la Unión Europea ha expresado que la justicia acusa un proceso de decadencia que la tiene en terapia intensiva.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, manifestó que la justicia está igual o peor que antes. A su vez, el vicepresidente Álvaro García Linera ha declarado que la administración de justicia es un desastre y que se tendrá que volver a la meritocracia para la elección de las autoridades judiciales. Finalmente, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ha expresado su frustración, afirmando que no sirvió de nada introducir el poncho y la pollera en la administración de justicia, y por eso hoy propone como remedio a esta crisis hacer una “revolución en la justicia”, que se iniciaría con una cumbre de expertos y de instituciones colegiadas para elaborar una propuesta de transformación profunda de la justicia boliviana.

Todos los diagnósticos coinciden en que la justicia se encuentra gravemente enferma y también casi todos en que el remedio es volver a la meritocracia para la selección de los jueces. Estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero no con el remedio, sin que esto signifique la negación de la meritocracia como instrumento de medición de la capacidad o formación profesional de los futuros jueces.

La meritocracia es útil, pero no es el único instrumento para identificar a los más capacitados para ser jueces. En el anterior sistema político, la meritocracia fracasó y la prueba más evidente es que la anterior justicia era igual de mala que la de ahora. Entonces, ¿cuál es la solución? Una combinación igualitaria de meritocracia con aptitud e integridad profesional y personal.

No es suficiente contar con una sólida y frondosa formación académica. Para ser un buen juez, se requiere además honradez, integridad y probidad. Hay que tener en cuenta que para ser un buen juez se requieren de ciertas cualidades personales; no basta ser un sabio del Derecho, es necesario además ser honrado y tener aptitud para administrar justicia. El padre de la justicia boliviana, Don Pantaleón Dalence, decía que es preferible un juez ignorante pero honrado, a un juez ilustrado pero pillo. Si comprendemos esta realidad, entenderemos que para seleccionar a los jueces necesitamos combinar adecuadamente la meritocracia con los valores éticos de cada aspirante, de modo que el profesional que designemos como juez no solo sea un profesional con méritos académicos, sino además con méritos éticos. Esto es honrado y con prestigio. Esto significa que los valores que adornen a nuestros futuros jueces deben ser mitad meritocracia y mitad integridad moral. El juez tiene que ser un ejemplo de ciudadano (a) en su comunidad. Solo así garantizaremos una buena y saludable administración de justicia. Lo demás —insuficiente infraestructura, falta de personal, de medios técnicos, etcétera— llegará por añadidura.  El trasplante de jueces no forma parte de esta receta.
 
 

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Renovación judicial

La crisis judicial ha tocado fondo y es necesario y urgente renovar a todos los jueces y magistrados

/ 1 de enero de 2014 / 04:00

El 19 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Bolivia, Denis Racicot, afirmó que la justicia boliviana se encuentra en una profunda crisis. “Los problemas son estructurales, de larga duración…”, sostuvo. Asimismo, el representante de UE en el país aconsejó adoptar medidas urgentes para detener la “decadencia del Órgano Judicial”, para que la administración de justicia pueda recuperar su credibilidad. “La justicia boliviana padece de cinco enfermedades que la tienen en terapia intensiva”, agregó.

A su vez, el Vicepresidente del Estado afirmó que la “justicia está muy mal; estuvo muy mal antes y hoy está igual de mal que antes”. De igual manera, Jorge Von Borries, decano del Tribunal Supremo de Justicia, dijo a los medios de comunicación que “la justicia está igual o peor que antes”. Las anteriores expresiones revelan el nivel de deterioro en que se encuentra la justicia de nuestro país. 

En materia penal, la situación es más dramática, porque lo que allí se juega es la libertad de las personas. Según datos oficiales, la detención preventiva ha llegado a extremos con el porcentaje más alto que se tenga memoria: el 84% de la población penal. Es decir, personas que están encerradas pese a que, según la CPE, son inocentes por no pesar sobre ellos ninguna sentencia ejecutoriada que los declare culpables de algún delito.

Según el Código de Procedimiento Penal, así como convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, la detención preventiva solo se debe aplicar en casos excepcionales. No obstante, en Bolivia esta medida extrema se la aplica como si fuera la regla y no la excepción. En materia civil, la situación no es menos dramática. Los juicios civiles duran una eternidad; la corrupción, la ineficiencia y la falta de acceso a la protección judicial caracterizan al Órgano Judicial.

Que la justicia está peor que antes y que no hay señales de que pueda mejorar es una realidad que ni los magistrados discuten; no obstante, tampoco es que se haga mucho para mejorarla. La crisis judicial ha tocado fondo y es necesario y urgente renovar a todos los administradores de justicia. El país necesita jueces capaces y probos que no accedan al cargo solo para ganar un sueldo reproduciendo viejas prácticas procesales. Se necesitan magistrados comprometidos con la justicia, que erradiquen los viejos y obsoletos paradigmas de la justicia colonial, elitista y discriminadora; que comprendan que la función de un juez es un servicio público fundamental, y que por tanto, no es suficiente contar con un título de abogado para ser juez, sino que además es esencial tener la aptitud para serlo. Para alcanzar este objetivo, los jueces deberían ser seleccionados por méritos profesionales y éticos, y no por afectos o desafectos políticos o personales.

Gobernantes y gobernados saben que la justicia está mal y que hacen falta remedios radicales y urgentes si se quiere mejorarla. Ahora que se están aprobando nuevos códigos, sería oportuno sustituir a todos los jueces y magistrados por otros profesionales que sean seleccionados y designados bajo nuevos criterios. Nuevos códigos con nuevos jueces es el desafío. De lo contrario, la justicia seguirá siendo lo que es: la mayor expresión de injusticia.

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